Motivación actos administrativos - Chile

Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 16 de abril de 1996. Empresa Magallánica Industrial y Comercial S.A. con Municipalidad de Punta Arenas (reclamo de ilegalidad municipal/Ley Nº 18.695) Mejor documento

Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales
DOCTRINA: Al carecer de toda fundamentación un acto administrativo denegatorio de una petición formulada por el recurrente, ello hace concluir al Tribunal que el decreto impugnado constituye un acto arbitrario, desde que prescinde de expresar los razonamientos de hecho que llevaron a la decisión adoptada. Los motivos que justifican la adopción de determinados actos administrativos no pueden ser formulados en términos vagos y generales, sino precisos, única manera de dar validez jurídica a la decisión adoptada por la autoridad. En un reclamo de ilegalidad formulado en contra de un acto administrativo municipal, el tribunal en el caso de acogerlo puede -conforme a la ley- disponer su anulación total o parcial, o reemplazar la resolución anulada, pero habrá de optarse por la primera de las situaciones toda vez que careciendo dicho acto de fundamentación no es posible al tribunal dictar una resolución, ya que está privada de los necesarios elementos de juicio que le permitan una acabada y pertinente ponderación para decidir respecto de lo solicitado.
VOCES: Decreto alcaldicio - Denegación de modificar plan regulador municipal - Acto administrativo carente de motivación (adolece de nulidad) - Arbitrariedad (negativa carente de fundamentación) - Fundamentación de los actos administrativos (requisito de validez) - Plan regulador comunal - Planta de aserrío - Terreno en zona industrial (alcance) - Uso de inmueble aprobado por la Municipalidad - Limitaciones al dominio (art. 19 Nº 24 de la Constitución) - Afectación de la esencia del derecho de propiedad (art. 19 Nº 26 de la Constitución) - Reserva de acciones (indemnización de perjuicios) - Nulidad de acto administrativo (competencia del Tribunal) - Ley de Municipalidades (Nº 18.695) - Concejo municipal - Ley de Urbanismo y construcción (DFL/Minvu Nº 458/76: art. 43 letra b) - Poderes del tribunal en reclamo de ilegalidad municipal (se anula decreto alcaldicio impugnado y se le ordena que dicte uno nuevo debidamente fundamentado resolviendo la petición del recurrente).
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  • Dictamen nº 29415 de Contraloría General de la República, de 2 de Agosto de 2002
    cursa resolucion del fondo nacional de salud que aprueba el llamado a licitacion publica que indica y acompana las bases administrativas para la ejecucion del proyecto que senala, aprobados por resolucion exenta. no obstante, hace presente que fonasa adoptara las providencias a fin que las bases que se dicten para contrataciones de una cuantia como la de este caso, se remitan para su control de legalidad previo al proceso licitatorio, acorde art/3 num/5 de la resolucion 520/96 de contraloria. asimismo, la clausula de las bases administrativas que dispone que el fonasa se "reserva el derecho de rechazar todas las propuestas... sin expresion de causa alguna", y sin derecho a reclamo ni indemnizacion, no puede alterar el principio de motivacion de los actos administrativos, conforme el cual la administracion debe fundamentar las decisiones que adopte en el ejercicio de sus potestades, sean estas regladas o discrecionales. ademas, la declaracion de que la resolucion no sera reclamable, no empece al principio en cuya virtud todo organo de la administracion esta obligado a revisar los actos que dispuso con infraccion al ordenamiento juridico, los cuales deben modificarse o dejarse sin efecto cuando adolezcan de un vicio de legalidad o se funden en supuestos erroneos, sin desmedro de la facultad de los administrados por recurrir a los tribunales de justicia o a contraloria. finalmente, lo dispuesto en una de las clausulas del contrato celebrado entre fonasa y empresa, en orden a que esta tendra como una de sus principales obligaciones, planificar, organizar, ejecutar, controlar, y supervisar la gestion del centro de contacto del aludido servicio, debe entenderse referida exclusivamente a la supervision tecnica que realizara dicha empresa
  • Dictamen nº 23114 de Contraloría General de la República, de 24 de Mayo de 2007
    No procede atribuir al Consejo Superior de Ética Policial, reglamentado por la Orden General 1523/97 de Investigaciones, las facultades para juzgar la conducta ética de todo el personal de la institución en el desempeño de sus funciones, establecidas en el art/1 inc/2 de dicho documento, porque a través de un acto administrativo solo pueden crearse entidades de carácter asesor, y en ningún caso de carácter ejecutivo, por lo cual procede restringir las atribuciones de ese Consejo a aquéllas orientadas a proponer, sugerir y asesorar lo que convenga a la superioridad de la Institución, en orden a prevenir conductas que podrían contravenir eI Código de Ética Profesional. Tampoco se ajusta a derecho, conforme lo indicado en el art/8 de la Constitución, que en el art/5 de dicha Orden General se indique que las materias que trate el Consejo, en sesiones ordinarias o extraordinarias, tendrán siempre el carácter de secretas. Por ello, no han procedido, pese a su toma de razón, decretos de Investigaciones que dispusieron el retiro temporal de funcionarios, amparados en un expediente secreto y en un oficio reservado. Los decretos a través de los cuales se ejercite la potestad que el art/90 letra b) del DFL 1/80 Defensa otorga al Presidente de la República para disponer el retiro temporal de los Oficiales y personal de Apoyo Científico Técnico de Investigaciones, deben ser motivados, señalándose en éstos las circunstancias y el raciocinio que justifica la adopción de dicha medida. Ello, porque el principio de juridicidad, en un concepto amplio y moderno, conlleva la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional y no obedezcan a un mero capricho de la autoridad, pues en tal caso, resultarían arbitrarios y por ende, ilegítimos. Además, la dictación de los actos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que sus actos no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en una misma situación, cautelándose de este modo el principio de igualdad ante la ley consagrado en el art/19 Num/2 de la Constitución. Reconsidera toda jurisprudencia en contrario.
  • Causa nº 84/2013 (Sección civil). Resolución nº 77727 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 21 de Noviembre de 2013
    CONTRATO DE CONCESIÓN. Esta Corte estima que el reclamo de ilegalidad municipal no es la vía idónea para examinar vicios de nulidad de derecho público. El vicio de ausencia de motivación que invoca el demandante reviste elementos propios de la nulidad de derecho público por infracción al artículo 7 de la Carta Política, rebasando el ámbito propio del reclamo de ilegalidad municipal, no siendo este recurso especial el pertinente para el conocimiento de la infracción invocada. Se estima la demanda.
  • Causa nº 780/2014 (De recursos civil). Resolución nº 75932 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 9 de Mayo de 2014
    LICENCIAS MÉDICAS. PENSIÓN POR INVALIDEZ. Atendidos los porcentajes asignados a las enfermedades alegadas como invalidantes, éstas no alcanzarían una invalidez, al menos, parcial, puesto que para ello requiere de una incapacidad de al menos el 50%, siendo que en la especie sólo se configura como incapacidad un 30%. Se estima el recurso de protección.
  • Dictamen nº 17701 de Contraloría General de la República, de 17 de Abril de 2008
    No se han ajustado a derecho calificaciones de 2005 de médico cirujano del Instituto Nacional del Tórax. Ello, porque los desencuentros entre el afectado y su precalificador son de público conocimiento, existiendo incluso una querella criminal pendiente, por lo que dicho precalificador ha debido abstenerse de participar en dicho proceso evaluatorio resguardando la objetividad del mismo. Las observaciones "no elaboró, presentó o colaboró con el desempeño institucional" realizadas por el precalificador y por la Junta Calificadora son insuficientes y genéricas, no ajustándose al factor "Eficiencia", señalado en el art/55 del dto 110/63 salud, más aún cuando el afectado ha solicitado expresamente a sus superiores la implementación de las condiciones básicas para la adecuada organización y funcionamiento de la unidad que dirige. Lo anterior, porque el principio de juridicidad, en un concepto amplio y moderno, exige que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional y no obedezcan al mero capricho de la autoridad, pues, en tal caso, resultarían arbitrarios, requisito que no se cumple en este caso, porque las calificaciones del recurrente se fundan en observaciones de carácter general. Lo indicado no impide que se pueda calificar el desempeño del año 2007 del mismo funcionario, pues el sistema de calificaciones tiene por finalidad valorar la actividad desarrollada por un empleado durante un determinado lapso, por tanto, las evaluaciones de los diversos períodos son independientes, no estando obligada la autoridad a asignar al servidor un cierto puntaje e incluirlo en una lista en relación con los resultados obtenidos en calificaciones precedentes.
  • Dictamen nº 21948 de Contraloría General de la República, de 28 de Mayo de 2003
    no procede clausula establecida en contrato de servicio celebrado entre particular y la administracion, que establece que al termino de la relacion contractual este ultimo no tiene derecho a interponer demanda o exigir cobro alguno en contra del servicio por la resolucion del contrato, renunciando a toda accion o demanda por tal motivo, porque esa clase de estipulaciones imponen al particular una renuncia anticipada del derecho que pudiere corresponderle para recurrir a los tribunales de justicia ante la dictacion de un acto presuntamente irregular del servicio, y atenta contra el principio de impugnabilidad de los actos administrativos establecido en el art/10 de la ley 18575. asimismo, clausula que preceptua que cualquiera de las partes podra poner termino anticipado al contrato, sin expresion de causa y sin que proceda el pago de indemnizacion alguna, no se condice con el principio de motivacion de los actos administrativos, conforme al cual la administracion se encuentra en el deber de fundamentar las decisiones que adopte en el ejercicio de sus potestades, sean estas regladas o discrecionales, lo cual es sin desmedro, ademas, de la posibilidad que siempre tendran los administrados para hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia
  • Causa nº 4275/2010 (Apelación). Resolución nº 23686 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 7 de Julio de 2010
    ACTO ADMINISTRATIVO. MOTIVACION. Un acto administrativo carece de base legal cuando ha sido motivado por hechos cuya ocurrencia no ha sido demostrada, de suerte que éste queda despojado de su causa. En efecto, según se ha expuesto en doctrina: “las decisiones administrativas deben necesariamente tener un motivo, el que para algunos equivale a su causa, concebida como la situación puramente objetiva que determina el acto administrativo y le sirve de base”.
  • Causa nº 32368/2014 (Casación). Resolución nº 120840 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 20 de Agosto de 2015
  • Causa nº 45067/2014 (Proteccion). Resolución nº 1048497 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 26 de Septiembre de 2014
  • Dictamen nº 43661 de Contraloría General de la República, de 19 de Julio de 2012
    Sobre motivación de acto administrativo que resuelve recurso de revisión.
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