Derecho procesal penal - Colombia

Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004). Mejor documento Vigente

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  • Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 1033/06 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 2006
    Ley 906 de 2004, artículo 531, incisos 1º y 2º. Se expide el código de procedimiento penal. Regimen de transicion. Proceso de descongestion, depuracion y liquidacion de procesos. Terminos de caducidad y prescripcion de las acciones. Para el actor los incisos 1° y 2° del artículo 531 de la ley  906 de 2004 vulneran los artículos 1º, 13, 29, 93, 229 y 250 de la constitución política. La ausencia de cosa juzgada. Solicitudes de inhibición. Potestad de configuración del legislador en materia penal   y en particular  para establecer los términos de caducidad y prescripción  de la acción penal. Las prescripcion hace parte del nucleo esencial del debido proceso puesto que su declaracion tiene la consecuencia de culminar de manera definitiva un proceso, con efectos de cosa juzgada. Para la corte, ni la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, ni la conveniencia de descongestionar, depurar y liquidar procesos penales anteriores a la entrada en vigencia de ese código, justifica en manera alguna, ni sirve de sustento para clausurar la oportunidad de que prosigan esos procesos, en aras de garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La demora de más de cuatro (4) años en el adelantamiento de las investigaciones a cargo de la fiscalía, tampoco puede justificar la aplicación de la prescripción, en contravía de un real acceso a la administración de justicia de las víctimas de tales ilícitos. La corte considera que los cargos de inconstitucionalidad formulados por el actor en contra de los incisos primero y segundo del artículo 531 de la ley 906 de 2004 están llamados a prosperar. Inexequible el articulo 531 de la ley 906 de 2004
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 591/14 de Corte Constitucional, 20 de Agosto de 2014
    Demanda De Inconstitucionalidad Contra El Artículo 88 (parcial) De La Ley 906 De 2004, Por La Cual Se Expide El Código De Procedimiento Penal. El Demandante Considera Que La Norma Que Autoriza Al Fiscal A Ordenar La Devolución De Bienes Y Recursos Incautados U Ocupados A Quien Tenga Derecho A Recibirlos, Cuando Ellos No Sean Necesarios Para La Indagación O Investigación, O Se Determine Que No Se Encuentran En Circunstancias En Las Cuales Procede El Comiso, Sin La Intervención Del Juez De Control De Garantías, Vulnera La Norma Constitucional Que Exige Previa Autorización Judicial Para La Adopción De Medidas Que Afecten Derechos Fundamentales. Igualmente Estima, Que Dicha Norma Compromete El Derecho De Propiedad, Así Como Los Derechos Fundamentales A La Intimidad, Al Debido Proceso, Al Trabajo E Incluso A La Vida. Para La Corte, El Precepto Acusado Vulnera Dos Principios Nucleares Del Sistema Penal Acusatorio. Uno, La Separación De Funciones Entre El Fiscal Y El Juez De Control De Garantías, Conforme Al Cual Las Decisiones Que Comporten Potestad Jurisdiccional Solo Pueden Ser Proferidas Por Este Y, El Otro, La Radicación En El Juez De Control De Garantías De Las Decisiones Que Afecten Derechos Fundamentales. En Síntesis, La Medida Afecta El Derecho Fundamental De Acceso A La Justicia De Quienes Tuvieren Un Interés Legítimo En Los Bienes Incautados U Ocupados Y, Particularmente, El Derecho De Las Víctimas A Garantizar Su Expectativa Reparatoria. Inexequibles Los Apartes Normativos Demandados.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 366/14 de Corte Constitucional, 11 de Junio de 2014
    Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “o realizar la captura”, contenida en el artículo 219 de la ley 906 de 2004. El actor afirmó que la preceptiva acusada desconoce el derecho a la libertad y las facultades expresamente otorgadas a la fiscalía general de la nación, al permitirle ordenar la captura de una persona durante una diligencia de registro y allanamiento, sin una previa autorización del juez. Concluye la corte que los motivos existentes para que, en aplicación del artículo 219 de la ley 906 de 2004, la fiscalía haga efectiva una captura en los supuestos allí contenidos, previa orden del juez, remiten a normas donde los presupuestos y requisitos están claramente definidos por el legislador y por la jurisprudencia, salvaguardando así no solo la excepcionalidad en la restricción de los derechos fundamentales del individuo dentro del proceso penal, sino los inmanentes principios de reserva judicial y legal. Se declara la exequibilidad de la norma analizada frente al cargo relacionado con el aducido desconocimiento de los artículos 28 y 250 de la constitución.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 1177/05 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2005
    Ley 906 de 2004, artículo 69, parcial "por la cual se expide el código de procedimiento penal". Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. A juicio de los demandantes los apartes acusados de la norma, infringen el artículo 229 de la constitución, por cuanto habilitar a la fiscalía para inadmitir las denuncias que considere carentes de fundamento, limita el libre acceso a la administración de justicia. Naturaleza de la denuncia como acto procesal. El alcance del derecho de acceso a la justicia en la constitución y la jurisprudencia. Límites por parte del legislador. La inadmisión de las denuncias sin fundamento y su ampliación por una sola vez, constituyen limitaciones constitucionalmente razonables, al derecho de acceso a la justicia ?. La eventual inadmisión de una denuncia no se vislumbra así, como un acto propio de la nuda liberalidad del funcionario investigador, se trata de una decisión que sólo puede legitimarse por la ausencia, en el caso concreto, de los parámetros constitucionales que condicionan la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal: la posible existencia del hecho, y que el mismo revista las características de un delito investigable de oficio. La expresión "en todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento" del inciso 2° del artíuclo 69 es compatible con la constitución, siempre y cuando se entienda que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al ministerio público. Exequibilidad condicionada
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 592/05 de Corte Constitucional, 9 de Junio de 2005
    Ley 906 de 2004 articulos 127, 291, 287 y las expresiones "las disposiciones de este codigo se aplicaran unica y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia" contenida en el incisio final del articulo 6º, "la protección de los testigos y peritos que pretendan presentar la defensa sera a cargo de la defensaioria del pueblo" contenida en el numeral 6º del articulo 114. Elementos esenciales del nuevo sistema penal y los parámetros para la interpretacion de las normas del nuevo codigo de procedimiento penal ley 906 de 2004. Bloque de constitucionalidad y su proyección. Los principios de legalidad y de favorabilidad en materia penal y el significado que a los mismos se le ha dado en la jurisprudencia constitucional. Contenido y alcance de la norma donde se contienen las expresiones "las disposicones de este codigo se aplicaran unica y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia". Competencias que la constitucion asigna a la fiscalia general de la nación y a la defensoria del pueblo. Cosa juzgada constitucional en relacion con la acusación por el supuesto desconocimiento del articulo 14, numeral 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. Reiteracion de criterios expuestos en la sentencia c-591 de 2005. Inhibición de la corte en relación con la acusación frmulada en contra del articulo 287 de la ley 906 de 2004 por ineptitud sustantiva de la demanda. Exequibles, estarse a lo resuelto en c-591 de 2005 e inhibida
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 540/12 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2012
    Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria no. 263/11 senado y 195/11 cámara, por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y, se dictan otras disposiciones. La corte concluyó que el proyecto de ley estatutaria para regular el marco jurídico de las actividades de inteligencia y contrainteligencia se ajusta a la constitución desde el punto vista formal y material, salvo en algunas disposiciones de orden penal que declaró inexequibles. Asimismo, ratificó la garantía constitucional de la libertad de prensa frente al mandato de reserva bajo un ejercicio responsable. Se declara exequible por su aspecto formal, el proyecto de ley estatutaria revisado y exequibles sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 54, 55 y 56. Exequilbe el artículo 13 del proyecto, salvo el literal -j- que se declara inexequible. Exequible el artículo 33 del proyecto de ley, salvo el inciso tercero que es inexequible. Los artículos 40 al 49 del proyecto de ley se declaran inexequibles y exequible el artículo 53 salvo la expresión “las autoridades de policía judicial y” que se declara inexequible.
  • Solicitud de pruebas del fiscal especializado
  • Alegatos del ministerio público - lesiones personales
  • Sentencia de Tutela nº 535/94 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 1994
    Injuria y calumnia. Tutela contra particulares. Disolucion de vinculo conyugal. Creencias religiosas. Medio de defensa judicial. Negada.
  • Apelación del delito de inasistencia alimentaria
  • Sentencia de Tutela nº 440/93 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 1993
    Derecho al buen nombre. Debido proceso. Evasion de impuesto al consumo de la cerveza. Negada.
  • Memorial en solicitud de avaluo de perjuicios
  • Memorial de solicitud de habeas corpus
  • Solicitud de traslado de carcel
  • Tasación de perjuicios - Tecnicamente
  • Memorial identificando al denunciado
  • Apelación del delito sexual
    Doctora..........FISCAL ................
  • Solicitud de libertad provisional
  • Memorial aporte de pruebas
  • Memorial de solicitud de audiencia de juzgamiento
  • Diligencia de sustentación del recurso oral
    JUZGADO PENAL____________DE_______DILIGENCIA DE SUSTENTACION ORAL .- PROCESO No. ____
  • Memorial para la solicitud de sentencia anticipada
  • Solicitud de libertad - indemnización integral
  • Ejecutivo con sentencia penal - medidas cautelares
    ..........., mayor de edad, domiciliado en ................, identificado con la cédula
  • Solicitud de medida cautelar - comiso
  • El principio de oportunidad en el derecho procesal penal colombiano. Fundamentos, evolución y aplicación
  • Memorial de solicitud inhibitoria en penal
  • Panorama de la problemática a propósito del papel de la víctima en los procedimientos penales de la Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004: logros, retrocesos y desafíos
  • Deberes y poderes de los intervinientes en el proceso penal
  • La larga sombra de las categorías acusatorio-inquisitivo
    Este trabajo argumenta que las categorías acusatorio e inquisitivo han sido más centrales para el derecho procesal penal comparado que lo que se ha reconocido previamente ya que han contribuido a constituirlo y a moldearlo como campo transnacional al reflejar y restringir sus principales tendencias teóricas y sus mayores temas de interés. Se identifican las principales tradiciones teóricas de este campo mediante un relevamiento de los usos que la doctrina y la jurisprudencia le han dado a la distinción entre acusatorio e inquisitivo, y se argumenta que incluso los principales análisis alternativos existentes operan dentro de estas mismas tradiciones teóricas. Además, se aduce que la dicotomía acusatorio-inquisitivo también ha contribuido a limitar el tipo de temas tratados por este campo. Finalmente, se esbozan diversas maneras mediante las cuales el derecho procesal penal comparado puede superar la larga sombra teórica y temática de las categorías acusatorio-inquisitivo y así expandir y enriquecer nuestro conocimiento y análisis, tanto positivos como normativos, sobre el proceso penal.
  • La carga de la prueba en el proceso penal acusatorio en Colombia: disyuntiva de aplicación en la jurisprudencia de las altas Cortes
    El presente artículo señala la disparidad de criterios generada al interior de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en relación con la utilización de las teorías de la carga dinámica de la prueba en el proceso penal colombiano con tendencia acusatoria, puesto en vigencia mediante la Ley 906 de 2004. Este estudio constituye un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial con enfoque cualitativo de carácter jurídico básico, con el cual se obtiene como resultado que la ausencia de unificación de criterios en las altas Cortes ha permitido la aplicación de la distribución de la carga de la prueba de manera arbitraria, en contra de la prohibición estipulada en el inciso 3° del artículo 7° del Código de Procedimiento Penal (C. P. P.).
  • Los principios y garantías del debido proceso penal y su aplicación en materia tributaria
    El debido proceso es un concepto complejo compuesto por principios y garantías. La Corte Constitucional es reiterativa en indicar que los principios y garantías del derecho penal sí aplican en el derecho administrativo sancionatorio, pero su aplicación no se hace de forma absoluta sino de forma relativa. Es decir, en el derecho administrativo se presentan matizaciones o atenuaciones, que por su naturaleza administrativa se deben presentar. ¿Cuáles son las razones que le permiten concluir a la Corte Constitucional que se deben presentar matizaciones o atenuaciones en el debido proceso administrativo sancionatorio? ¿Cuáles son las matizaciones o atenuaciones que se presentan en el derecho administrativo especial tributario sancionatorio? Estos son los interrogantes a los que se les dará respuesta en el presente escrito, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
  • Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
  • Ley 600, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
  • La indagación y la investigación
  • Modificaciones introducidas al código de procedimiento penal
  • De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
  • El proceso
  • Principios el régimen probatorio en el marco del sistema procesal penal en Colombia
    Se analizan en este artículo los principios que rigen el proceso penal en Colombia y los principios que sustentan la actividad probatoria.
  • Término de prescripción de la acción penal
    Calificación jurídica que se debe tener en cuenta para contabilizar
La víctima deberá ser oída e informada por el fiscal en la celebración del preacuerdo y por el juez encargado de aprobar el acuerdo
Penal- En el proceso penal el poder discrecional de la fiscalía para suscribir preacuerdos y la autonomía de los jueces para ejercer su control encuentran un límite en el derecho que tienen las víctimas a participar en el proceso penal. Ver Sentencia- Corte Constitucional
4 Dec 2019
El ‘zar de la vigilancia’ era consciente de que estaba cometiendo delitos
Penal- El ‘zar de la vigilancia’ Jorge Arturo Moreno Ojeda era consciente de que estaba cometiendo delitos y que con sus actuaciones estaba afectando el bien jurídico de la administración pública. Ver Noticia- El Tiempo
20 Nov 2019
“Actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad”
Penal- Las “actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad” no se limita a actividades de acceso carnal, sino además cualquier otra forma de acto sexual que implique acercamiento físico (o virtual) entre la víctima y el explotador, así como el pago u otro tipo de remuneración por la prestación del servicio, ya sea al menor o a un tercero. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
8 Nov 2019
Proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal
Penal- El proyecto reforma el Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004. Ver Proyecto de Ley- Congreso de la República
5 Nov 2019
Restricción del derecho a la libertad de una persona
Penal- La restricción del derecho a la libertad de una persona está condicionada a que exista, (i) un “mandamiento escrito de autoridad judicial competente” y (ii) que la orden se efectúe “con las formalidades legales”, por ello “toda persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley” Ver Sentencia- Corte Constitucional
30 Oct 2019
El allanamiento a cargos como modalidad de preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado
Penal- El allanamiento a cargos es la aceptación unilateral del procesado respecto de los cargos que le son imputados por la Fiscalía. Ver Artículo- Andrea Succar Fayad de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
28 Oct 2019
Derecho fundamental a la impugnación
Penal- El proyecto garantiza el derecho fundamental a la impugnación, el principio de Favorabilidad. Ver Proyecto de Ley- Gaceta del Congreso
15 Oct 2019
Derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria
Penal- Corte estudia si se vulneraron los derechos fundamentales del accionante al negarle la impugnación de la primera sentencia condenatoria, con el argumento de que no existe una norma procesal expresa que lo reconozca. Ver Sentencia- Corte Constitucional
10 Oct 2019
El principio de favorabilidad es una excepción de naturaleza constitucional al efecto general inmediato de las disposiciones procesales y al principio de irretroactividad de ley penal, que no puede ser desconocido por el juez
Penal- El principio de favorabilidad tiene un vínculo directo con la aplicación de la norma, más no con su contenido, por lo que en cada caso particular corresponde al juez verificar y decidir cuál es la norma procesal o sustancial que más favorece al sindicado. Ver Sentencia- Corte Constitucional
9 Oct 2019
Procedimiento para autorizar entrevistas para periodistas y/o medios de comunicación en relación con los internos y las internas a cargo del Inpec y sometidos a la JEP
Público- Se regula el procedimiento para autorizar entrevistas por parte de periodistas y/o medios de comunicación a internos en establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec, incluyendo los miembros de la fuerza pública en custodia de la Dirección de Centros de Reclusión Militar (DICER), que se encuentren sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ver Acuerdo- Jurisdicción Especial para la Paz
7 Oct 2019
Principio de favorabilidad también rige para los condenados
Penal- “Ningún mandato constitucional y legal, impide que la reducción de pena en el monto establecido en el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017 favorezca a los condenados, en la medida que el principio de favorabilidad opera sin excepción alguna y con preferencia sobre la ley odiosa o restrictiva.” Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
4 Oct 2019
Ninguna incidencia tiene el grado de pureza frente al peso de la sustancia
Penal- Ninguna incidencia tiene el grado de pureza del alcaloide frente al peso de la sustancia, que pueda incidir frente a la causal de agravación. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
4 Oct 2019
Corte Constitucional revisará tutela del exministro Andrés Felipe Arias
Penal- Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela que el exministro Andrés Felipe Arias presentó contra la Corte Suprema de Justicia para que se le diera una segunda instancia en su caso. Ver Noticia- El Tiempo
2 Oct 2019
85% de los procesos tramitados por el procedimiento abreviado terminaron archivados
Penal- “Según cifras de la Fiscalía, de todos los procesos que en 2018 se tramitaron por procedimiento abreviado (838.768), el 85 % (506.161) terminaron archivados.” Ver Noticia- El Tiempo
30 Sep 2019
Principio de doble conformidad a todas las personas que sean condenadas penalmente.
Penal- “La doble conformidad en materia penal es un componente sustancial del debido proceso, que supone que toda persona que sea condenada tiene el derecho de impugnar esa decisión, a través de un mecanismo que permita la revisión de la sentencia desfavorable.” Ver Sentencia- Corte Constitucional
13 Sep 2019
Libertad por vencimiento de términos
Penal- Debate por libertad por vencimiento de términos. Ver Noticia- El Tiempo
26 Ago 2019
Reglas para determinar la competencia en casos de extinción de dominio.
Penal- (i) Los procesos de extinción de dominio iniciados durante la vigencia de la Ley 793 de 2002 deberán agotarse íntegramente con apego a esa normatividad. (ii) Los procesos de extinción de dominio iniciados durante la vigencia de la 1453 de 2011 deberán agotarse íntegramente con apego a esa normatividad. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
22 Ago 2019
Pena de prisión perpetúa
Penal- El proyecto tiene por objeto modificar el artículo 34 de la Constitución Política, estableciendo la pena de prisión perpetua revisable. Ver Gaceta del Congreso- Congreso de la República
1 Ago 2019
Pago de intereses como requisito para la terminación del proceso penal por el delito de “omisión del agente retenedor o recaudador”
Tributario- Corte analiza si pago de intereses como una de las condiciones para la terminación del proceso penal por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador vulnera el principio de proporcionalidad que se deriva del artículo 29 superior porque incluye un elemento que no hace parte del tipo penal. Ver Sentencia- Corte Constitucional
18 Jul 2019
Policía judicial puede divulgar las órdenes de captura a través de los medios de comunicación.
Penal- La Policía Judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación las órdenes de captura. Ver Sentencia- Corte Constitucional
10 Jul 2019
«derecho procesal penal» en el mundo