Personas en situación de discapacidad - Colombia

Ley 762 de 2002, por medio de la cual se aprueba la 'Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad' suscrita en la ciudad de Guatemala Guatemala el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). Mejor documento

Diario Oficial de Colombia
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  • Decreto 3973 de 2005, por el cual se promulga la ¿Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad¿, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
  • Ley 1346 del 31 de julio de 2009 senado
  • Decreto número 0600 de 2012, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1306 de 2009 y se expiden disposiciones en relación con los avales o garantías.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 021/15 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 2015
    Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. El demandante considera que la expresión “o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad” viola varios derechos fundamentales, porque impone patrones de normalidad y anormalidad que no son admisibles de acuerdo a la Constitución. Para la Corte, la demanda carece de aptitud, de un lado, por haberse formulado los cargos sobre la base de una interpretación que no se desprende de la norma acusada y, por el otro, por no haber argumentado el demandante de manera clara y suficiente, la razón de la inconstitucionalidad. INHIBIDA, por ineptitud sustantiva de la demanda.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 066/13 de Corte Constitucional, 11 de Febrero de 2013
    Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 36 (parciales) de la ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. El actor considera que las expresiones “normalización social y plena”, así como “normalización” contenida en los artículos 3 y 36 de la ley 361 de 1997, son contrarios a la constitución, particularmente al principio de igualdad y a las normas del bloque de constitucionalidad que reconocen los derechos de las personas en situación de discapacidad. La corte precisó que la normalización social y familiar que propugna el estado mediante la ley 361 de 1997, no se predica de las personas en situación de discapacidad en sí mismas consideradas, sino de la sociedad y del entorno familiar para permitir su integración social plena. Por tanto, ese objetivo establecido por el legislador no configura una discriminación ni vulneración de la dignidad humana o de los derechos de autonomía e igualdad. Se declara la exequiblidad de la expresión acusada contenida en el artículo 3º de la ley 361 de 1997, en el entendido que se refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social. La expresión demandada contenida en el artículo 36 de la precitada ley, se declara exequible.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 438/11 de Corte Constitucional, 25 de Mayo de 2011
    Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de representación legal de incapaces emancipados. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 82, inciso tercero (parcial). El aparte demandado es el siguiente:…, el fondo de garantías de instituciones financieras avalará al obligado, directamente o ante la entidad fiadora. Según el demandante, el apartado acusado es contrario al artículo 150 numeral 19 literal d) de la constitución política, en cuanto está atribuyendo al fogafin una función de garante, pese a que la mencionada ley no es marco. Así mismo, señala que se violan los artículos 158 y 169 de la carta, en cuanto han violación al principio de unidad de materia y conexidad del título con el contenido de la ley, por cuanto se le está asignando al fondo de garantías de instituciones financieras, una función que no tiene conexidad con el contenido material de la ley 1306 de 2009, ni con las funciones que le fueron asignadas en el estatuto orgánico del sistema financiero. La corte analizó el trámite de las leyes ordinarias y las leyes marco, concluyendo que no difieren y que no resulta inconstitucional la inclusión de normas marco en leyes ordinarias, siempre que se satisfaga el requisito de unidad de materia y el grado de amplitud que caracteriza las leyes generales o marco. Se resuelve declararse inhibida por ineptitud sustantiva de materia de la demanda, en relación al cargo de unidad de materia propuesto por el actor y declarar la exequibilidad del aparte acusado, en relación con el cargo analizado en cuanto a la violación del artículo 150, artículo 19, literal d, de la carta política.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 458/15 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2015
    NTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012. Los accionantes y los intervinientes que coadyuvaron las pretensiones de la demanda consideran que la terminología empleada por el legislador para regular la condición de discapacidad, y en particular, expresiones afines a “discapacitado”, “inválido”, “limitado”, “sordo”, “minusválido”, “persona con capacidades excepcionales” y “disminuido”, contenidas en las normas relacionadas deben ser retiradas del ordenamiento jurídico, entre otros motivos, por tener una connotación peyorativa que lesiona el ordenamiento superior. La Corte encontró que aunque el lenguaje sí puede tener implicaciones inconstitucionales, toda vez que podría ser entendido y utilizado con fines discriminatorios, el uso de algunas expresiones como parte del lenguaje técnico jurídico pretende definir una situación legal y no hacer una descalificación subjetiva de ciertos individuos. En ese sentido, varias expresiones fueron declaradas exequibles por los cargos analizados. Igualmente analizó otras expresiones que consideró podrían contener una carga discriminatoria y condicionó su constitucionalidad a una comprensión ligada a la normativa internacional vigente, la cual no tiene cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 182/16 de Corte Constitucional, 13 de Abril de 2016
    VASECTOMÍA Y LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO. EN PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL LA SOLICITUD Y EL CONSENTIMIENTO PARA ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁN SER SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, PREVIA AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) de la Ley 1412 de 2010, por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de Trompas de Falopio como formas de fomentar la paternidad y maternidad responsable. El demandante afirma que la expresión acusada es contraria a los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a conformar una familia y a la capacidad legal, al determinar el consentimiento sustituto, previa autorización judicial, para todas las personas con discapacidad mental, sin excepciones. Para la Corte, los requisitos de la interdicción y la autorización judicial específica para la esterilización quirúrgica de personas en situación de discapacidad mental mediante el consentimiento sustituto, se ajustan a la Constitución. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte normativo acusado, en el entendido de que la autonomía reproductiva se garantiza a las personas declaradas en interdicción por demencia profunda y severa, y que el consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones quirúrgicas tiene un carácter excepcional y sólo procede en casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada, una vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga.
  • Modificaciones al régimen de capacidad humana en la ley 1306 de 2009
    Este artículo muestra que la ley 1306 de 2009 modificó aspectos adicionales al régimen de guardas tales como los relacionados con los requisitos de validez del negocio jurídico y ciertos asuntos referentes al derecho de familia, como la adopción, la sucesión de bienes hereditarios y el matrimonio.
  • Acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos: derecho impostergable con base en el control difuso de convencionalidad
    Este artículo analiza la problemática que afrontan actualmente las personas con discapacidad en el acceso a los servicios públicos. Se enfoca en analizar la débil comprensión del término discapacidad, las barreras socionormativas a las que se enfrentan, los efectos de no reconocer los compromisos asumidos por los Estados al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y los principales instrumentos regionales e internacionales que regulan los derechos de estas personas. En razón a ello, los Estados se plantean grandes retos en cuanto a asumir el control difuso de convencionalidad, desarrollando dos de sus variantes para amparar los derechos de las personas con discapacidad: social y jurídica. Reto que hoy tiene que asumirse desde la situación especial de "alta vulnerabilidad" a la que está sujeta esta población en el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta los obstáculos del entorno social en cuanto a su accesibilidad a los servicios públicos.
  • Sobre la protección en el trabajo para las personas con discapacidad
    En la actualidad se plantea la necesidad de un amparo jurídico eficaz para las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva, en este artículo de investigación se analiza si existe una debida protección laboral a la persona con discapacidad desde la deficiencia física, síquica o sensorial en el ordenamiento jurídico colombiano y si las normas constitucionales y legales que ordenan proteger a las personas con limitaciones en su estado de salud garantizan el goce efectivo de una vida digna en el ámbito laboral. En esta medida, se realizó una descripción del concepto discapacidad, un estudio de la normatividad que protege al trabajador con limitaciones (como ha sido denominado en la norma para no ser despedido) y una interpretación de las posiciones que sobre la estabilidad laboral asume la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en cuanto a quienes por su condición de salud están en circunstancias de debilidad manifiesta. Se concluye que el concepto de limitación física, psíquica o sensorial debe ser entendido de una manera amplia y no restringido al concepto de invalidez, lo que en el ámbito laboral implica una protección constitucional a todos aquellos casos en que el trabajador desarrolla o posee una enfermedad que le impide la realización normal de sus actividades.
  • Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: desarrollo normativo en Colombia
    El día 13 de diciembre del año 2011 el Congreso de la República de Colombia, aprobó el proyecto de ley estatutaria 167 de 2011 Senado y 092 de 2011 Cámara, por medio de la cual se dictan las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto de ley tuvo la iniciativa del señor Ministro del Interior Doctor Germán Vargas Lleras y su equipo, con el apoyo de las organizaciones de y para personas con discapacidad, la sociedad civil, las redes de personas con discapacidad, lográndose hacer realidad este valioso instrumento jurídico en el cual se consagran los desarrollos conceptuales de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009, con sentencia de constitucionalidad C-293 de 2010, que se detallan en el presente artículo, incluyendo la jurisprudencia más relevante y la doctrina correspondiente. Palabras Clave: Discapacidad, ejercicio efectivo de derechos, políticas públicas
  • La accesibilidad de las personas con discapacidad física en Colombia: una problemática que va más allá de la simple consagración normativa
    El objeto de este estudio es presentar las dificultades de la accesibilidad que deben enfrentar las personas con discapacidad (PCD) -física y motriz- en Colombia, específicamente a las instituciones educativas (públicas y privadas). Como resultado de esta problemática, surge la discriminación que viola toda disposición nacional e internacional sobre los derechos del mencionado colectivo, a saber: inclusión social, libre locomoción, educación y la accesibilidad misma. Así pues, se analizará la situación jurídica de las PCD en Colombia a partir de la identificación de sus derechos y de las obligaciones del Estado, y con base en este análisis se evidenciará que a pesar de que en Colombia existen las normas que disponen los derechos de este agrupado, como la accesibilidad a las instituciones educativas, no se ha superado la problemática sobre cómo y qué hacer para garantizar estos derechos. Se concluye que se presentan fallas en el proceso de materialización para garantizar todos estos derechos de manera efectiva. Para ello, se procedió a seleccionar 13 sentencias de la Corte Constitucional referentes a la accesibilidad en general de las PCD y a la accesibilidad de las PCD a instituciones educativas. Se finaliza con el estudio de las normas nacionales que disponen y desarrollan los derechos de las PCD y las normas técnicas colombianas (NTC) sobre accesibilidad.
  • Ley de protección de los derechos de las personas con discapacidad de Salud (Ley1618 de 2013)
  • Ley Protección de Personas con Discapacidad Mental (Ley 1306 de 2009)
Derecho de acceso a la administración de justicia de las personas en situación de discapacidad.
“Vulneración del derecho al responsabilizar de la declaratoria de deserción del recurso de apelación a las firmas accionantes por contratar a un abogado invidente, y a éste por no contar con un colaborador idóneo en derecho, sistemas y en portales de la Rama Judicial” Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
4 Mar 2021
"Un sistema educativo respetuoso de la igualdad no puede discriminar a las personas en razón a cuáles sean sus capacidades"
“El sistema educativo sólo será incluyente y respetuoso de la dignidad humana cuando, en la práctica y por regla principal, las personas no sean apartadas y relegadas a un sistema educativo distinto y fundado en prejuicios, sin importar cuales sean sus capacidades”. En otras palabras, un sistema educativo respetuoso de la igualdad no puede discriminar a las personas en razón a cuáles sean sus capacidades. Ver Sentencia- Corte Constitucional
3 Mar 2021
Administradoras de Fondos de Pensiones no podrá exigir el inicio de trámite de interdicción para reconocer la sustitución pensional
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales no podrá exigir el inicio de trámite de interdicción para reconocer la sustitución pensional que solicita en los procesos de solicitud de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional. Ver Sentencia- Corte Constitucional
9 Feb 2021
Suspensión de la prescripción de acciones frente a menores de edad o incapaces
“(…) Esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez de conocimiento de los distintos juicios debe ser más acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto más amplio (…)”. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
8 Feb 2021
Régimen de retiro de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica tratándose de miembros en situación de discapacidad.
Frente a la disminución de la capacidad psicofísica de uno de sus miembros, la Policía Nacional tiene el deber constitucional de intentar su reubicación en un cargo en el que pueda seguir siendo útil para la institución, por ejemplo, en labores administrativas, docentes o de instrucción. Solamente “después de realizada la valoración correspondiente y siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía Nacional”. En todo caso, la valoración de esa capacidad por parte de la Junta Médico Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión deberá basarse “en conceptos técnicos, objetivos y especializados en la materia”. Ver Sentencia- Corte Constitucional
1 Feb 2021
Acciones afirmativas a favor de personas en situación de discapacidad y debido proceso en condonación de crédito ICETEX
ICETEX debe realizar ajustes al Reglamento de Crédito, razonables y con enfoque de derechos, a efectos de que se establezca claramente el momento a partir del cual se realizará la condonación de la deuda y el porcentaje de incremento de la discapacidad que se tendrá en cuenta para proceder a dicha condonación, con la finalidad de que los estudiantes en situación de discapacidad, beneficiarios de crédito, conozcan los parámetros con los cuales serán tramitadas y evaluadas las solicitudes de condonación de sus deudas. Ver Sentencia- Corte Constitucional
26 Ene 2021
Trámites de la Ley 1996 de 2019 y deber del notario.
Los acuerdos de apoyo operan por solicitud de la persona en situación de discapacidad que considera que requiere una ayuda para la celebración de uno o varios actos jurídicos determinados. Ver Concepto- Superintendencia de Notariado y Registro
21 Dec 2020
Lugar de prestación de los servicios para otorgar acuerdo de Apoyos.
El Notario o el conciliador, teniendo en cuenta el grado de urgencia o las barreras físicas, económicas, geográficas, o de cualquier otra índole que enfrente la persona con discapacidad, previa solicitud del interesado, podrán optar por desplazarse al lugar donde la persona con discapacidad se encuentre, o hacer uso de los medios tecnológicos que ofrezcan plena garantía de identificación y seguridad de la información, para los fines previstos en este capítulo. Ver Decreto- Ministerio de Justicia y del Derecho
20 Nov 2020
Formalización de los acuerdos de apoyo y directivas anticipadas ante centros de conciliación y notarios
Se reglamenta el trámite ante Centros de Conciliación y Notarios para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1996 de 2019. Ver Decreto- Ministerio de Justicia y del Derecho
17 Nov 2020
Educación inclusiva basada en la igualdad y la no discriminación
El sistema educativo debe adaptarse a las diversidades y necesidades de los estudiantes, en procura de combatir la deserción escolar. Las instituciones educativas tienen la carga de, en determinados casos, adecuar los programas escolares cuando ello constituye una barrera al ejercicio pleno del derecho a la educación. Ver Sentencia- Corte Constitucional
12 Nov 2020
Derechos de las personas en situación de discapacidad, víctimas de la violencia, frente al pago de indemnizaciones por parte de la UARIV
Las personas en situación de discapacidad que pretendan acceder como víctimas “a la oferta institucional de atención, asistencia y reparación en igualdad de condiciones que las demás personas sin discapacidad”, las entidades deben tomar todas las medidas que sean pertinentes con el fin de garantizarles el ejercicio de sus derechos. La adopción de la Ley 1996 de 2019 implica, en general, una prohibición (i) de restringir injustificadamente el ejercicio de la capacidad jurídica en virtud de la situación de discapacidad y (ii) de imponer cualquier tipo de barrera que impidan la materialización de sus derechos. Ver Sentencia- Corte Constitucional
12 Nov 2020
Selección de los representantes de las organizaciones nacionales de personas con discapacidad
Mecanismo de Selección de los Representantes de las Organizaciones Nacionales de personas con discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad (CND). Ver Resolución- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
8 Oct 2020
Derecho de las personas en situación de discapacidad al uso de parqueaderos accesibles
Corte ordena a conjunto residencial adecuar los parqueaderos accesibles de acuerdo con la norma técnica NTC 4904, o la que para el efecto esté vigente, de tal forma que garantice adecuadamente el derecho de accesibilidad y de las demás personas en situación de discapacidad que habiten allí y usen automóvil. Ver Sentencia- Corte Constitucional
30 Sep 2020
Apropiación digital en las personas en situación de discapacidad
El proyecto tiene por objeto garantizar la apropiación digital en las personas con discapacidad a través de una política pública nacional. Ver Proyecto de Ley- Gaceta del Congreso
29 Sep 2020
Derecho a la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad
“La exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo o hija en situación de discapacidad, por parte de las administradoras de fondos de pensiones, constituye una vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados y de sus hijos en situación de discapacidad”. Ver Sentencia- Corte Constitucional
28 Ago 2020
Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) con el objetivo de concertar la política pública para sordos del país
Se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la LSC que tendrá como función integrar y reconocer a la comunidad sorda nacional los derechos lingüísticos que le corresponden. Lo anterior, garantizando igualdad de condiciones para todas las comunidades sordas colombianas con el propósito de facilitar la interacción de la población sorda entre sí, con oyentes e intérpretes en todo el territorio nacional. Ver Ley 2049 de 2020
25 Ago 2020
Presunción de la capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad
Sujetar el pago de una prestación pensional –respecto de la que no existe discusión alguna– a un requisito formal como la designación de apoyos, es una actuación discriminatoria que desconoce los derechos al mínimo vital y a la seguridad social, así como la presunción de capacidad jurídica. Ver Sentencia- Corte Constitucional
20 Ago 2020
Implementación efectiva de espacios públicos en los entes territoriales y prioriza las necesidades de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad para su uso.
Durante el periodo de dos años siguientes a la expedición de la ley, los municipios y distritos, dispondrán del inventario general de espacio público que identificará e indexará los bienes de uso público y los bienes afectos al uso público, en un sistema de información alfanumérico y cartográfico. Ver Ley 2037 de 2020
14 Ago 2020
Implementación efectiva de espacios públicos en los entes territoriales y prioriza las necesidades de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad para su uso.
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, los municipios y distritos, dispondrán del inventario general de espacio público que identificará e indexará los bienes de uso público y los bienes afectos al uso público, en un sistema de información alfanumérico y cartográfico. Ver Ley 2037 de 2020
4 Ago 2020
Asignación y distribución de los recursos para la realización de valoraciones para la certificación de discapacidad
Se establecen los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a la implementación de la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Ver Resolución- Ministerio de Salud y Protección Social
2 Jul 2020
«personas en situacion de discapacidad» en el mundo