Sana crítica - Chile

A. Introduccion. 1. Actos de investigación y actos de prueba. 1.1. Concepto. 1.2. Diferencias. 1.2.1. Oportunidad. 1.2.2. Sujeto. 1.2.3. Finalidad. B. Actos de investigacion. 1. Límites formales. 1.1. El principio de no autoincriminación. 1.1.1. El derecho a no prestar juramento. 1.1.2. El derecho al silencio. 1.1.2.1. Posibilidad de extraer inferencias del ejercicio del derecho al silencio. 1.1.2.2. La renuncia del derecho al silencio. 1.1.2.2.a. La renuncia debe ser libre. 1.1.2.2.b. La renuncia debe ser informada. 1.1.2.3. Alcances del derecho al silencio. 1.2. El derecho a la privacidad. 1.2.1. El cuerpo. 1.2.1.1. Los exámenes corporales. 1.2.1.2. Las pruebas dactiloscópicas y caligráficas. 1.2.2. Las vestimentas, el equipo y el vehículo. 1.2.3. El hogar y otros recintos privados. 1.2.3.1. Regla general: entrada y registro con orden judicial previa. 1.2.3.1.a. Concesión de la orden. 1.2.3.1.b. Emisión de la orden. 1.2.3.1.c. Ejecución de la orden. 1.2.3.2. Excepciones: entrada y registro sin orden judicial previa. 1.2.3.2.a. Entrada y registro consentido. 1.2.3.2.b. Entrada y registro en caso de delito flagrante. 1.2.4. Las comunicaciones privadas. 1.2.4.1. Regla general: autorización judicial previa. 1.2.4.2. Situaciones especiales. 1.2.4.2.a. La revelación de la comunicación por el interlocutor. 1.2.4.2.b. La grabación de la comunicación por el interlocutor. C. Actos de prueba. 1. El objeto de la prueba. 1.1. El hecho relevante (o pertinente). 1.1.1. Hechos secundarios o indicios. 1.1.2. Hechos sobre credibilidad de la prueba. 1.2. El hecho debe ser controvertido. 1.3. El hecho notorio. 2. La actividad probatoria. 2.1. Proposición. 2.2. Admisión. 2.3. Rendición. 2.3.1. Regla general: la prueba debe ser rendida en la audiencia del juicio oral. 2.3.2. Excepción: la prueba anticipada. 2.4. Valoración. 2.4.1. Sistema de prueba legal o tasada. 2.4.2. Sistema de la íntima convicción. 2.4.3. Sistema de libre convicción o sana crítica racional. 3. La carga de la prueba y el estándar de convicción "más allá de toda duda razonable". 3.1. El criterio de la vacilación para actuar. 3.2. El criterio de la certeza moral. 4. La prueba ilícita. 4.1. Generalidades. 4.2. Concepto. 4.3. Consecuencias jurídicas de la ilicitud. 4.3.1. Eficacia o ineficacia probatoria de la prueba ilícita. 4.3.1.1. Posiciones que postulan la eficacia probatoria (admisibilidad y/o valoración) de la prueba ilícita. 4.3.1.2. Posiciones que impugnan la eficacia probatoria (admisibilidad y/o valoración) de la prueba ilícita. 4.3.1.3. Morigeración de la posición que postula la ineficacia de la prueba ilícita: teoría de la ponderación de los intereses en conflicto. 4.3.2. Ineficacia de la prueba ilícita, ¿problema de admisibilidad o problema de valoración?. 4.4. El fundamento de la ineficacia probatoria de la prueba ilícita. 4.4.1. Criterio de la confiabilidad de la evidencia. 4.4.2. Criterio de la integridad judicial. 4.4.3. Criterio de la prevención. 4.5. Hipótesis legales de prueba ilícita. 4.5.1. Hipótesis principal: prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. 4.5.2. Hipótesis secundaria: prueba que proviene de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas. 4.6. Oportunidad para hacer valer la ineficacia de la prueba ilícita en Chile. 4.6.1. La ilicitud de la prueba durante la audiencia de preparación del juicio oral. 4.6.2. La ilicitud de la prueba como fundamento del recurso de nulidad. 4.6.3. La ilicitud de la prueba durante la audiencia de juicio oral. 4.6.3.1. Facultades del tribunal de juicio oral para negarse a admitir la prueba ilícita (fase de admisión). 4.6.3.2. Facultades del tribunal de juicio oral para negarse a valorar la prueba ilícita (fase de valoración). 4.6.4. La ilicitud de la prueba durante la etapa de investigación. 4.6.4.1. Primera vía: la nulidad procesal. 4.6.4.2. Segunda vía: la inutilizabilidad. 4.7. Forma de hacer valer la ineficacia de la prueba ilícita. 4.7.1. Posibilidad de exclusión de prueba ilícita de oficio. 4.7.2. Legitimación activa para impugnar la prueba ilícita. 4.7.2.1. ¿Debe ser el imputado el titular de la garantía afectada?. 4.7.2.2. ¿Puede el Estado solicitar la exclusión de prueba con base en la inobservancia de garantías fundamentales?. 4.7.3. Justificación de la ilicitud. 4.8. Efectos de la declaración de ineficacia de la prueba ilícita. 4.8.1. Efecto principal: Exclusión del elemento probatorio ilícitamente obtenido. 4.8.2. Efecto secundario: exclusión de los elementos probatorios derivados (teoría de los frutos del árbol envenenado). 4.8.2.1. Doctrina de la fuente independiente. 4.8.2.2. Doctrina del descubrimiento inevitable. 4.8.2.3. Doctrina del vínculo atenuado. 4.8.3. Excepciones a la ineficacia de la prueba ilícita. 4.8.3.1. La prueba de descargo. 4.8.3.2. La excepción de buena fe. 4.8.3.3. Afectación de garantías fundamentales cometidas por particulares.

Se casa de oficio la sentencia impugnada, que aumentó el monto de la indemnización por expropiación, por cuanto si bien los sentenciadores asentaron su decisión, en lo esencial, en la prueba pericial, no la apreciaron en la forma prescrita por la ley, pues al elaborar sus razonamientos sobre el particular se limitaron a efectuar declaraciones genéricas alusivas a un “examen comparativo” de los informes de los expertos, a que éstos son ponderados “conforme a las reglas de la sana crítica”, sin explicar en parte alguna de sus razonamientos cómo llegaron a esas conclusiones. En efecto, pese a hallarse obligados a valorar el mérito de la prueba pericial conforme a los elementos que integran el concepto de “sana crítica”, los falladores se han limitado a enunciar la realización en este punto de un proceso lógico cuyos detalles no explicitan, apareciendo de la sola lectura de las sentencias que en ninguno de sus párrafos mencionan siquiera el empleo de algún principio de la lógica o de alguna máxima de experiencia o el de ciertos conocimientos científicamente afianzados como elementos de sus reflexiones. De este modo, en tanto los sentenciadores han renunciado a emplear tales nociones como parte de la valoración de las probanzas más importantes del proceso, forzoso es concluir que su fallo no contiene todas las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, de manera que el estándar de razonabilidad exigido por el artículo 768 N°5°, en relación con el artículo 170 numeral 4° de nuestro ordenamiento procesal civil, no fue satisfecho y ejerció una influencia sustancial en la decisión adoptada por los sentenciadores de segunda instancia que no puede ser reparado sino por medio de la invalidación del pronunciamiento impugnado.

En primer lugar, el respeto de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos y técnicos afianzados. En el mismo sentido, Cristian Contreras expresa que “el sistema se encuentra construido sobre el reconocimiento expreso de ciertas barreras limitantes al desborde de las atribuciones del sentenciador, las que clásicamente son el respeto de las reglas básicas impuestas por la lógica y las máximas de la experiencia, a las que los sistemas procesales chilenos del siglo XXI han agregado la observancia de los conocimientos científicamente afianzados” (Contreras Rojas, Cristian, El recurso de nulidad laboral como herramienta de control de las exigencias impuestas por la sana crítica a propósito de la sentencia rol 1068-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago /en/ Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, año 18, número 1, 2011, p. 271). En segundo lugar, la expresión de las razones que le han conducido a asignar valor o a desestimar las pruebas rendidas, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Al respecto Enrique Barros explica que “la apreciación de conformidad con la sana crítica exige del juez la explicación de las circunstancias concretas que le permiten llegar al convencimiento en la determinación de los hechos” (Barros Bourié, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006, p. 714). Esta segunda exigencia implica, necesariamente, que previamente el juzgador señale las pruebas relacionadas con la acreditación de los hechos debatidos. En consecuencia, sólo si la sentencia transgrede los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos o técnicos afianzados, o si carece de las razones que le conduzcan a asignar valor a unas pruebas y a desestimar otras de modo que su razonamiento no conduce lógicamente a la decisión adoptada, será posible acoger la nulidad solicitada. Según ha señalado reiteradamente esta Corte (entre otras en las causas rol 280 de 2011, considerando séptimo, rol 300 de 2011, considerando sexto, rol 311 de 2011, considerando noveno, rol 316 de 2011, considerando tercero, rol 38 de 2013, considerando noveno y rol 68 de 2013, considerando tercero), este es el modo acertado de entender el recurso de nulidad laboral, pues no sólo evita que, en un extremo, esta Corte valore la prueba rendida transformando aquella vía de impugnación en un recurso de apelación encubierto, sino también que, en el otro extremo, la causal del artículo 478, letra b), del Código del Trabajo carezca de aplicación práctica

PROCESO SOCIAL. PRUEBA. SENTENCIA. INVALIDACIÓN. En materia laboral, la prueba aportada por las partes se aprecia de acuerdo al sistema de la sana crítica, esto es, conforme a las normas de la lógica y las máximas de la experiencia. Si bien los jueces de la instancia son soberanos en cuanto a determinar los hechos asentados conforme a ella, no resulta procedente aceptar que en tal análisis los sentenciadores prescindan de los elementos de convicción que están llamados a valorar ni se releve a uno de los litigantes de la carga probatoria como tampoco que en el análisis de los mismos, se llegue a conclusiones que resulten contrarias a dichas consideraciones.

PROCESO SOCIAL. VALORACION DE LA PRUEBA. En materia laboral la prueba aportada por las partes se aprecia según el sistema de la sana crítica, esto es, conforme a las normas de la lógica y las máximas de la experiencia, y si bien los jueces de la instancia son soberanos para determinar los hechos asentados conforme a ella, no procede aceptar que en tal análisis los sentenciadores prescindan de los elementos de convicción que están llamados a valorar, que se releve a uno de los litigantes de la carga probatoria ni que se sustituya la voluntad real de las partes en la determinación de los elementos esenciales del contrato del trabajo.

RECURSO DE QUEJA. Mediante el presente recurso se impugna la valoración que el tribunal hizo de los medios de prueba, en circunstancias que está amparado para hacerlo conforme a las reglas de la sana crítica, lo que no puede ser objeto del recurso que se pretende. Luego, si bien es cierto, por el último acápite de sus reclamos, el recurrente señala que los jueces se habrían apartado de las reglas de la sana crítica al apreciar las pruebas del proceso, lo fundamenta en la circunstancia que se habría obviado toda consideración, exposición y fundamentación de las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud les asigna valor o las desestima. Como se ve, entonces, lo que se reclama no es precisamente la violación de las normas que orientan la sana crítica, sino una supuesta falta de fundamentos de la sentencia, la que no resulta tampoco ser cierta, lo que puede concluirse del simple examen de la sentencia en estudio.