Personas en situación de discapacidad - Colombia

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. El demandante considera que la expresión “o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad” viola varios derechos fundamentales, porque impone patrones de normalidad y anormalidad que no son admisibles de acuerdo a la Constitución. Para la Corte, la demanda carece de aptitud, de un lado, por haberse formulado los cargos sobre la base de una interpretación que no se desprende de la norma acusada y, por el otro, por no haber argumentado el demandante de manera clara y suficiente, la razón de la inconstitucionalidad. INHIBIDA, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 36 (parciales) de la ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. El actor considera que las expresiones “normalización social y plena”, así como “normalización” contenida en los artículos 3 y 36 de la ley 361 de 1997, son contrarios a la constitución, particularmente al principio de igualdad y a las normas del bloque de constitucionalidad que reconocen los derechos de las personas en situación de discapacidad. La corte precisó que la normalización social y familiar que propugna el estado mediante la ley 361 de 1997, no se predica de las personas en situación de discapacidad en sí mismas consideradas, sino de la sociedad y del entorno familiar para permitir su integración social plena. Por tanto, ese objetivo establecido por el legislador no configura una discriminación ni vulneración de la dignidad humana o de los derechos de autonomía e igualdad. Se declara la exequiblidad de la expresión acusada contenida en el artículo 3º de la ley 361 de 1997, en el entendido que se refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social. La expresión demandada contenida en el artículo 36 de la precitada ley, se declara exequible.

Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de representación legal de incapaces emancipados. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 82, inciso tercero (parcial). El aparte demandado es el siguiente:…, el fondo de garantías de instituciones financieras avalará al obligado, directamente o ante la entidad fiadora. Según el demandante, el apartado acusado es contrario al artículo 150 numeral 19 literal d) de la constitución política, en cuanto está atribuyendo al fogafin una función de garante, pese a que la mencionada ley no es marco. Así mismo, señala que se violan los artículos 158 y 169 de la carta, en cuanto han violación al principio de unidad de materia y conexidad del título con el contenido de la ley, por cuanto se le está asignando al fondo de garantías de instituciones financieras, una función que no tiene conexidad con el contenido material de la ley 1306 de 2009, ni con las funciones que le fueron asignadas en el estatuto orgánico del sistema financiero. La corte analizó el trámite de las leyes ordinarias y las leyes marco, concluyendo que no difieren y que no resulta inconstitucional la inclusión de normas marco en leyes ordinarias, siempre que se satisfaga el requisito de unidad de materia y el grado de amplitud que caracteriza las leyes generales o marco. Se resuelve declararse inhibida por ineptitud sustantiva de materia de la demanda, en relación al cargo de unidad de materia propuesto por el actor y declarar la exequibilidad del aparte acusado, en relación con el cargo analizado en cuanto a la violación del artículo 150, artículo 19, literal d, de la carta política.

NTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012. Los accionantes y los intervinientes que coadyuvaron las pretensiones de la demanda consideran que la terminología empleada por el legislador para regular la condición de discapacidad, y en particular, expresiones afines a “discapacitado”, “inválido”, “limitado”, “sordo”, “minusválido”, “persona con capacidades excepcionales” y “disminuido”, contenidas en las normas relacionadas deben ser retiradas del ordenamiento jurídico, entre otros motivos, por tener una connotación peyorativa que lesiona el ordenamiento superior. La Corte encontró que aunque el lenguaje sí puede tener implicaciones inconstitucionales, toda vez que podría ser entendido y utilizado con fines discriminatorios, el uso de algunas expresiones como parte del lenguaje técnico jurídico pretende definir una situación legal y no hacer una descalificación subjetiva de ciertos individuos. En ese sentido, varias expresiones fueron declaradas exequibles por los cargos analizados. Igualmente analizó otras expresiones que consideró podrían contener una carga discriminatoria y condicionó su constitucionalidad a una comprensión ligada a la normativa internacional vigente, la cual no tiene cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger.

VASECTOMÍA Y LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO. EN PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL LA SOLICITUD Y EL CONSENTIMIENTO PARA ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁN SER SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, PREVIA AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) de la Ley 1412 de 2010, por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de Trompas de Falopio como formas de fomentar la paternidad y maternidad responsable. El demandante afirma que la expresión acusada es contraria a los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a conformar una familia y a la capacidad legal, al determinar el consentimiento sustituto, previa autorización judicial, para todas las personas con discapacidad mental, sin excepciones. Para la Corte, los requisitos de la interdicción y la autorización judicial específica para la esterilización quirúrgica de personas en situación de discapacidad mental mediante el consentimiento sustituto, se ajustan a la Constitución. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte normativo acusado, en el entendido de que la autonomía reproductiva se garantiza a las personas declaradas en interdicción por demencia profunda y severa, y que el consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones quirúrgicas tiene un carácter excepcional y sólo procede en casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada, una vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga.

Este artículo muestra que la ley 1306 de 2009 modificó aspectos adicionales al régimen de guardas tales como los relacionados con los requisitos de validez del negocio jurídico y ciertos asuntos referentes al derecho de familia, como la adopción, la sucesión de bienes hereditarios y el matrimonio.

Este artículo analiza la problemática que afrontan actualmente las personas con discapacidad en el acceso a los servicios públicos. Se enfoca en analizar la débil comprensión del término discapacidad, las barreras socionormativas a las que se enfrentan, los efectos de no reconocer los compromisos asumidos por los Estados al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y los principales instrumentos regionales e internacionales que regulan los derechos de estas personas. En razón a ello, los Estados se plantean grandes retos en cuanto a asumir el control difuso de convencionalidad, desarrollando dos de sus variantes para amparar los derechos de las personas con discapacidad: social y jurídica. Reto que hoy tiene que asumirse desde la situación especial de "alta vulnerabilidad" a la que está sujeta esta población en el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta los obstáculos del entorno social en cuanto a su accesibilidad a los servicios públicos.

En la actualidad se plantea la necesidad de un amparo jurídico eficaz para las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva, en este artículo de investigación se analiza si existe una debida protección laboral a la persona con discapacidad desde la deficiencia física, síquica o sensorial en el ordenamiento jurídico colombiano y si las normas constitucionales y legales que ordenan proteger a las personas con limitaciones en su estado de salud garantizan el goce efectivo de una vida digna en el ámbito laboral. En esta medida, se realizó una descripción del concepto discapacidad, un estudio de la normatividad que protege al trabajador con limitaciones (como ha sido denominado en la norma para no ser despedido) y una interpretación de las posiciones que sobre la estabilidad laboral asume la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en cuanto a quienes por su condición de salud están en circunstancias de debilidad manifiesta. Se concluye que el concepto de limitación física, psíquica o sensorial debe ser entendido de una manera amplia y no restringido al concepto de invalidez, lo que en el ámbito laboral implica una protección constitucional a todos aquellos casos en que el trabajador desarrolla o posee una enfermedad que le impide la realización normal de sus actividades.

El día 13 de diciembre del año 2011 el Congreso de la República de Colombia, aprobó el proyecto de ley estatutaria 167 de 2011 Senado y 092 de 2011 Cámara, por medio de la cual se dictan las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto de ley tuvo la iniciativa del señor Ministro del Interior Doctor Germán Vargas Lleras y su equipo, con el apoyo de las organizaciones de y para personas con discapacidad, la sociedad civil, las redes de personas con discapacidad, lográndose hacer realidad este valioso instrumento jurídico en el cual se consagran los desarrollos conceptuales de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009, con sentencia de constitucionalidad C-293 de 2010, que se detallan en el presente artículo, incluyendo la jurisprudencia más relevante y la doctrina correspondiente. Palabras Clave: Discapacidad, ejercicio efectivo de derechos, políticas públicas

El objeto de este estudio es presentar las dificultades de la accesibilidad que deben enfrentar las personas con discapacidad (PCD) -física y motriz- en Colombia, específicamente a las instituciones educativas (públicas y privadas). Como resultado de esta problemática, surge la discriminación que viola toda disposición nacional e internacional sobre los derechos del mencionado colectivo, a saber: inclusión social, libre locomoción, educación y la accesibilidad misma. Así pues, se analizará la situación jurídica de las PCD en Colombia a partir de la identificación de sus derechos y de las obligaciones del Estado, y con base en este análisis se evidenciará que a pesar de que en Colombia existen las normas que disponen los derechos de este agrupado, como la accesibilidad a las instituciones educativas, no se ha superado la problemática sobre cómo y qué hacer para garantizar estos derechos. Se concluye que se presentan fallas en el proceso de materialización para garantizar todos estos derechos de manera efectiva. Para ello, se procedió a seleccionar 13 sentencias de la Corte Constitucional referentes a la accesibilidad en general de las PCD y a la accesibilidad de las PCD a instituciones educativas. Se finaliza con el estudio de las normas nacionales que disponen y desarrollan los derechos de las PCD y las normas técnicas colombianas (NTC) sobre accesibilidad.