Víctima - Colombia

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 3 y 75 de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Se acumulan expedientes para tramitarlos de manera conjunta y decidirlos en la misma sentencia. Los apartes demandados se relacionan con las fechas a través de las cuales se establece la condición de victimas del conflicto armado interno y los titulares del derecho a la restitución. A juicio de los demandantes, los apartes atacados vulneran el artículo 13 de la constitución por ser contrarios al principio y al derecho de igualdad. La corte analizó los límites temporales en leyes de justicia transicional y encontró que el establecimiento de un término para la aplicación de las medidas previstas en la ley 1448 de 2011 a favor de las víctimas tiene justificación en finalidades constitucionalmente legítimas y no resulta desproporcionado frente a situaciones anteriores a las fechas fijadas por el legislador. Se declaran exequibles las expresiones “a partir del primero de enero de 1985” y “entre el primero de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley”, contenidas respectivamente en los artículos 3º y 75 de la ley 1448 de 2011.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º parcial de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. El aparte acusado es el siguiente: “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Los demandantes consideran que este texto normativo es lesivo de los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 93 y 94 de la constitución política, por vulnerar el derecho a la igualdad y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, interpretados a la luz de las obligaciones internacionales del estado colombiano. La corte reafirmó una concepción amplia del conflicto armado interno en colombia como garantía para brindar atención adecuada y oportuna a las víctimas y asegurar el goce efectivo de sus derechos. Reconoció que la noción de este conflicto ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda complejidad y evolución fáctica e histórica del fenómeno en el contexto colombiano, adscribiéndole al operador jurídico el deber de examinar en cada caso concreto las circunstancias en que se haya producido una grave violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario y el contexto en que ocurrieron los hechos para determinar la relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno. La expresión acusada se declara exequible.

Demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 9 y 10 (parciales), 123, 124, 125, 127, 130 y 131 de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Consideran los actores que las normas acusadas desconocen el alcance del derecho que tienen las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, a obtener una reparación integral. Lo anterior, debido a que dichas normas incluyen dentro de las medidas de reparación, un conjunto de prestaciones (subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, acceso preferencial a la carrera administrativa) que, según estiman los demandantes, constituyen acciones afirmativas y medidas asistenciales orientadas a garantizar la igualdad sustancial para los grupos sociales en situación de desventaja. La sala reafirma el precedente establecido en la sentencia su254/13 y llama la atención sobre el hecho de que las indemnizaciones atiende sólo al componente compensatorio de la reparación. Indica, que la reparación no se agota en este componente, sino que ha de incorporar además medidas de restitución, en tanto sea posible, de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La corporación entiende que las medidas previstas en las normas demandadas pueden ser entendidas, de manera válida, como medidas de reparación en un sentido amplio, en tanto satisfacen los demás componentes asociados a la reparación integral, más no, si con ellos se pretende reducir el elemento compensatorio que se cubre mediante las indemnizaciones. Exequibles el inciso final del artículo 9 de la ley 1448 de 2011 y los artículos 123, 124, 125, 127, 130 y 131, en el entendido que las prestaciones que allí se consagran son adicionales y no pueden descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derechos las víctimas. Se declara inhibida para conocer la acusación formulada contra el inciso segundo del artículo 10 de la precitada norma y del cargo por violación del principio de igualdad.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 207 de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Los actores estructuran la demanda con un juicio de proporcionalidad para establecer los efectos negativos de la norma, al considerar que, restringir a las víctimas que utilicen las vías de hecho para obtener la restitución, reubicación o compensación económica, acarrea una consecuencia que margina a las personas despojadas del derecho a la propiedad, posesión u ocupación del predio del cual fueron separadas, sustrayéndolas de la protección que les asiste a que un juez resguarde los derechos que les fueron conculcados violentamente. La corte evidenció la existencia de cosa juzgada constitucional y, en tal sentido, resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia c-715/12.

Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se aduce que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulneró derechos fundamentales, al no otorgar la indemnización por vía administrativa a familias víctimas de secuestro, homicidio y/o desplazamiento forzado. La entidad alegó, entre otras cosas, que la peticionaria no era víctima directa del hecho victimizante del secuestro o, que la asignación del monto de la indemnización se haría conforme al principio de gradualidad establecido en la ley 1448 de 2011. Se analiza el tema de la vulneración del derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y se analiza cada caso en concreto. Para la Sala, se vulnera el derecho a la reparación integral de las víctimas y al debido proceso administrativo, cuando se interpreta equivocada y restringidamente la normatividad sobre la definición de víctima de la violencia, impidiendo así el goce efectivo del derecho a la reparación integral, que busca restablecer la dignidad de estas víctimas. SE CONCEDEN.

Se alega la violación de derechos fundamentales en virtud de la negativa de las entidades accionadas de ordenar la reubicación de las personas integrantes de la asociación demandante en otro predio diferente al que actualmente habitan, toda vez que han vuelto a ser víctimas de hechos violentos. Se pretende la reubicación de las 26 familias afectadas en terrenos aptos para cultivar la tierra y con agua, no solo para el cultivo y la cría de animales, sino potable para el consumo humano. Igualmente, que cuente con vías de acceso y con garantías para el desarrollo integral de la vida de los niños. La solicitud de amparo se sustenta en los hechos violentos presentados en el territorio que les fue adjudicado en su primer desplazamiento. Concepto de reubicación y derecho a la reubicación de los desplazados. La ley 1448 de 2011. La sentencia c-280/13. La sala de revisión concluye que se vulneran los derechos a la reubicación y a la vivienda digna de los desplazados, si la unidad administrativa especial para la atención y reparación de víctimas y el incoder niegan la reubicación argumentando que las personas desplazadas ya fueron beneficiarios de la adjudicación de tierras, cuando se demuestra que en dichos terrenos se han generado hechos violentos que traen como consecuencia un nuevo desplazamiento. Concedida.

A través de este texto se analiza la protección reforzada del artículo 101 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mediante la que se prohíbe la enajenación de las tierras restituidas durante los dos años siguientes a la fecha de restitución. El análisis se realiza a partir del concepto de reparación transformadora, en el marco del desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la restitución y el retorno de poblaciones campesinas. Se concluye, de manera general, cómo dicha protección resulta insuficiente pues no logra incidir o hacer frente a las causas estructurales del fenómeno del despojo, dejando a las víctimas propensas a sufrir nuevas ventas forzadas, ataques o desplazamientos.

Utilizando el método analítico descriptivo este escrito se enfoca en los resultados de aplicación del proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011, según lo reportado por fuentes oficiales y periodísticas y las principales sentencias de constitucionalidad, expedidas desde la vigencia de la norma. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la Ley 1448 de 2011 es una norma de orden público que afecta derechos subjetivos patrimoniales, se expone su campo de aplicación y las principales modificaciones al régimen privado de acceso a la propiedad y de las acciones para la defensa de los derechos reales. Particularmente se orienta al régimen de la usucapión y a las consecuencias de aplicación del novedoso contrato de uso del terreno previsto en el artículo 99 de la misma ley. Por otro lado, se estudia el deber procesal del opositor de la restitución, en asuntos como la inversión de la carga de la prueba de la propiedad y la probanza de la buena fe calificada. Estos puntos se matizan con la crítica personal de las autoras sobre aspectos que se consideran, por decirlo de alguna manera, movedizos, ya que en ellos podría ponerse en riesgo el reconocimiento de derechos subjetivos, entre ellos, los de las propias víctimas.

En un ambiente de transición del país, desde el punto de vista no solo político y social sino especialmente humano y democrático, se expide el 10 de junio de 2011, casi un año después de posesionado en su I período el presidente Juan Manuel Santos, la Ley 1448 de 2011. Mediante esta, se dictaron medidas de asistencia, satisfacción y reparación integral a las víctimas del conflicto armado nacional que, de forma eficaz, abrió las puertas a la posibilidad real de diálogo para la paz, a través mecanismos objetivos reglamentados tanto en la propia ley como en sus decretos complementarios. La ley es expresión de un momento histórico de trascendencia nacional. Más de seis décadas tuvieron que transcurrir para que el Gobierno y el país fijaran sus ojos en víctimas que no habían tenido ningún reconocimiento en más de 60 años, pese a los vejámenes diarios de los que daban cuenta los grandes noticieros del país o las cadenas televisivas. Las capitales colombianas, tan imbuidas en sus comodidades, se habían acostumbrado a ser indiferentes a los problemas del campesinado colombiano y a todo acontecimiento en las zonas periféricas del país, sin detenerse un instante en la problemática de civiles inocentes que, además de sufrir el flagelo, eran completamente ignorados tanto por el gobierno central como por las autoridades departamentales y municipales, al carecer de mecanismos objetivos para proteger sus derechos. La Ley 1448, en hora buena, acabó con la indiferencia, para otorgar a las víctimas no solo su expreso reconocimiento, sino una especie de título o carta de derechos que, además de permitir exigirlos, les promete no volver a ser víctimas por los mismos hechos. Esto, en tanto que su aspiración es el cometido de una paz duradera mediante la reconciliación, el perdón y la reparación, con la participación de las víctimas. Es necesario estudiar este esfuerzo sólido y valioso frente a un país olvidado en más de medio siglo, para detenernos en ese camino de reconciliación y construcción de una convivencia distinta, pacífica, basada en la exigencia de la verdad para a todos los sectores implicados, aunque renuentes a reconocerla. Sin esta verdad es imposible el perdón y la reconciliación, forzosas condiciones que deben cumplirse para la paz del país. Es ésta la tarea informativa que se ha trazado en este trabajo. Palabras clave: víctima, verdad, reconciliación, perdón, reparación, restitución de tierras, medidas de satisfacción, memoria histórica, participación.

El presente artículo tiene como propósito examinar si el acceso al crédito por parte de las víctimas del conflicto armado colombiano, especialmente aquellas de que trata la Ley 1448 de 2011, puede ser elevado a la categoría de derecho fundamental. El autor analiza esta figura a la luz de la teoría de los derechos fundamentales. Dentro de esa perspectiva presenta cuál es la responsabilidad de las entidades bancarias frente al acceso al crédito y formula algunas consideraciones sobre la manera en la que este debe ser analizado como derecho fundamental de las víctimas.

El artículo presenta las conclusiones de una investigación acerca de la efectividad de los procedimientos administrativos y judiciales que deben adelantar las víctimas del conflicto armado colombiano para lograr la reparación administrativa y las ayudas humanitarias consagradas en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 3990 de 2007. Para llegar a estas conclusiones se estudiaron 23 casos de víctimas asesoradas legalmente por el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes. En el análisis de estos casos se tuvieron en cuenta tres variables: (i) el tiempo de respuesta y la calidad y coherencia de estas por parte de las entidades estatales a las víctimas; (ii) los procedimientos administrativos que deben seguir las víctimas; y (iii) la efectividad de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado.

Obedece al reconocimiento que debe hacer el Estado frente a las violaciones a los Derechos Humanos comprobadas por instancias internacionales, perpetradas por agentes estatales.

FALLA DEL SERVICIO - Título de imputación. La Sala es del criterio de que el régimen bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, es el objetivo por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor. Esto siempre que no se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio, pues el criterio de imputación de falla del servicio es aplicable aún tratándose de daños causados con ocasión de actividades peligrosas, por ser consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa permitir identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i) la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la administración con el fin de que ésta procure evitar la reiteración de conductas anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas en materia de administración. No obstante, en ausencia de la demostración de una falla del servicio, habrá de procederse a analizar el hecho probado bajo el criterio de imputación de riesgo excepcional por tratarse de una actividad peligrosa, aun cuando no sea invocado en la demanda, en aplicación del principio iura novit curia. Bajo cualquier régimen de responsabilidad de los señalados, la causa extraña, como lo es la fuerza mayor o el hecho del tercero, o la culpa de la víctima, excluyen la imputación del daño a la demandada, siempre que dicha causa sea exclusiva, determinante y ajena a la entidad. Cabe señalar que no aparece acreditado que el accidente hubiera ocurrido como consecuencia de una falla del servicio, por ejemplo, por la velocidad del vehículo oficial, dado que se desconocen las circunstancias concretas en las cuales se produjo éste. Sin embargo, por tratarse de un daño causado por una actividad riesgosa, ante la ausencia de pruebas de la falla del servicio, resulta procedente aplicar el régimen de imputación de riesgo excepcional, conforme al cual la responsabilidad patrimonial de quien ejerce la actividad peligrosa, se produce al margen de que hubiera actuado de manera reglamentaria o diligente. Nota de Relatoría: Ver Sentencia del 4 de mayo de 1998, exp: 11.044.Las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público y no simplemente porque el daño fuera cometido por un funcionario vinculado al Estado. Y, en el caso concreto, se reitera, no puede desligarse la actuación del funcionario del servicio que prestaban las entidades, para considerar que ésta se produjo dentro de su ámbito privado separado, por completo de toda actividad pública, porque en la ocurrencia del hecho actuó prevalido de esa condición que le permitía tener acceso al vehículo oficial, con el cual se causó el daño. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente el conductor del vehículo oficial lo movilizó sin autorización del Alcalde Local, razón por la cual éste fue sancionado disciplinariamente. Por lo tanto, debe ser llamado a resarcir el daño causado a las entidades públicas, en acción de repetición. No obstante, frente a los terceros, víctimas o damnificados del hecho, la responsabilidad patrimonial se radica en dichas entidades, en tanto éstas omitieron ejercer los controles necesarios para evitar que el conductor movilizara el vehículo en el sitio y a la hora del accidente. Por lo tanto, serán solidariamente responsables del pago de la indemnización de los perjuicios que adelante se señalarán, el Distrito Capital de Bogotá porque el conductor del vehículo oficial era empleado suyo y el día de los hechos cumplía funciones bajo la dirección del Alcalde Local y el Fondo de Desarrollo Local Local Los Mártires porque era el propietario del vehículo de placas OBD-355, con el cual, según la demanda, se causó el accidente y el bien estaba destinado a la prestación de servicios en la misma Localidad para la que el Fondo había sido constituido. Nota de Relatoría: Ver sentencias de 5 de diciembre de 2006, exp. 19.752 y de 2 de mayo de 2007, exp. 16.743. En sentencia de 26 de septiembre de 2002, exp: 14.036

Se acumulan expedientes por unidad de materia. Sentencia de unificación. En este caso se analizan varias acciones de tutela instauradas por víctimas del desplazamiento forzado, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la reparación integral y, como parte de ella, a una indemnización administrativa de todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento forzado en el país. La sala aborda los siguientes temas: 1º. Los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en el marco del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. 2º. La jurisprudencia en sede de control abstracto de constitucionalidad y en sede de tutela, sobre los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. 3º. La jurisprudencia de la corporación en el marco del seguimiento a la sentencia t-025/04 y sus autos de cumplimiento sobre reparación a víctimas de desplazamiento forzado. 4º. La jurisprudencia del consejo de estado en materia de reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado, en el marco de procesos contencioso administrativos. 5º. El nuevo marco jurídico institucional para la reparación integral a víctimas, de conformidad a la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 6º. Los recientes pronunciamientos de la corte constitucional en relación con la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas. Luego de analizar cada caso en concreto y de desarrollar la temática planteada, se llega a las siguientes conclusiones: (i) los accionantes, en su calidad de víctimas de desplazamiento forzado, tienen derecho a la reparación integral y a una indemnización justa, pronta y proporcional; (ii) el derecho a la reparación integral no se agota en el componente económico, pues se trata de un derecho complejo que contempla distintos mecanismos encaminados a ese fin; (iii) las obligaciones del estado en materia de reparación, no pueden confundirse con las relativas a la ayuda humanitaria o a la asistencia, pues son de naturaleza jurídica diversa; (iv) existen diferentes vías para acceder a la reparación integral, la judicial, a través del proceso penal o en la jurisdicción contencioso administrativa y la vía administrativa regulada por la ley 1448 de 2011, marcos legales que resultan complementarios, más no excluyentes; (v) la condena en abstracto dentro del trámite de la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y excepcional, reiterando la aplicación restrictiva del artículo 25 del decreto 2591 de 1991; (vi) los términos de caducidad para población desplazada en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcurso de tiempos anteriores; y (vii) se resuelven algunos problemas jurídicos que se presentan en virtud de la entrada en vigencia de la nueva normatividad contenida en la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente del decreto 4800 de 2011

El ensayo realiza una reflexión crítica sobre la política estatal de protección de las víctimas de la violencia en Colombia, defendiendo un estatuto que garantice: 1) los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral (individual y colectiva); 2) que constituya una ley de memoria y garantía de no repetición; y que 3) tome en cuenta que como víctimas las lesiones sufridas, así como las pérdidas de patrimonio humano, las rupturas psicosociales, los traumatismos colectivos e individuales, las limitaciones al ejercicio de la democracia y los dolores incurables trasmitidos de generación en generación, no pueden verse sometidos a una mecánica de reparación seriamente limitada por la débil estructura económica del Estado. Palabras clave: Ley de Víctimas, Memoria, Verdad, Garantías de no Repetición, Reparación Integral, Colombia. This essay engages in a critical reflection about the state´s policy for the protection of victims of violence in Colombia, defending a legal approach that guarantees: 1) the right to know, to justice and integral reparations (individually and collectively); 2) that constitutes a law of memory and guarantees the non-repetition of crimes, and 3) takes into account that as victims, the wounds suffered, as well as the loss of human patrimony, psycho–social ruptures, collective and individual traumas, the limitations on the practice of democracy and the incurable pain transmitted from generation to generation cannot be subjected to a mechanics of reparation that is seriously limited by the state´s weak economic structure. Key-words: Law for Victim´s, Memory, Truth, Guarantee of Non-repetition, Integral Reparation, Colombia.

El concepto de víctima de los crímenes de guerra ha sido objeto de una importante evolución internacional. Por su parte, las víctimas de los crímenes de guerra en Colombia se hallan sujetas a una serie de estatutos paralelos que incorporan el contenido de las obligaciones estatales dejando, en algunos casos, un margen nacional de apreciación que sobrepasa los límites impuestos por el Derecho Internacional. La verificación de tales circunstancias y contenido requiere un tipo de investigación aplicada de derecho comparado entre el Derecho Internacional Penal y el Derecho Penal colombiano, que incluye una revisión de lo que se ha escrito hasta la fecha sobre el tema y un estudio de la jurisprudencia específica en la materia.The concept of victim of war crimes has been the subject of major international developments. Nevertheless, the victims of war crimes in Colombia are subjects of parallel statutes that incorporate the content of state obligations, leaving, in some cases, a national margin of appreciation that exceeds the limits imposed by international law . The verification of the circumstances and content requires a kind of applied research in comparative law from the International Criminal Law and Criminal Law in Colombia, including a review of what has been written to date on the subject and a specific case law study in the field.Palabras Clave / KeywordsLey de víctimas, crímenes de guerra, Derecho Internacional Penal, participación, reparación, jurisdicción competente./ law of victims, war crimes, International Criminal Law, participation, compensation, jurisdiction.

Debido Proceso, Acceso A La Administración De Justicia. Se Instaura La Acción De Tutela En Contra De La Autoridad Judicial Que En El Trámite De Una Demanda Ordinaria De Responsabilidad Civil Extracontractual, Iniciado Por El Accionante Y Otros De Sus Familiares En Contra De La Empresa Flota Occidental S.a., Por Hechos Relacionados Con Un Accidente De Tránsito Que Involucró A Un Vehículo De Dicha Empresa, A Su Conductor Y Al Actor, Decidió Revocar El Fallo De Primera Instancia Y En Su Lugar Denegar Las Pretensiones Invocadas, Declarando No Probada La Excepción De Culpa Exclusiva De La Víctima, Alegada Por El Recurrente. Se Analiza Temática Relacionada Con La Procedencia Excepcional De La Acción De Tutela Contra Providencias Judiciales, La Responsabilidad Civil Extracontractual En Actividades Peligrosas Y El Derecho Fundamental Al Acceso A La Administración De Justicia. Para La Sala, La Autoridad Judicial Incurrió En Un Defecto Fáctico Por Una Indebida Valoración De Las Pruebas Y, Por Ello, Decide Conceder La Protección Solicitada.

La parte actora en el libelo introductorio que dio lugar al proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito entre un bus y una motocicleta, formuló cuatro pretensiones así: (i) “que de acuerdo a la expectativa de supervivencia, certificada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de cara a las tablas de actualización del daño emergente”, se condene al pago de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro actualizado a las tasas de supervivencia o vida probable en Colombia. Igualmente solicitó que se conmine de manera solidaria a la parte obligada civilmente, a pagar por la pérdida de la vida del padre y cónyuge, una suma de dinero); (ii) gastos sufragados por la cónyuge supérstite, indexados desde la fecha de su pago hasta el momento de su cancelación; (iii) se reconozca el perjuicio subjetivo padecido por las accionantes, y (iv) las costas del proceso. La sentencia de primera instancia estimó las pretensiones, mediante declaración civil solidaria a la empresa afiliadora, al conductor, al propietario del vehículo y a la compañía de seguros, reconociendo la reducción de la condena en un 50% al advertir concurrencia de culpas. La sentencia del ad quem revocó la de primera instancia y declaró probada la culpa exclusiva de la víctima. La Corte no casó la sentencia por no encontrar acreditados los cargos planteados por el recurrente. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL - por accidente de tránsito. Culpa exclusiva del motociclista. F. Jurisprudencial Sentencia de casación civil 146 de 17 de octubre de 2006, expediente 06798-01 Sentencia de casación civil de 11 de julio de 1990 Sentencia de casación civil de 24 de enero de 1992 Sentencia de casación civil de 11 de mayo de 2004, expediente 7661. Sentencia de casación civil de 19 de mayo de 2011, expediente 2006-00273-01 Sentencia de casación civil de 22 de octubre de 1998 Sentencia de casación civil de 23 de febrero de 2000, expediente 5371 Sentencia de casación civil 056 de 8 de abril de 2005, expediente 730 Sentencia de casación civil de 19 de diciembre de 2006. expediente 2004-00745- 058 - 2001 Gaceta.J.CCXXXI,644 PRUEBA TRASLADADA - de proceso penal. Silencio de las partes frente a las irregularidades en la incorporación de la prueba Precisa la Sala que el Tribunal valoró en toda su dimensión la prueba traslada del proceso penal que cursa por el mismo accidente automotor que aquí se estudia, sin observar la existencia de una falta formal en el trámite de la misma, por cuanto no se hicieron las anotaciones y requerimientos que exige el artículo 185 del estatuto procesal civil para su adecuada incorporación; no obstante ello, es evidente que al ser utilizado ese medio documental como soporte de sus argumentaciones tanto por la parte demandante como por la demandada, a pesar de esa falencia, releva a la Corte de restarles el valor probatorio correspondiente; lo anterior a más que no fue atacado ese error por vía del recurso extraordinario. Indica la Sala que las formas procesales son establecidas en nuestra legislación para proteger a las partes el debido proceso a través del derecho de defensa y de contradicción; tiene como fundamento otorgar la certeza de que cada medio probatorio reúne las condiciones para su adecuada valoración, pues está adornado de la fuerza requerida para asumirlo como instrumento de búsqueda de la verdad y otorgamiento de la justicia. Empero, si las partes aceptan la presencia de una prueba que adolece de alguna de esas ritualidades y la utilizan sin reato, no es el funcionario judicial el llamado a eliminarla del acervo, pues se presumen cumplidos, para ellas, en el ambiente del específico litigio, los derechos fundamentales aludidos y protegidos por la Carta superior, salvo lógicamente que se trate de solemnidades que en rezago del principio de tarifa legal, necesiten obligatoriamente el cumplimiento de una determinada exigencia. F. Formal Artículo 185 Código de Procedimiento Civil. Sentencia de casación civil 146 de 17 de octubre de 2006, expediente 06798-01 Sentencia de casación civil de 11 de julio de 1990 Sentencia de casación civil de 24 de enero de 1992 Sentencia de casación civil de 11 de mayo de 2004, expediente 7661. Sentencia de casación civil de 19 de mayo de 2011, expediente 2006-00273-01 Sentencia de casación civil de 22 de octubre de 1998 Sentencia de casación civil de 23 de febrero de 2000, expediente 5371 Sentencia de casación civil 056 de 8 de abril de 2005, expediente 730 Sentencia de casación civil de 19 de diciembre de 2006. expediente 2004-00745-00 G.J.CCXXXI,644