Ley de arrendamientos urbanos - España

Modelo de contrato de arrendamiento de vivienda de temporada, que no constituye primera vivienda y por tanto no está obligada a las renovaciones obligatorias fijadas por Ley.

Modelo de contrato de arrendamiento de vivienda y constitución de un derecho real de opción de compra.

Modelo de contrato de subarrendamiento total de una finca en la que se ejerce una actividad empresarial o profesional.

Modelo habitual de contrato de alquiler de vivienda en el que un tercero actúa como fiador de las obligaciones del contrato.

Modelo de contrato de arrendamiento de un inmueble cuyo destino primordial es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Modelo de a título oneroso.

Modelo de contrato de arrendamiento de local y constitución de un derecho real de opción de compra.

Modelo habitual de contrato de alquiler de vivienda que va a ser destinada a vivienda habitual. Adaptada a la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Notificación de voluntad de desistimiento por parte del arrendatario tras haber transcurrido los primeros seis meses después de la firma del contrato de arrendamiento de vivienda (art. 11 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Durante muchos años los propietarios de viviendas particulares han utilizado el arrendamiento civil para alojar a sus huéspedes temporales, muchos de los cuáles tenían una naturaleza inequívocamente turística, sin ser objeto de ningún reproche de carácter jurídico más allá de cuestiones exclusivamente fiscales. El trabajo realiza un análisis de la reciente modificación de la LAU, que excluye expresamente de esta Ley los alquileres de naturaleza turística

Arrendar una vivienda no es una alternativa real a la compra en muchos países, al tiempo que un bajo porcentaje de vivienda en alquiler impide un buen funcionamiento de este mercado. Las razones para una tasa baja de vivienda en alquiler pueden ser de distinta naturaleza, pero muchas de ellas tienen su origen en el marco legal de los arrendamientos urbanos. Un arrendamiento diseñado jurídicamente como no flexible, ni estable ni tampoco asequible para los arrendatarios tiene pocas oportunidades de tener éxito. Si al mismo tiempo se añaden incertidumbres legales y escasos rendimientos, pocas garantías y un proceso de desahucio poco eficaz, este tampoco será atractivo para los propietarios. Este trabajo analiza los elementos clave que determinan la tasa de vivienda en alquiler tanto en los...

Tanteo y retracto En este trabajo hemos pretendido analizar los derechos de adquisición preferente concedidos al arrendatario en la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo cual responde a una finalidad fundamentalmente protectora de su posición jurídica. Hemos expuesto los requisitos para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, resaltando sus aspectos registrales y su interpretación jurisprudencial, tanto por el TS como por la DGRN a lo largo de los tiempos. Prospective and Retrospective Rights of First Refusal In this paper we endeavour to analyse the preferred rights of purchase granted to tenants under the Urban Leasing Act, whose purpose is fundamentally to protect the legal position of the tenant. We state the requirements for exercising...

Introducción.-2. La evolución histórica del arrendamiento de viviendas.-3. Intervencionismo público y legislación especial de arendamientos urbanos.-4. Tendencias legislativas modernas y mercado inmobiliario.-5. La proteción del arendamiento y la cordinación con la legislación procesal sobrel desahucio por falta de pago.-6. La dinamización del mercado inmobiliario de alquileres y la política de acceso a la vivienda.-7. Conclusiones

Derecho de adquisición preferente En este trabajo hemos analizado el artículo 25.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos a propósito de la RDGRN de 10 de diciembre de 2007, la cual establece que el derecho de adquisición preferente en favor del arrendatario únicamente se da en el caso de venta de vivienda arrendada, no siendo extrapolable a los casos de dación en pago, ya que se trata de una limitación legal del dominio que debe ser interpretada restrictivamente. Right of first refusal This paper analyses article 25.1 of the Urban Leasing Act in regard to the Decision of the Directorate-General of Registries and Notarial Affairs of 10 December 2007. The Decision establishes that the tenant has the right of first refusal only where the sale of the leased housing is concerned, and ...

En este trabajo hemos pretendido analizar la duración de los arrendamientos de vivienda, que será la libremente pactada por las partes, si ésta fuera inferior a cinco años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance la duración mínima de cinco años. Se contemplan excepciones a la prórroga obligatoria del contrato para atender la necesidad del arrendador de ocupar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial ex artículo 9.3 d...

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO URBANO. RENUNCIA A DERECHO. Se ha valorado la existencia de una previsión contractual de desistimiento unilateral del arrendatario mediante el pago de una indemnización, el contenido del documento de entrega de llaves y los demás hechos alegados por el arrendatario, pero no puede valorarse que hubo renuncia por parte del arrendador a la percepción de la indemnización prevista en el contrato para el caso de desistimiento unilateral del arrendatario ni a la percepción de las rentas adeudadas, ya que esta renuncia debe ser hecha de manera expresa e inequívoca.

ARRENDAMIENTO URBANO. CLÁUSULA PENAL. EXTINCIÓN. Se ha valorado la existencia de una previsión contractual de desistimiento unilateral del arrendatario mediante el pago de una indemnización, el contenido del documento de entrega de llaves y los demás hechos alegados por el arrendatario, y ha concluido que no hubo renuncia por parte del arrendador a la percepción de la indemnización prevista en el contrato para el caso de desistimiento unilateral del arrendatario ni a la percepción de las rentas adeudadas. Se desestima la casación.

ARRENDAMIENTO URBANO. La exclusión expresa al régimen de prórroga forzosa, solo resulta exigible en los contratos sometidos a la legislación arrendaticia de 1964. En cuanto a los celebrados bajo la vigencia del Real Decreto Ley 2/1985, se debe reiterar que tras su publicación, la duración de los arrendamientos de local de negocio sería la que libremente hubieran estipulado las partes. Desaparecía así el sistema de prórroga legal forzosa por el que los arrendamientos se prorrogaban por imperativo legal conforme a lo que disponía el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Pese a ello, en principio, nada impide, que, si las partes así lo acuerdan y, en virtud del principio de libertad contractual consagrado en el artículo 1255 del Código Civil, los arrendamientos posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985 puedan someterse al régimen de prórroga forzosa establecido en el citado artículo 57. Pero, para ello, es necesario que exista un acuerdo expreso de sometimiento. Se desestima la casación.

ARRENDATARIOS. LOCAL COMERCIAL. EXPLOTACIÓN CONJUNTA. FALLECIMIENTO. Un contrato de arrendamiento urbano (de vivienda o de local de negocio), existe una pluralidad de arrendatarios en la posición pasiva, debe entenderse que el uso de la vivienda o local de negocio se cede a todos los inquilinos mancomunadamente, por cuanto la mancomunidad es la regla y la solidaridad la excepción, debiendo ser esta última expresamente pactada. Tanto es así, que esta Sala, en otras sentencias (de 8 de marzo de 1969, 27 de noviembre de 1971, 11 de abril de 1973 y 25 de mayo de 1993, entre otras), ha entendido que, al excluirse de la relación arrendaticia uno o varios de los arrendatarios plurales, si el resto de arrendatarios continuaban ocupando y/o explotando el local de negocio, se producía un cambio subjetivo en la persona del arrendatario al adquirir los restantes inquilinos una cuota abstracta proporcional al número de arrendatarios subsistentes, en sustitución de la cuota ideal arrendaticia del arrendatario ausente, lo cual era interpretado como una cesión o traspaso (en el caso del fallecimiento, subrogación) de parte de la vivienda o local, el cual, al realizarse de forma distinta a lo autorizado en el Capítulo IV de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964, daba origen a la causa resolutoria del contrato de arrendamiento prevista en el artículo 114.5.ª del citado texto legal. Dicha doctrina jurisprudencial no constituía un óbice para que, en aplicación de los artículos 1137 Vínculo a legislación y 1138 Vínculo a legislación del Código Civil, las partes, en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, pudieran pactar la solidaridad de la obligación, en cuyo caso la renuncia, abandono, fallecimiento o jubilación de uno de los arrendatarios no daría origen a modificación contractual alguna, al producirse una subrogación automática del resto de deudores solidarios.

ARRENDAMIENTO. Esta Sala entiende que el transcurso del tiempo en contratos de tan prolongada duración como son los de arrendamiento, y la transformación económica de un país, producida, por dicho devenir, no puede servir de fundamento para el cumplimiento de los requisitos requeridos por la jurisprudencia para llegar a la existencia de un desequilibrio desproporcionado entre las prestaciones fundado en circunstancias imprevisibles, pues las circunstancias referidas no pueden tener tal calificación. Se estima la casación.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO URBANO DE VIVIENDA. Si bien la resolución voluntaria del contrato de arrendamiento urbano de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964, implica la renuncia o pérdida de una serie heterogénea de derechos que no sólo conciernen al fundamental y típico de uso del inmueble, sino también al subarriendo y la cesión gratuita de la vivienda, la subrogación del contrato en favor de determinados parientes y en ciertas circunstancias los derechos de tanteo y retracto en caso de enajenación, el mantenimiento de una renta tutelada y, sobre todo, el derecho a la prórroga legal del contrato llegado el término de su vencimiento, debe tenerse en cuenta que ni el contrato de inquilinato ni ninguno de los beneficios que lleva implícitos son susceptibles de integrar el hecho imponible en el impuesto sobre el patrimonio, por lo cual la "indemnización" percibida como compensación de la pérdida de aquel cúmulo de derechos que encierra para el inquilino el contrato no puede tener la consideración de renta. Se estima el recurso contencioso administrativo. Se desestima el recurso de casación.

DESAHUCIO POR EXPIRACIÓN DEL PLAZO. La entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985 ha derogado el régimen de la prórroga legal forzosa, instaurado por el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y, desde entonces, impera plena libertad para determinar la duración del contrato de arrendamiento urbano para uso distinto de vivienda. Los contratos de arrendamiento celebrados al amparo del Real Decreto de 2/1985 pueden someterse a una prórroga forzosa, ya no legal, sino convencional y, en virtud del principio de libertad contractual establecido en el artículo 1255 , es factible que las partes se sometan al referido régimen, siempre que así lo hayan establecido explícita o implícitamente. Como el contrato litigioso es de fecha 23 de noviembre de 2007, resulta que la parte arrendadora no pueda dar por extinguido el contrato de arrendamiento, al estar vinculada, en virtud de la cláusula litigiosa según la interpretación jurisprudencial a que se ha aludido, a una duración de treinta años, que se cumplen el 23 de noviembre de 2037.En primera instancia se desestima la demanda. Se desestima la apelación. Se desestima la casación.

IMPUESTOS. ARRENDAMIENTO. Se aprecia la existencia de un contrato de arrendamiento urbano de vivienda. Su resolución voluntaria por el arrendatario comporta la renuncia o pérdida de una serie heterogénea de derechos que no sólo conciernen al fundamental y típico de uso del inmueble, sino también al subarriendo y la cesión gratuita de la vivienda (con autorización del arrendador), la subrogación del contrato en favor de determinados parientes y en ciertas circunstancias los derechos de tanteo y retracto en caso de enajenación. La "indemnización" percibida como compensación de la pérdida de aquel cúmulo de derechos que encierra para el inquilino el contrato no puede tener la consideración de renta a los efectos del art. 1º.2 de la Ley, y, por consecuencia, tampoco puede ser estimado como incremento patrimonial. Se estima el recurso de casación.

ARRENDAMIENTO. RESOLUCIÓN. El concepto de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales comporta la existencia de criterios dispares entre secciones de Audiencias Provinciales mantenidos cada uno con la suficiente extensión e igual nivel de trascendencia, de modo que puedan calificarse como jurisprudencia operativa en el grado jurisdiccional correspondiente a estos tribunales. Se desestima la casación.