Recurso contencioso administrativo - España

Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la LJCA 29/1998 disponga otra cosa. El plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo de diez días desde la intimación para que cesara la vía de hecho. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la LJCA 29/1998 disponga otra cosa. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses.

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la LJCA 29/1998 disponga otra cosa. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. No obstante, como ha declarado el TC, mientras la Administración no cumpla su deber de resolver, el plazo para reclamar continúa abierto.

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la LJCA 29/1998 disponga otra cosa. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

1. La tutela cautelar en la nueva ley de la jurisdiccion contencioso-administrativa: La anotacion preventiva del recurso contencioso-administrativo.-2. Presupuestos de la anotacion preventiva: 2.1. La ponderación judicial de intereses en la anotación preventiva del recurso contencioso-administrativo. 2.2. La situación jurídica cautelable y la apariencia de buen derecho. 2.3. El peligro en la demora. Análisis de riesgos concretos. 2.4. La contracautela del solicitante de la medida cautelar. 2.5. La necesaria pendencia del proceso contencioso-administrativo. 2.6. Que se tome la anotación preventiva sobre fincas concretas y determinadas que resulten afectadas por el acto impugnado.-3. Efectos de la anotacion preventiva.-4. Procedimiento para resolver sobre la solicitud de anotacion preventiva: 4.1. La solicitud de la anotación preventiva. 4.2. Organo jurisdiccional competente. 4.3. La audiencia de la parte contraria y de los titulares registrales. 4.4. Resolución judicial sobre la medida cautelar. 4.5. Recursos contra la resolución judicial sobre la medida cautelar. 4.6. Modificación y revocación de la medida cautelar durante el curso del procedimiento.-5. La actuacion registral de la anotacion.-6. Duracion, prorroga y cancelacion de la anotacion. Indemnizacion por los daños y perjuicios causados por la anotacion.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PRESCRIPCION. En este sentido, nuestra jurisprudencia, de la que son muestra entre otras muchas las sentencias de 18 de enero y 1 de diciembre de 2008 y 14 de julio de 2009, distingue entre daños continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el "dies a quo" será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance, como ocurrió en el caso enjuiciado. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación.

SUBVENCIONES. En la Sentencia antes transcrita ya expusimos la dificultad de cumplir esta condición tanto por la fecha sobre la que recae el balance de situación como por las formalidades posteriores que deben cumplirse al tratarse de una sociedad mercantil, y concluimos que, incluso admitiendo la presentación extemporánea de la justificación de tal condición, no era motivo suficiente para la supresión o pérdida total del beneficio en su día concedido. Aunque aquí el retraso afecte, no ya al deber formal de justificación, sino también a la acreditación de la autofinanciación, cuando lo es por tan escaso plazo no basta, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, para privar totalmente de la subvención. Por un lado, la condición de autofinanciación, que está destinada a asegurar el cumplimiento de la inversión, no parece igualmente razonable cuando dicha inversión ha sido realizada en su totalidad, por lo que debe decaer el rigor en su exigencia, y, por otro, una diferencia de tan solo doce días permite presumir, en las particulares circunstancias que presenta este caso, que la situación económica que reflejaba el balance no había variado sustancialmente. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se estima la casación.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EN TERRITORIO HISTORICO. Reconocida potestad tributaria a las autoridades de los Territorios Históricos Vascos, la naturaleza de las Normas Forales ha suscitado una gran controversia, estando sometido el producto normativo de las Juntas Generales, por la falta de una previsión expresa en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permita residenciar ante este Tribunal la impugnación de las Normas Forales, al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para hacer efectivas las exigencias de tutela judicial art. 24.1 CE ) y de sometimiento a Derecho de los poderes públicos. Se estima el recurso contencioso administrativo. Se estima la casación.

FONDO DE COHESION SANITARIA. De otro lado, el ingreso por transferencia recibido, no es sino la ejecución de la liquidación definitiva; acto que no es susceptible de impugnación, porque no es sino un acto de ejecución de un acto definitivo previo firme ( artículo 28 LJCA ). Es la liquidación definitiva, la que pone fin al procedimiento de liquidación y, por tanto, la que es susceptible de impugnación, conforme al artículo 10.2 del RD 1207/2006, de 20 de octubre , por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria y 25 de la LJCA. Siendo así, resulta que cuando el 16 de marzo de 2010, la Comunidad Autónoma formula requerimiento de anulación del acto de liquidación que ya conocía desde el 16 de noviembre (e incluso antes, a través de la liquidación provisional facilitada el 8 de agosto de 2009), la liquidación ya era firme, porque había transcurrido el plazo para formular potestativamente el requerimiento, e incluso el plazo para recurrir en vía contencioso-administrativa ( artículo 46 LJCA ). Por consiguiente debemos confirmar la resolución administrativa, toda vez que apreció de forma adecuada a derecho la extemporaneidad del requerimiento. Se desestima el recurso contencioso administrativo.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. URBANISMO. SUELO. La sentencia recurrida reconoce que admitiendo que se está en presencia de una revisión y no de una simple modificación, con lo que supone de inaplicabilidad del articulo 50 de la Ley del Suelo, resulta que en la resolución administrativa recurrida en la instancia se destaca que se había producido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1990 una disminución neta de zonas verdes de 235.530 metros cuadrados, dato indiscutido en la demanda, y que conduce a la conclusión que en dicho Plan General de Ordenación Urbana de 1990 no se ha alcanzado en conjunto una adecuada compensación cuantitativa a tales efectos, lo que justificaba la estimación del recurso de reposición, ya que no hemos de olvidar que la resolución del mismo forma parte de la propia resolución aprobatoria definitiva de dicho Plan General, sin que la parte recurrente haya acreditado ni aducido fundadamente, ninguna razón o argumentación contradictoria con tal criterio resolutivo de la Administración, por lo que procede desestimar este último motivo de casación. Se desestima la casación.

Interposición de recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio).

Mediante el procedimiento abreviado se tramitan, ante los Juzgados, entre otras cuestiones, las de extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2 LJCA (documentos que acrediten la representación; etc.). En los escritos de demanda se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.

Mediante el procedimiento abreviado se tramitan, ante los Juzgados, entre otras cuestiones, las de extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político. El recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2 LJCA (documentos que acrediten la representación; etc.). En los escritos de demanda se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.

Escrito de proposición de prueba en recurso contencioso administrativo a presentar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Art 60 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la LJCA 29/1998 disponga otra cosa. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre unificó la denominación de los recursos interpuestos contra providencias y autos no definitivos en las jurisdicciones civil, social y contenciosa, desapareciendo la referencia al recurso de súplica en las dos últimas, en favor del término recurso de reposición. El cambio de denominación no conllevó la sustitución expresa del término recurso de súplica a lo largo del articulado de la LJCA introduciéndose, la Disposición adicional octava en la que se establece que las referencias en el articulado de la LJCA al recurso de súplica se entenderán hechas al recurso de reposición.

Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos cuya cuantía no exceda de treinta mil euros y los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.4 LJCA 29/1998. Son siempre susceptibles de apelación las sentencias que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de asuntos cuya cuantía no exceda de treinta mil euros; las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona; las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas; y las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la LJCA 29/1998 disponga otra cosa.

Modelo de recurso contencioso administrativo contra una resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central que impone una sanción tributaria, que deberá presentarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con el art. 66.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el art. 11.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el procedimiento abreviado, el recurso se iniciará por demanda, a la que se acompañará el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artículo 45.2 LJCA (documentos que acrediten la representación; etc.). En los escritos de demanda se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.