Juicio ejecutivo - Chile

I. Nociones previas - 728. Fuentes legales - 729. Campo de aplicación del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar - 730. Estructura del juicio ejecutivo de mayor cuantía en las obligaciones de dar - II. La demanda ejecutiva - 731. Concepto y sus requisitos - 732. Resoluciones que pueden recaer en la demanda ejecutiva - 733. Recursos en contra de las resoluciones anteriores - 734. El mandamiento de ejecución - 735. El requerimiento de pago - 736. Actitudes diversas del deudor - III. El embargo - 737. Concepto - 738. Bienes susceptibles de embargo - 739. Los bienes inembargables - 740. El privilegio de la inembargabilidad - 741. ¿Quiénes pueden señalar los bienes para el embargo? - 742. Manera de efectuar el embargo - 743. Formalidades posteriores al embargo - 744. Efectos del embargo - 745. Ampliación, reducción, substitución y cesación del embargo - 746. El reembargo - IV. La oposición del ejecutado - 747. Concepto - 748. Excepciones que puede hacer valer el ejecutado - 749. Características de las excepciones anteriores - 750. Plazo para deducir la oposición - 751. Manera de formular la oposición - 752. Diferencias entre las excepciones del juicio ejecutivo y del ordinario de mayor cuantía - 753. La respuesta a las excepciones - 754. Admisibilidad e inadmisibilidad de las excepciones - V. La prueba - 755. El término probatorio - 756. Manera de rendir la prueba - 757. Escritos de observaciones a la prueba - VI. La sentencia definitiva y los recursos - 758. Plazo para dictarla - 759. Clases de sentencias definitivas - 760. Requisitos de forma de la sentencia definitiva - 761. La condenación en costas - 762. Caso en que se omite la sentencia definitiva - 763. Recursos en contra de la sentencia definitiva - 764. La apelación - 765. La casación - VII. Cumplimiento de la sentencia definitiva - 766. Generalidades - 767. Cumplimiento de la sentencia de pago - 768. Cumplimiento de la sentencia de remate - 769. Realización de los bienes que no requieren de tasación previa - 770. Realización de los bienes que requieren de tasación previa - 771. La venta en remate público - 772. Tasación - 773. Bases para el remate público - 774. Fijación de día y hora para el remate público - 775. Publicidad del remate público - 776. Citación de los acreedores hipotecarios, si los hubiere - 777. Autorización judicial o de los acreedores embargantes en su caso - 778. El remate público - 779. El acta del remate público - 780. La escritura pública de remate - 781. Sanción por la no consignación del precio o por la no subscripción de la escritura definitiva de compraventa en remate público - 782. Adjudicación de los bienes embargados o nuevos remates públicos - 783. La prenda pretoria - 784. Nulidad del remate público - 785. Caso en que los bienes embargados consistan en el derecho de gozar una cosa o percibir sus frutos - 786. Procedimientos finales del apremio - VIII. La excepción de cosa juzgada y la sentencia definitiva - 787. Cosa juzgada y juicio ejecutivo - 788. Renovación de la acción ejecutiva - 789. Reserva de derechos - 790. Reserva de acciones - 791. Reserva de excepciones - IX. Las tercerías - 792. Generalidades - 793. Clases de tercerías - 794. La tercería de dominio - 795. Efectos de la tercería de dominio - 796. La tercería de posesión - 797. La tercería de prelación - 798. Efectos de la tercería de prelación - 799. La tercería de pago - 800. Efectos de la tercería de pago - 801. Las tercerías sobre otros derechos - X. Ejecución de obligaciones expresadas o pactadas en moneda extranjera - 802. Generalidades - 803. Clases de obligaciones en moneda extranjera - 804. Juicio ejecutivo de obligaciones expresadas en moneda extranjera - 805. Juicio ejecutivo de obligaciones cuyo pago se ha pactado en moneda extranjera

En el juicio ejecutivo sólo son admisibles las tercerías cuando el reclamante o tercerista pretende dominio de los bienes embargados, derecho para ser pagado preferentemente o derecho para concurrir en el pago a falta de otros bienes. Por consiguiente, no procede la tercería interpuesta por un arrendatario, fundado en un contrato privado de arriendo, por la que pide se le ponga en posesión de la cosa embargada. Don Adrián Matamala, agricultor y domiciliado en Púa, dedujo tercería de dominio en la ejecución que sigue doña Evangelina Lecornec v. de Miller, en representación de la sucesión de su esposo don Diego Miller Almeida, contra don Santiago Alvarez, agricultor y domiciliado en Púa, sobre cobro de pesos, y expone: que consta del documento que acompaña, que el ejecutarlo le arrendó al señor Matamala el 1º de noviembre de 1903 un retazo de terreno como de cien cuadras y el talaje de todo el fundo objeto de la ejecución, hasta el 1º de mayo de 1905 y le cedió además las casas del citado fundo y le vendió al mismo tiempo las maderas del fundo que pudiera sacar hasta el 1º de mayo de 1905, por la suma de $ 150 que el señor Alvarez confiesa haber recibido. Que el ejecutante no ha respetado al arrendatario y le ha lanzado con el auxilio de la fuerza pública para poner en posesión al depositario. Que ha hecho uso indebido de la fuerza pública, pues la cosa embargada se halla en poder de un tercero, como es el arrendatario señor Matamala. Que según el artículo 475 del Código de Procedimiento Civil, el señor Matamala debió quedar en posesión de la cosa arrendada y no ser lanzado. Los únicos derechos que correspondían al ejecutante eran los que tenía el deudor señor Alvarez. Concluye pidiendo se le ponga en posesión de la cosa embargada y le haga entrega de ella el depositario nombrado, señor Sofanor Lagos. Don Aurelio Fernández Rocuant, por la sucesión de don Diego Miller Almeida, evacuando el traslado recaído en el escrito de tercería, expone: que dicha tercería se funda en el artículo 475 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se pretende que don Adrían Matamala es arrendatario de las casas del fundo embargado, 100 cuadras de los mejores terrenos, etc., según consta de un contrato privado que fue presentado en juicio el 19 de noviembre de 1904, como consta del sello del Juzgado. Que el embargo, según se ve en el certificado, fue inscrito en el libro de prohibiciones e interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Victoria el 19 de septiembre último. Que según el artículo 1703 del Código Civil, la fecha de aquel contrato es el 19 de noviembre. Que el artículo 1464, inciso 3º, establece que hay objeto ilícito en este contrato desde el 16 de septiembre en que se trabó embargo por decreto judicial. Que conforme a los artículos 1445 y 1467, no constituye obligación de ninguna especie el documento acompañado por el tercerista. Que si llegara a constituir una obligación, no afectaría tampoco a su parte en virtud de lo dispuesto en el número 3° del artículo 1962 del Código Civil. Concluye expresando no se dé lugar a la tercería, con costas. El ejecutado don Santiago Álvarez contesta que es exacto que arrendó al señor Matamala el 1° de noviembre de 1903, 100 cuadras de terreno y el talaje de todo el fundo hasta el 1º de mayo de 1905, le cedió las casas del mencionado fundo y le vendió las maderas que pudiera sacar hasta la expiración del arrendamiento. La causa se recibió a prueba, rindiéndose la testimonial de que dan cuenta los autos

1. Introducción. 2. Breve referencia histórica. 3. Descripción de los tipos de procedimiento ejecutivo.

Si bien cuando se ejercita la acción hipotecaria por el procedimiento ejecutivo, no es admisible la reconvención, dada la tramitación aplicable en tal caso, cuando la misma acción se hace valer por el procedimiento ordinario le son aplicables todas las reglas de dicha ritualidad, entre las que se encuentran las de los artículos 304 a 307 del Código de Procedimiento Civil y que hacen procedente la reconvención, cualquiera que sea la acción deducida, y sin más limitación que la que se funda en la incompetencia del Tribunal. El acto por el cual se adjudica al acreedor, por falta de postores, la finca hipotecada, no constituye una compra-venta sino una dación o adjudicación en pago, institución jurídica ésta que no puede confundirse con aquélla y que produce distintos efectos, pues, si bien la compraventa y la dación o adjudicación en pago constituyen un título traslaticio de dominio, los últimos suponen un crédito de existencia anterior, lo cual no ocurre en la primera; por la dación y adjudicación en pago se extinguen obligaciones y por la compra-venta, al contrario, se crean; distintas son en una y otra las causas que asisten a los que contratan y el objeto que tienen en mira; y, por fin, en la compra-venta se efectúa la fijación del precio con más libertad que la estimación de la cosa que se da o que forzosamente se adjudica en pago. Los artículos 2397 y 2424 del Código Civil establecen un caso de aplicación de los principios inherentes a la dación o adjudicación en pago (datio in solutum) que es la institución jurídica que permite extinguir una obligación del deudor por medio de una prestación diversa de la que sobre él pesa, sin enervar con ello los efectos de tal extinción, pues si bien es cierto que el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa que la que se le deba, al consentir el acreedor en recibir una cosa por otra, la obligación se extingue como por el pago, como ocurre en el caso de esos artículos que autorizan la adjudicación en pago aun contra la voluntad del deudor. El artículo 1610 N° 2° del Código Civil que establece la subrogación legal a beneficio del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a que el inmueble está hipotecado, no es aplicable al que lo adquirió por adjudicación en pago que es una institución jurídica de distinta naturaleza, condiciones y efectos, de la compra-venta, a la cual esa disposición se refiere. El pago en que debe transferirse la propiedad es válido en cuanto el que paga es dueño de la cosa dada en pago y tiene facultad de enajenarla, y siendo válido el pago, se extingue la obligación y, por consiguiente, lo que a ella es accesorio como la hipoteca. Si después de dada en pago el acreedor sufre evicción, no por eso se invalidan o enervan el pago y sus efectos, sino en cuanto haya faltado la condición de que aquél dependa, o sea que el deudor sea dueño y libre disponedor de la cosa dada en pago; de manera que por la sola circunstancia de estar el inmueble adjudicado al acreedor hipotecario afecto a una hipoteca posterior, ni pueden retrotraerse las cosas al estado anterior a la adjudicación, lo que supondría tener a ésta por nula, dado que la hipoteca posterior no privaba al deudor de la propiedad del inmueble, ni lo hacía incapaz de enajenarlo válidamente, único requisito para la eficacia de la dación en Pago; siendo de advertir, además, que no puede invocarse como razón legal el perjuicio que por tal circunstancia pueda experimentar el acreedor pagado con la adjudicación del inmueble, pues se comprende que él se ha contentado con recibirlo con ese gravamen, ya que las hipotecas son públicas y los certificados de gravámenes los ponen de manifiesto a todo interesado, y si por su culpa descuida las precauciones que el artículo 2428 del Código Civil le otorga para evitar todo perjuicio, no es contrario a la equidad que sobre él recaiga tal descuido. El artículo 1231 N° 2° del Código Civil francés está concebido en términos más amplios que nuestro artículo 1610 N° 2° pues aquél se refiere al adquirente de un inmueble que emplea el precio de adjudicación para el pago de los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado, mientras el artículo 1610 N° 2° alude en forma restrictiva al comprador, excluyendo, por tanto, al adquirente por otro título que el de compra-venta. El artículo 2428 del Código Civil contiene un procedimiento no contemplado en el Código francés que tiende a extinguir el derecho de persecución que la hipoteca otorga a los acreedores en el caso de adjudicación al acreedor hipotecario de grado preferente, mediante la citación de ellos a la subasta y la consignación del precio del remate ante el juez, a fin de que aquellos sean cubiertos sobre el mismo en el orden que corresponda; y con seguirse por el acreedor preferente este procedimiento, desaparece todo peligro proveniente de las hipotecas posteriores. Nuestro Código no contiene preceptos análogos al artículo 2177 del Código francés que, en el caso de evicción proveniente del ejercicio del derecho de persecución que le corresponde al acreedor hipotecario que no fue oportunamente citado, haga revivir la hipoteca que sobre el inmueble tenía el acreedor que lo adquirió, disposición que no tendría razón de ser dado que el artículo 2428 otorga al adquirente el medio de precaver toda evicción que tenga por causa una hipoteca posterior a la suya. Aunque no se haya cancelado la inscripción de la hipoteca hecha a favor del acreedor que se ha adjudicado el inmueble hipotecado, se extingue su hipoteca, desapareciendo su derecho real a cuya conservación solamente y no a su existencia, responde la inscripción hipotecaria. El acreedor hipotecario a quien se le adjudicó el inmueble del cual es privado a virtud del derecho de persecución ejercitado por otro acreedor hipotecario de grado posterior no conserva pues, su hipoteca y sólo tiene derecho a ser plenamente indemnizado por quien corresponda en los términos del artículo 2429 del Código Civil

La tercería de prelación en un juicio ejecutivo es un procedimiento especial, que tiene como parte demandante al tercerista y como demandados, al ejecutante y ejecutado del juicio ejecutivo, sin que pueda calificársele como un simple incidente, ya que lo que expresa el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, es que dichos juicios especiales "se tramitarán como incidentes", pero conservando una vida separada e independiente del juicio ejecutivo al que accede

Aunque el tercer poseedor de la finca hipotecada no sea citado para los trámites del juicio ejecutivo entre el acreedor y el deudor personal, en que es embargada y subastada la finca hipotecada de que el tercero se desapodera forzada o voluntariamente, le afecta tanto el procedimiento judicial como la sentencia de ese juicio ejecutivo. Con ello no se viola el derecho de propiedad puesto que el efecto natural del contrato de hipoteca consentido por el dueño, es el de la enajenación judicial de la finca. La intervención que el dueño de una finca hipotecada ha tenido en el juicio ejecutivo seguido contra la Sociedad de que era socio, a la cual había aportado la finca hipotecada por dicha sociedad aún en el supuesto de no haberse desprendido del dominio de ella, importa la aceptación de la hipotecación y del procedimiento ejecutivo. No infringe por lo tanto el principio de la cosa juzgada el tribunal que para rechazar la demanda del dueño que solicita la nulidad de la subasta por no haber figurado en su carácter de tal en el juicio sino como representante del deudor personal, toma en consideración las resoluciones que en dicho juicio dispusieron la subasta y aprobaron la tasación de la finca. No infringe el artículo 1793 del Código Civil, la sentencia que rechaza la acción de nulidad de la escritura pública de remate, fundada en no haberse fijado precio a los inmuebles subastados, si de esa misma escritura aparece que dicho precio se fijó. Pedida, además, la nulidad de la escritura de remate por no haber sido tasadas las salitreras adjudicadas por ella, no procede esta acción, si del informe del perito nombrado para valorizar los bienes embargados aparece que estimó el valor del caliche existente en dichas pampas en la cantidad de $ 13,000.000, agregando si las consideraciones que a su juicio hacían desmerecer o anular su valor, hasta el punto de imponer una pérdida al que se dedicase a su elaboración con motivo del impuesto de exportación, por lo que se deben tomar sólo en ese sentido restrictivo la frases "con exclusión de la pampa misma" o "excluidas las pampas mismas", de que se sirve en su informe, sin que pueda establecerse por esto que no fueron realmente apreciadas en lo que en concepto del perito valían y de que se omitiera la formalidad ordenada en el artículo 46 de la ley de 8 de febrero de 1837. Si en el juicio ejecutivo fue motivo de controversia el saber si se tomaba como base para la subasta el valor nominal de $ 13,000.000, atribuído por el perito al caliche o el valor indicado en el informe, rebajando el costo de elaboración y el monto del impuesto y si esta controversia fue resuelta por sentencias que declararon que el importe de la tasación de los bienes embargados ascendía a una suma dada y que en ella estaban comprendidas dichas salitreras, no infringe el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia recurrida que establece que del examen de la tasación del perito, de las resoluciones citadas y de los antecedentes de la causa aparece que esas salitreras fueron tasadas entre los bienes embargados y que esa tasación fue aprobada por la justicia

I. Nociones previas - 806. Fuentes legales - 807. Campo de aplicación del juicio ejecutivo de mayor cuantía en las obligaciones de hacer. 117 - 808. Derecho del acreedor ante el incumplimiento de una obligación de hacer - 809. Requisitos de procedencia de la acción ejecutiva en las obligaciones de hacer - 810. Subclasificación del juicio ejecutivo de mayor cuantía en las obligaciones de hacer - II. Juicio ejecutivo sobre subscripción de un instrumento o constitución de una obligación - 811. El procedimiento ejecutivo - 812. El procedimiento de apremio - III. Juicio ejecutivo sobre realización de una obra material - 813. El procedimiento ejecutivo - 814. El procedimiento de apremio - 815. Ejecución de la obra material por un tercero a expensas del deudor - 816. Arrestos o multas

Acreditándose mediante otros medios que los bienes muebles embargados en un juicio ejecutivo no son de propiedad del ejecutado, sino del tercerista, no es necesario recurrir a la presunción contemplada en el artículo 700 del Código Civil, como tampoco necesario acreditar estrictamente el ánimo de señor y dueño