Unión europea - España

Unión Europea, España y Portugal Mejor documento

Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez)
Texto Completo Descargar
  • Planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Una aproximación al Reglamento 650/2012(I): la professio iuris
  • Multinacionales y Seguridad Social en el ámbito de la Unión Europea
    La mundialización o globalización es un hecho que en sí mismo considerado no puede valorarse positiva ni negativamente, dependiendo, en todo caso, del uso que se haga del fenómeno, del que las multinacionales son tanto causa como efecto, siquiera sea parcial. Conceptos como el de sociedad cableada, deslocalización, desregulación, responsabilidad social corporativa, diversidad, sostenibilidad, excelencia empresarial, tercera cuenta de resultados o ciudadanía corporativa global, entre otros, forman parte de la literatura relativa a la globalización, que es esencialmente económica. En lo jurídico, como es habitual, se lleva cierto retraso y se va, en consecuencia, un poco a remolque de los acontecimientos. Es, sin embargo, preciso que desde esta perspectiva se examine en profundidad la cuestión y se dé una respuesta a muchos de los problemas que han aparecido con el mercado sin fronteras, entre los que posee especial relevancia el de la protección social del trabajador. En ello están organizaciones supranacionales e internacionales, Estados, sindicatos e incluso ONGs, buscando, ante todo, un compromiso empresarial al respecto que asegure un comportamiento donde los valores y los derechos humanos no sólo se respeten sino que constituyan un elemento indispensable y apriorístico del proceso productivo. En ese sentido, la Unión Europea, que constituye el mayor logro hasta ahora de la vocación y tradición humanística de Europa, puede abanderar las políticas más acordes con esa finalidad tratando, al menos, de compartir la responsabilidad del liderazgo mundial con su gran aliado occidental, sirviendo además de elemento atemperador de las posiciones más extremas de éste al respecto. En el momento presente, el ordenamiento jurídico comunitario proclama ya como fundamental el derecho a la seguridad social de los ciudadanos trabajadores y aun cuando su Derecho derivado no sobrepase aún la fase de coordinación y armonización de los ordenamientos nacionales, se puede esperar mucho más a medio y largo plazo, sobre todo cuando se vayan disipando los recelos y obstáculos actuales a la -siquiera sea muy paulatina- cesión de soberanía de los Estados miembros a la Unión. Una cuestión a abordar en tal sentido es hasta qué punto la estructura y contenidos de las multinacionales pueden influir negativamente sobre los derechos y conquistas sociales, y, en particular, sobre el acceso a un sistema, cada vez más completo e integrado, de seguridad social, cuando tales entidades mediatizan de modo considerable la vida de muchos de los Estados en los que operan, en los cuales pueden llegar a sustituir, de una manera más o menos velada, la normativa social de los mismos por sus propias directrices al respecto, tratando de conseguir el menor coste posible a sus productos rebajando los gastos de cualquier clase, incluso las obligadas contribuciones en el sistema público de aseguramiento sin siquiera una contrapartida real y siempre en nombre de la liberalización total de los mercados como objetivo irrenunciable que ha de traer teórica y finalmente el bienestar al planeta. La Unión Europea, a pesar de una trayectoria política menos firme de lo deseable que está deparando grandes decepciones, como el reciente fracaso de su Tratado por el que se establece una Constitución para la misma, sigue avanzando, con esfuerzo, en sus planes de progreso social, habiendo creado una sociedad anónima y un comité de empresa europeos, unos fondos de pensiones de empleo y una mutualidad igualmente europeos y acudido a sistemas generalizados de preferencias para beneficiar, mediante incentivos comerciales, a los países en desarrollo que respeten su normativa y la de la OIT, al objeto de lograr que las grandes líneas maestras de su política social no sólo se cumplan intramuros sino que se respeten sustancialmente más allá de sus fronteras, minimizando los efectos negativos de la deslocalización y cuanto de no deseable puedan tener otros fenómenos sustancialmente propios de las multinacionales. Lo que se ha hecho hasta ahora es altamente insuficiente, pero, aunque tímidamente y con innumerables vacilaciones y cortapisas, se está en el camino de potenciar el respeto al medio ambiente, de conseguir un crecimiento sostenible y de ofrecer un modelo empresarial propio donde la excelencia sea la meta a alcanzar frente a los procesos productivos de menor coste y garantías. Y si se llega a convencer al socio de más allá del Atlántico -que, por ejemplo, no ha ratificado Kyoto- y a las potencias emergentes de que la dirección a seguir es la emprendida por la Unión, de tal modo que finalmente se imponga el respeto universal de los derechos humanos laborales y de seguridad social y al planeta en cuanto hogar común como límites insobornables a la libertad de los mercados, el mundo conocerá una nueva y mejor existencia.
  • Real Decreto sobre Entrada, Libre Circulación y Residencia en España de Ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero)
  • El Reglamento Sucesorio europeo: El principio de adaptación de los derechos reales y los límites impuestos por la lex rei sitae. Especial referencia al certificado sucesorio
    El 27 de julio de 2012 se publicó el Reglamento (UE), número 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Esta iniciativa hay que ubicarla en el contexto de las libertades básicas y derechos fundamentales que informan el ordenamiento jurídico de la Unión Europea como la libre circulación de personas o la protección del derecho de propiedad, derechos y libertades que deben desarrollarse en el contexto actual de una realidad en la que la movilidad internacional de las personas aumenta constantemente y, en paralelo, aumenta también el número de sucesiones internacionales, situaciones frente a las que las legislaciones nacionales europeas en la actualidad ofrecen soluciones fragmentadas y en ocasiones divergentes e incoherentes. Frente a este panorama, sale al paso el nuevo Reglamento sucesorio europeo que pretende fijar reglas uniformes de Derecho internacional privado en materia de competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones y actos auténticos en materia sucesoria, y que crea un novedoso certificado europeo de sucesiones en que se combinan todos los aspectos anteriores. El objeto del presente artículo estriba en analizar fundamentalmente el tema de la delimitación de la ley aplicable, los límites que impone la lex rei sitae a la lex successionis, el principio de adaptación de los derechos reales como técnica de armonización de ambas, y su proyección tanto en el ámbito del reconocimiento y ejecución de resoluciones como en la nueva figura del certificado sucesorio europeo, y las relaciones de este último con el Registro de la Propiedad.
  • Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de Estados miembros de la UE
  • La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
    El paso de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Derecho vinculante para los Estados miembros (y sus ciudadanos) a través de su inclusión en el Tratado de Lisboa, suscita muchos temas de interés, entre ellos, el referido a los mecanismos de articulación en la protección de los derechos fundamentales consecuencia de la coexistencia de diversos sistemas jurídicos reguladores de tales derechos y, por tanto, de varias jurisdicciones que habrán de dar solución a las eventuales situaciones de conflicto en su interpretación.
  • Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (Ley 23/2014, de 20 de noviembre)
  • Solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros_Residencia ciudadano de la UE
    Modelo EX18
  • Reglamento (UE) Núm . 461/2010 de la Comisión de 27 de mayo de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Los tratados de libre comercio de Estados Unidos y de la Unión Europea por Ana Manero Salvador (Editorial J.M. Bosch Editor, 2018)
3 Abr 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI por Marta Ortega Gómez (Editorial J.M. Bosch Editor, 2017)
1 Abr 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Derecho Aduanero Tributario de la Unión Europea por Carlos Gerardo Herrera Orozco (Editorial J.M. Bosch Editor, 2016)
28 Mar 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea. El caso del transporte por carretera por Alberto Riesco Sanz, Jorge García López y María del Mar Maira Vidal (Editorial Bomarzo, 2018)
27 Mar 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra La política de la Unión Europea en materia de derecho de las inversiones internacionales por Katia Fach Gómez (Editorial J.M. Bosch Editor, 2017)
19 Mar 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos por (Editorial J.M. Bosch Editor, 2018)
11 Mar 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Retos presentes y futuros de la política marítima integrada de la Unión Europea por Laura Carballo Piñeiro (Editorial J.M. Bosch Editor, 2017)
7 Mar 2019
El Tribunal Supremo condena al Estado por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados
La Sentencia señala que España debería haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 de Italia durante dos años. Sin embargo, únicamente ofertó un 12,85% del cupo asignado. Ver noticia
11 Jul 2018
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra La Unión Europea y las elecciones del 22 al 25 de mayo de 2014. Unas elecciones para votar un verdadero gobierno europeo por Francisco Aldecoa Luzárraga y Eugenio Nasarre Goicoechea (Editorial Marcial Pons, 2014)
9 Jul 2018
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Treinta años de España en la Unión Europea. El camino de un proyecto histórico por Francisco Aldecoa Luzárraga y Eugenio Nasarre Goicoechea (Editorial Marcial Pons, 2015)
9 Jul 2018
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Gobernanza y reforma internacional tras la crisis financiera y económica: el papel de la Unión Europea por Carlos Fernández Liesa, Montserrat Abad Castelos y Francisco Aldecoa Luzárraga (Editorial Marcial Pons, 2014)
9 Jul 2018
Petición de readmisión entre Estados miembros
El Estado miembro que ha formulado una petición de toma a cargo o de readmisión de una persona ante otro Estado miembro al que considera responsable del examen de una solicitud de protección internacional, no puede trasladarla antes de que el Estado miembro requerido haya aceptado expresa o implícitamente dicha petición. STJUE nº C‑647/16 31/05/2018
18 Jun 2018
Cápsula formativa: El principio de efectividad de la jurisprudencia comunitaria
Entrevista a Fernando Lacaba, Magistrado y Presidente de la Audiencia Provincial de Girona, sobre la aplicación real y efectiva del Derecho de la UE. Ver vídeo
10 Abr 2018
Fernando Lacaba. El principio de efectividad de la jurisprudencia comunitaria
El Principio de Efectividad supone que los derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos de la UE deben ser ejercidos en condiciones que garanticen su plena y eficaz realización por los Tribunales de los países miembros, de modo que, si se oponen al derecho de la UE, la norma interna deviene en incompatible con aquel, dado que, su mantenimiento, haría muy difícil o imposible aplicar aquel derecho. Leer artículo
4 Abr 2018
Eduard Sagarra. El reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos y Libertades públicas son el fundamento irrenunciable de la UE
Si los derechos, valores y libertades que proclama la Unión, no se respetan y no se garantizan por los estados miembros y también por sus Instituciones, nos volveríamos a encontrar en una Europa de los mercaderes, ya que se priorizaría la economía de mercado por encima del respeto a los derechos humanos y libertades de sus ciudadanos, que aún hoy es un patrimonio logrado irrenunciable. Leer artículo
5 Mar 2018
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Libertad religiosa en la Unión Europea: el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba por José Carlos Cano Montejano (Editorial Dykinson, 2017)
27 Dec 2017
Expulsión de extranjeros por condena penal
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que no procede la expulsión de un nacional colombiano residente de larga duración en España por haber sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año. TJUE nº C-636/16 07/12/2017
11 Dec 2017
Demanda en solicitud de compensación por daños causados por infracción de normas de la competencia
Modelo de demanda de juicio ordinario reclamando compensación por los daños causados por sobrecostes en compras de camiones de más de seis toneladas por infracción del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del art. 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Ver formulario
1 Dec 2017
Ciudadanía de la Unión. Derecho de residencia
Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen. Los requisitos de concesión de ese derecho de residencia no deberán ser más estrictos que los contemplados en la Directiva relativa al derecho de libre circulación de los ciudadanos de la Unión. STJUE C-165/16 14/11/2017
15 Nov 2017
Dosier legislativo de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo
La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sean de alta calidad por ser independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. Ver dosier legislativo
7 Nov 2017
«union europea» en el mundo