Nulidad de derecho público - Chile

Causa nº 10849/2014 (Otros). Resolución nº 185061 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 12 de Agosto de 2014 Mejor documento

Se rechaza el recurso de casación en el fondo desde que no se han configurado los errores de derecho alegados, por cuanto la actora ha solicitado que se declare la nulidad de derecho público de los actos denunciados y que, consecuencialmente, se le restituya una franja de terreno, que en su concepto es de su dominio y posesión, así como también se disponga la indemnización correspondiente. Luego, queda en evidencia que la acción deducida es declarativa de derechos y no de nulidad de derecho público, siendo la declaración de nulidad solicitada, en realidad, la vía para los efectos de pedir que se revise un conflicto de dominio y posesión de los terrenos involucrados y, como tal, éste se encuentra sometido a las reglas que regulan esa materia, en particular las contempladas en el Código Civil. En esas condiciones, quedando de manifiesto la real acción procesal intentada, en que la declaración de nulidad de derecho público sólo es funcional al reconocimiento de un derecho subjetivo y la consecuencial prestación que de ello derive, mediante la modificación de la situación relativa al dominio y posesión de una parte de un predio, era menester que el recurso de nulidad atacara la declaración del tribunal en orden a negar la pretensión de restitución en que también sustenta el rechazo de la demanda, la que no se denunció como vulnerada.
Texto Completo Descargar
  • Apéndice N° 3. Prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la nulidad de Derecho Público. Breve análisis de ésta
    1. Planteamiento - 2. La nulidad de derecho público en teoría - 3. Posible nulidad de derecho público de pleno derecho - 4. Prescripción de la nulidad de derecho público y de la responsabilidad del Estado - 5. Jurisprudencia - 6. Conclusión
  • La nulidad procesal de derecho público en general
    Fundamentos constitucionales. De la nulidad de derecho público en general. • Opinión del profesor Eduardo Soto Kloss. • Opinión del profesor Jaime Jara Schnettler. A. Prescriptibilidad, insubsaneabilidad, irrenunciabilidad y acción denulidad. B. Efectos de la nulidad de derecho público. C. F orma de impetrar la nulidad de derecho público.
  • Corte Suprema, 21 de enero de 2004. Radio La Voz del Sur Ltda. con Fisco de Chile (casación en el fondo/nulidad de derecho público)
    DOCTRINA: Los actos de los órganos públicos que sobrepasan sus atribuciones, contradicen el principio de juridicidad, principio básico en un Estado de Derecho. Ha de admitirse que la nulidad de derecho público y la acción correspondiente para que se declaren nulos determinados actos administrativos que han violado la Constitución, son imprescriptibles, esto es, dichos actos han sido nulos desde su nacimiento y lo son y serán para siempre, y la acción referida será por ello inextinguible, así hubiera transcurrido el tiempo que fuere desde que en el hecho esos actos se hubieran producido. Si bien la nulidad de derecho público como la acción para que sea declarada judicialmente reúnen la característica de ser imprescriptibles, no cabe decir lo mismo de las acciones de carácter patrimonial, que han de quedar incluidas en la prescripción aplicable a favor y en contra del Estado según lo dispone el artículo 2497 del Código Civil. No es óbice para que tal aplicación sea admitida el hecho de que la responsabilidad pecuniaria del Estado por la actividad dañosa de sus órganos en el ejercicio de sus atribuciones se fundamente en principios de derecho público como lo estatuyen tanto la Constitución como la Ley Nº 18.575, desde que la acción deducida en estos autos es una acción ordinaria, la cual teniendo un objetivo y contenido patrimoniales, queda sujeta a la prescripción general de las acciones de este carácter.* __________ Voces: Casación en el fondo deducida por el Fisco – Confiscación de bienes particulares – DL Nº 77, de 1973 – Nulidad constitucional/de derecho público (art. 7º de la Constitución) – Nulidad/inexistencia (ipso iure, insanable e imprescriptible) – Interés de la sociedad (es salvaguarda del Estado de Derecho) – Acción de nulidad constitucional (art. 7º inc. 3º de la Constitución) – Acto administrativo nulo (carente de fundamentación en el ordenamiento/inexistencia de base jurídica/autoridad administrativa carece de atribuciones confiscatorias) – Arrogación de atribuciones judiciales por parte de la Administración (art. 4º de la Constitución de 1925/art. 7º de la de 1980) – Privación del derecho de propiedad de sociedad demandante (art. 10 Nº 10 de la Constitución de 1925) – Errónea aplicación de la ley (a situaciones no previstas en ella) – Indemnización de perjuicios por confiscación ilícita de bienes – Responsabilidad del Estado/Fisco – Prescripción de acción indemnizatoria (aplicación del Código Civil: arts. 2492, 2497, 2514, 2515 y 2525) – Acción ordinaria (art. 2515 del Código Civil: sería la que persigue la responsabilidad del Estado/Fisco) – Pretensión anulatoria acogida/pretensión indemnizatoria desechada – Error de derecho de sentencia impugnada de casación en el fondo (se ha omitido aplicar normas de prescripción civil/art. 2497) – Acto administrativo nulo/de nulidad insanable e imprescriptible, por aplicación de la Constitución, pero cuyos perjuicios producidos se declaran prescritos conformes al Código Civil ¿incoherencia lógica?
  • Corte Suprema, 28 de noviembre de 2005. Corte de Apelaciones de Santiago (10 de diciembre de 2004). Vigésimo Juzgado Civil de Santiago (30 de junio de 2004). Centro Juvenil Ages con Instituto de Salud Pública de Chile (nulidad de derecho público/acto administrativo autorizatorio) (casación en el fondo y en la forma)
    DOCTRINA: La acción procesal es el poder jurídico que tiene todo individuo para acudir al juez, el cual no se ve afectado si la pretensión sea fundada o no, o que al final no sea satisfecha, puesto que su finalidad es provocar la actividad jurisdiccional. Como consecuencia del Estado de Derecho se reconoce a todo particular un derecho público subjetivo a vivir bajo el imperio de la ley, que deriva de la obligación constitucional a que está sujeto todo órgano del Estado de actuar en conformidad a la Constitución y a las leyes dictadas de acuerdo a ella. Para asegurar esta obligación es que la propia Constitución ha establecido, entre otros instrumentos, la acción de nulidad de derecho público en su artículo 7º. La legitimación activa del autor se encuentra fundamentada en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución, y además cautelada en el artículo 75 del Código Civil, y legitimada en el artículo 19 Nº 3 inc. 1º de la misma Carta Fundamental y con mayor amplitud en su Nº 14, derecho de petición. Si bien el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil permite al juez preferir entre dos o más pruebas contradictorias la que crea más conforme a la verdad, en el caso tal disyuntiva no se ha producido entre medios de prueba precisos, por lo que tal regla probatoria no se alza como precepto imperativo que tenga el carácter de norma reguladora de la prueba.* __________ Voces: Resolución administrativa que autoriza registro y comercialización de producto químico – Levonorgestrel 0.75 mg. – Afectación del derecho a la vida de ser humano en gestación – Embrión humano: individuo de la especie humana (Código Civil, art. 55) – Persona (protección constitucional: arts. 1º inc. 1º, 1º inc. 4º, 5º inc. 2º, 19 Nº 1) naturaleza de producto y efectos en el embrión humano: contraimplantatorio) – Falta de decisión del producto controvertido (casación en la forma: arts. 768 Nº 5 y 170 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil) – Duda científica sobre efectos de producto cuestionado (“en la duda abstente”/principio de sentido común) – Principio de precaución (si se duda sobre efectos nocivos de una actuación autoridad debe abstenerse de autorización, más aún si se trata de la vida de seres humanos) – Pruebas fehacientes (prospecto del propio laboratorio que fabrica producto que prohibiera la Corte Suprema en 2001 y que ahora aparece idéntico con otra denominación) – Legitimación activa para recurrir de nulidad constitucional (grupos asociativos/Ley Nº 19.418, art. 4º) Estatuto Jurídico de la persona que está por nacer (sujeto de derecho: su defensa puede asumirla incluso un Juez de la República y de oficio/art. 75 del Código Civil) – Instituto de Salud Pública (fines que persigue según su ley orgánica/DL Nº 2.763, de 1979 y su reglamento: protección y recuperación de la salud humana, no su destrucción) – Leyes reguladoras de la prueba (duda del tribunal se vuelve en contra de nasciturus en lugar de beneficiar la salud y la vida del afectado por el producto químico) – En la duda se condena (violación de principio jurídico elemental) – El embrión humano es un sujeto no un objeto o cosa jurídicamente – Cosa juzgada (decisiones contrapuestas).
  • Corte Suprema, 19 de abril de 2000. Brian de Diego, Lucía con Fisco de Chile (casación en el fondo / nulidad de derecho público)
    DOCTRINA: Adolece de nulidad de derecho público un acto administrativo dictado en contravención a normas constitucionales, que ha excedido la competencia atribuida por la ley a su autor. La nulidad de derecho público, que tiene su fundamento normativo en las Bases de la institucionalidad que establece la Constitución Política de la República en su Título I, por las características que presenta y el modo como está concebida, opera de pleno derecho, de modo que solicitada al tribunal éste, al comprobar los elementos de hecho que representan una invasión de potestades, no tiene otra función que reafirmarla, constatando su existencia, y siendo así no cabe aplicar las normas generales de derecho privado sobre prescripciones de las acciones. De allí que ella es imprescriptible. Si el tribunal ha declarado la nulidad de un acto administrativo que ha privado al actor de su derecho de dominio sobre un bien determinado, resulta obvia la conclusión que la misma Administración que dictó aquél deba reparar los perjuicios causados, sin que pueda aplicarse a esta obligación de reparar las normas sobre prescripción extintiva, puesto que emana de una nulidad de derecho público y no de una de derecho privado. VOCES: Confiscación de bienes de particulares - DL Nº 77, de 1973 - DS(J) Nº 1726, de 1973, reglamentario - Acción de nulidad de derecho público (art. 7º de la Constitución) - Actos administrativos nulos (carentes de fundamentación legal) - Privación del dominio de un bien a un particular (vulneración del derecho de propiedad constitucionalmente garantizado: art. 10, inc. 7º de la Constitución de 1925) - Errónea aplicación de la ley (a situaciones no previstas en sus disposiciones) - Nulidad de derecho público: opera de pleno derecho, aun en circunstancias extraordinarias, y es imprescriptible - Interés de la sociedad en este tipo de nulidad (salvaguarda del estado de derecho) - Efectos de esta nulidad (ser restituido al mismo estado anterior a la dictación del acto nulo; ser reparado/indemnizaciones pertinentes) - Indemnizaciones de perjuicios (producidos por aplicación de actos nulos) - Responsabilidad del Estado (fisco) - Imprescriptibilidad - Improcedencia de aplicar normas del Código Civil (cuyo fundamento y fin son distintos de las normas de derecho público) - Papel del juez: comprueba la vulneración a Derecho en que ha incurrido en su dictación el acto impugnado y que lo constituye en acto nulo, nulidad que opera de pleno derecho - Recurso de casación en el fondo: es de derecho estricto (no basta afirmar que conclusiones de fallo recurrido son erradas, debe señalarse norma legal infringida) - Código Civil (alegación de ser infringidos arts. 2492, 2514, 2515 y 2314).
  • Causa nº 2019/2014 (Otros). Resolución nº 121466 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 18 de Junio de 2014
    Se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando la decisión de primera instancia, rechazó la declaración de nulidad de derecho público, pues la recurrente pretende sostener, por una parte, la ilegalidad de la Resolución N° 016 de 2005 fundada en que el Director de Obras de la Municipalidad de Puchuncaví carecía de facultad legal para dictarla, atendido que en realidad ordenó el cambio de uso de suelo de “servicios” a “infraestructura” ; y por otra la responsabilidad extracontractual de la Municipalidad por falta de servicio. Al respecto, en la demanda se alegó que la referida Resolución N° 016 es contraria a derecho por cuanto el Director de Obras ejerció competencias propias del Gobierno Regional, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el artículo 61 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones el cambio de uso de suelo se debe tramitar como modificación al Plan Regulador correspondiente. Por otro lado, en lo que atañe a la acción civil, los demandantes la basaron en la responsabilidad que corresponde a los órganos del Estado por el daño que causen por falta de servicio, específicamente en lo dispuesto en el artículo 141 (actual 152) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Sin embargo, la parte recurrente omite en tales aspectos señalar como infringidas las normas que revisten el carácter de decisoria litis. En efecto, la recurrente no ha invocado como vulnerados los artículos 61 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 152 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, normas que permiten sustentar la ilegalidad reclamada y establecer la responsabilidad por falta de servicio de la Municipalidad demandada. Se rechaza el recurso de casación en la forma, por no configurarse las causales alegadas.
  • Causa nº 3965/2005 (Casación). Resolución nº 12016 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 31 de Mayo de 2006
    DOCTRINA: Una vez constituido originariamente por la autoridad, el derecho de aprovechamiento de aguas se incorpora en propiedad al patrimonio de su titular, quien puede usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. Tratándose entonces de un derecho real de carácter patrimonial, puede ser renunciable, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Código Civil, ya que es un derecho que mira al interés exclusivo de su dueño y cuya resignación no se encuentra prohibida por la ley. La nulidad de derecho público puede conceptuarse como la sanción de ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos de los Órganos del Estado, en los que falten algunos de los requisitos que el ordenamiento establece para su existencia y validez. Esta institución aparece estrechamente vinculada al principio de legalidad previsto en el artículo 6º de la Constitución Política de la República y su consagración positiva radica en el artículo 7º de la misma Carta. ____________ Voces:Derecho aprovechamiento de aguas (derecho de propiedad) – Derecho de propiedad (derecho de aprovechamiento de aguas) – Patrimonio (derecho de aprovechamiento de aguas) – Derecho real patrimonial (derecho de aguas) – Renuncia de los derechos de agua (interés privado) – Interés privado (renuncia de los derechos de agua) – Nulidad de derecho público (sanción de ineficacia jurídica) – Sanción de ineficacia jurídica (nulidad de derecho público) – Requisitos de existencia y validez (actos de autoridad) – Actos de autoridad (requisitos de existencia y validez) – Principio de legalidad (nulidad de derecho público).
  • Causa nº 108/2006 (Casación). Resolución nº 22895 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 6 de Septiembre de 2007
    CONTRATOS. OBJETO ILICITO. El contrato padece de nulidad absoluta por objeto ilícito, basado en que el acto administrativo de recepción definitiva de las obras -previa a la compraventa impugnada- adolecía de nulidad de derecho público, al haberse vulnerado una prohibición de enajenar establecida en normas de carácter legal, como lo son los artículo 136 del referido D.F.L 458 de 1976 y 69 del Código Sanitario.
  • Sentencia de Tribunal del Maule, 9 de Julio de 2014
    El Tribunal Tributario y A. de la VII Región del Maule resolvió ¿Interpóngase ante el Tribunal Ordinario de Justicia competente¿, una demanda de Nulidad de Derecho Público del ¿proceso de Notificación, Revisión, Citación, Liquidación y Giros de diferencias de Impuestos IVA y Renta¿. Se fundamentó la resolución en que la competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros está delimitada expresamente por lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 20.322 que fija el texto de la Ley Orgánica de estos tribunales, dentro de cuyas materias no se encuentra la Acción de Nulidad de Derecho Público interpuesta en lo principal, como acción autónoma, no existiendo norma legal que permita atribuirse o irrogarse dicha competencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Considerando, además, que por el contrario, conforme a lo establecido en los artículos 38 y 76 de la Carta Fundamental, artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y artículos 5, 45 y 108 del Código de Orgánico de Tribunales, en relación con el artículo 1° de la Ley N° 20.322 y el Título I del Libro Tercero del Código Tributario, se colige que la acción de nulidad de derecho público es un asunto de competencia de los tribunales ordinarios de justicia y no de órganos jurisdiccionales especiales que no forman parte del Poder Judicial como los Tribunales Tributarios y Aduaneros, criterio que se encuentra en concordancia con lo manifestado por la Excma. Corte Suprema, en el considerando cuarto de la sentencia de casación, dictada en causa Rol N° 7308-2009. Apelada dicha resolución, la parte recurrente se desistió del referido recurso.-
Nulidad de Derecho Público
En decisión dividida, Corte Suprema acoge recurso de casación en el fondo y acogiendo nulidad de derecho público y ordenando la cancelación de inscripciones de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos irregularmente. En opinión del máximo tribunal, sentencia impugnada incurrió en un error de derecho. por falsa aplicación de las normas de derecho privado relativas a la prescripción de la acción deducida. Ver Sentencia // Sentencia de Reemplazo
3 Ene 2018
Pensiones de falsos exonerados
Consejo de Defensa del Estado evalúa recurso para que falsos exonerados devuelvan pensiones. Una opción es recurrir de nulidad de derecho público en donde hay jurisprudencia a favor del fisco. Defensa de mujer absuelta podría pedir que le sigan pagando beneficio. Leer Noticia.
26 Ago 2016
Nulidad de Derecho Público
En fallo unánime Tercera Sala de la Corte Suprema acoge Recurso de Casación presentado en contra de sentencia que acogió la nulidad de derecho público de certificado de construcción emitido por la Municipalidad de Villarrica. Para la corte la nulidad planteada es patrimonial, por lo que corresponde aplicar la excepción de prescripción planteada, desestimando la nulidad de derecho público intentada. Leer Sentencia // Sentencia de Reemplazo.
26 Ago 2015
«nulidad de derecho publico» en el mundo