Derecho procesal penal - Colombia

Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004). Mejor documento Vigente

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  • Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 1033/06 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 2006
    Ley 906 de 2004, artículo 531, incisos 1º y 2º. Se expide el código de procedimiento penal. Regimen de transicion. Proceso de descongestion, depuracion y liquidacion de procesos. Terminos de caducidad y prescripcion de las acciones. Para el actor los incisos 1° y 2° del artículo 531 de la ley  906 de 2004 vulneran los artículos 1º, 13, 29, 93, 229 y 250 de la constitución política. La ausencia de cosa juzgada. Solicitudes de inhibición. Potestad de configuración del legislador en materia penal   y en particular  para establecer los términos de caducidad y prescripción  de la acción penal. Las prescripcion hace parte del nucleo esencial del debido proceso puesto que su declaracion tiene la consecuencia de culminar de manera definitiva un proceso, con efectos de cosa juzgada. Para la corte, ni la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, ni la conveniencia de descongestionar, depurar y liquidar procesos penales anteriores a la entrada en vigencia de ese código, justifica en manera alguna, ni sirve de sustento para clausurar la oportunidad de que prosigan esos procesos, en aras de garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La demora de más de cuatro (4) años en el adelantamiento de las investigaciones a cargo de la fiscalía, tampoco puede justificar la aplicación de la prescripción, en contravía de un real acceso a la administración de justicia de las víctimas de tales ilícitos. La corte considera que los cargos de inconstitucionalidad formulados por el actor en contra de los incisos primero y segundo del artículo 531 de la ley 906 de 2004 están llamados a prosperar. Inexequible el articulo 531 de la ley 906 de 2004
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 591/14 de Corte Constitucional, 20 de Agosto de 2014
    Demanda De Inconstitucionalidad Contra El Artículo 88 (parcial) De La Ley 906 De 2004, Por La Cual Se Expide El Código De Procedimiento Penal. El Demandante Considera Que La Norma Que Autoriza Al Fiscal A Ordenar La Devolución De Bienes Y Recursos Incautados U Ocupados A Quien Tenga Derecho A Recibirlos, Cuando Ellos No Sean Necesarios Para La Indagación O Investigación, O Se Determine Que No Se Encuentran En Circunstancias En Las Cuales Procede El Comiso, Sin La Intervención Del Juez De Control De Garantías, Vulnera La Norma Constitucional Que Exige Previa Autorización Judicial Para La Adopción De Medidas Que Afecten Derechos Fundamentales. Igualmente Estima, Que Dicha Norma Compromete El Derecho De Propiedad, Así Como Los Derechos Fundamentales A La Intimidad, Al Debido Proceso, Al Trabajo E Incluso A La Vida. Para La Corte, El Precepto Acusado Vulnera Dos Principios Nucleares Del Sistema Penal Acusatorio. Uno, La Separación De Funciones Entre El Fiscal Y El Juez De Control De Garantías, Conforme Al Cual Las Decisiones Que Comporten Potestad Jurisdiccional Solo Pueden Ser Proferidas Por Este Y, El Otro, La Radicación En El Juez De Control De Garantías De Las Decisiones Que Afecten Derechos Fundamentales. En Síntesis, La Medida Afecta El Derecho Fundamental De Acceso A La Justicia De Quienes Tuvieren Un Interés Legítimo En Los Bienes Incautados U Ocupados Y, Particularmente, El Derecho De Las Víctimas A Garantizar Su Expectativa Reparatoria. Inexequibles Los Apartes Normativos Demandados.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 366/14 de Corte Constitucional, 11 de Junio de 2014
    Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “o realizar la captura”, contenida en el artículo 219 de la ley 906 de 2004. El actor afirmó que la preceptiva acusada desconoce el derecho a la libertad y las facultades expresamente otorgadas a la fiscalía general de la nación, al permitirle ordenar la captura de una persona durante una diligencia de registro y allanamiento, sin una previa autorización del juez. Concluye la corte que los motivos existentes para que, en aplicación del artículo 219 de la ley 906 de 2004, la fiscalía haga efectiva una captura en los supuestos allí contenidos, previa orden del juez, remiten a normas donde los presupuestos y requisitos están claramente definidos por el legislador y por la jurisprudencia, salvaguardando así no solo la excepcionalidad en la restricción de los derechos fundamentales del individuo dentro del proceso penal, sino los inmanentes principios de reserva judicial y legal. Se declara la exequibilidad de la norma analizada frente al cargo relacionado con el aducido desconocimiento de los artículos 28 y 250 de la constitución.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 1177/05 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2005
    Ley 906 de 2004, artículo 69, parcial "por la cual se expide el código de procedimiento penal". Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. A juicio de los demandantes los apartes acusados de la norma, infringen el artículo 229 de la constitución, por cuanto habilitar a la fiscalía para inadmitir las denuncias que considere carentes de fundamento, limita el libre acceso a la administración de justicia. Naturaleza de la denuncia como acto procesal. El alcance del derecho de acceso a la justicia en la constitución y la jurisprudencia. Límites por parte del legislador. La inadmisión de las denuncias sin fundamento y su ampliación por una sola vez, constituyen limitaciones constitucionalmente razonables, al derecho de acceso a la justicia ?. La eventual inadmisión de una denuncia no se vislumbra así, como un acto propio de la nuda liberalidad del funcionario investigador, se trata de una decisión que sólo puede legitimarse por la ausencia, en el caso concreto, de los parámetros constitucionales que condicionan la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal: la posible existencia del hecho, y que el mismo revista las características de un delito investigable de oficio. La expresión "en todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento" del inciso 2° del artíuclo 69 es compatible con la constitución, siempre y cuando se entienda que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al ministerio público. Exequibilidad condicionada
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 592/05 de Corte Constitucional, 9 de Junio de 2005
    Ley 906 de 2004 articulos 127, 291, 287 y las expresiones "las disposiciones de este codigo se aplicaran unica y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia" contenida en el incisio final del articulo 6º, "la protección de los testigos y peritos que pretendan presentar la defensa sera a cargo de la defensaioria del pueblo" contenida en el numeral 6º del articulo 114. Elementos esenciales del nuevo sistema penal y los parámetros para la interpretacion de las normas del nuevo codigo de procedimiento penal ley 906 de 2004. Bloque de constitucionalidad y su proyección. Los principios de legalidad y de favorabilidad en materia penal y el significado que a los mismos se le ha dado en la jurisprudencia constitucional. Contenido y alcance de la norma donde se contienen las expresiones "las disposicones de este codigo se aplicaran unica y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia". Competencias que la constitucion asigna a la fiscalia general de la nación y a la defensoria del pueblo. Cosa juzgada constitucional en relacion con la acusación por el supuesto desconocimiento del articulo 14, numeral 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. Reiteracion de criterios expuestos en la sentencia c-591 de 2005. Inhibición de la corte en relación con la acusación frmulada en contra del articulo 287 de la ley 906 de 2004 por ineptitud sustantiva de la demanda. Exequibles, estarse a lo resuelto en c-591 de 2005 e inhibida
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 540/12 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2012
    Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria no. 263/11 senado y 195/11 cámara, por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y, se dictan otras disposiciones. La corte concluyó que el proyecto de ley estatutaria para regular el marco jurídico de las actividades de inteligencia y contrainteligencia se ajusta a la constitución desde el punto vista formal y material, salvo en algunas disposiciones de orden penal que declaró inexequibles. Asimismo, ratificó la garantía constitucional de la libertad de prensa frente al mandato de reserva bajo un ejercicio responsable. Se declara exequible por su aspecto formal, el proyecto de ley estatutaria revisado y exequibles sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 54, 55 y 56. Exequilbe el artículo 13 del proyecto, salvo el literal -j- que se declara inexequible. Exequible el artículo 33 del proyecto de ley, salvo el inciso tercero que es inexequible. Los artículos 40 al 49 del proyecto de ley se declaran inexequibles y exequible el artículo 53 salvo la expresión “las autoridades de policía judicial y” que se declara inexequible.
  • Solicitud de pruebas del fiscal especializado
  • Alegatos del ministerio público - lesiones personales
  • Sentencia de Tutela nº 535/94 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 1994
    Injuria y calumnia. Tutela contra particulares. Disolucion de vinculo conyugal. Creencias religiosas. Medio de defensa judicial. Negada.
  • Apelación del delito de inasistencia alimentaria
  • Sentencia de Tutela nº 440/93 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 1993
    Derecho al buen nombre. Debido proceso. Evasion de impuesto al consumo de la cerveza. Negada.
  • Memorial en solicitud de avaluo de perjuicios
  • Memorial de solicitud de habeas corpus
  • Solicitud de traslado de carcel
  • Tasación de perjuicios - Tecnicamente
  • Memorial identificando al denunciado
  • Apelación del delito sexual
    Doctora..........FISCAL ................
  • Solicitud de libertad provisional
  • Memorial aporte de pruebas
  • Memorial de solicitud de audiencia de juzgamiento
  • Diligencia de sustentación del recurso oral
    JUZGADO PENAL____________DE_______DILIGENCIA DE SUSTENTACION ORAL .- PROCESO No. ____
  • Memorial para la solicitud de sentencia anticipada
  • Solicitud de libertad - indemnización integral
  • Ejecutivo con sentencia penal - medidas cautelares
    ..........., mayor de edad, domiciliado en ................, identificado con la cédula
  • Solicitud de medida cautelar - comiso
  • Memorial de solicitud inhibitoria en penal
  • Panorama de la problemática a propósito del papel de la víctima en los procedimientos penales de la Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004: logros, retrocesos y desafíos
  • Deberes y poderes de los intervinientes en el proceso penal
  • La larga sombra de las categorías acusatorio-inquisitivo
    Este trabajo argumenta que las categorías acusatorio e inquisitivo han sido más centrales para el derecho procesal penal comparado que lo que se ha reconocido previamente ya que han contribuido a constituirlo y a moldearlo como campo transnacional al reflejar y restringir sus principales tendencias teóricas y sus mayores temas de interés. Se identifican las principales tradiciones teóricas de este campo mediante un relevamiento de los usos que la doctrina y la jurisprudencia le han dado a la distinción entre acusatorio e inquisitivo, y se argumenta que incluso los principales análisis alternativos existentes operan dentro de estas mismas tradiciones teóricas. Además, se aduce que la dicotomía acusatorio-inquisitivo también ha contribuido a limitar el tipo de temas tratados por este campo. Finalmente, se esbozan diversas maneras mediante las cuales el derecho procesal penal comparado puede superar la larga sombra teórica y temática de las categorías acusatorio-inquisitivo y así expandir y enriquecer nuestro conocimiento y análisis, tanto positivos como normativos, sobre el proceso penal.
  • La carga de la prueba en el proceso penal acusatorio en Colombia: disyuntiva de aplicación en la jurisprudencia de las altas Cortes
    El presente artículo señala la disparidad de criterios generada al interior de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en relación con la utilización de las teorías de la carga dinámica de la prueba en el proceso penal colombiano con tendencia acusatoria, puesto en vigencia mediante la Ley 906 de 2004. Este estudio constituye un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial con enfoque cualitativo de carácter jurídico básico, con el cual se obtiene como resultado que la ausencia de unificación de criterios en las altas Cortes ha permitido la aplicación de la distribución de la carga de la prueba de manera arbitraria, en contra de la prohibición estipulada en el inciso 3° del artículo 7° del Código de Procedimiento Penal (C. P. P.).
  • Los principios y garantías del debido proceso penal y su aplicación en materia tributaria
    El debido proceso es un concepto complejo compuesto por principios y garantías. La Corte Constitucional es reiterativa en indicar que los principios y garantías del derecho penal sí aplican en el derecho administrativo sancionatorio, pero su aplicación no se hace de forma absoluta sino de forma relativa. Es decir, en el derecho administrativo se presentan matizaciones o atenuaciones, que por su naturaleza administrativa se deben presentar. ¿Cuáles son las razones que le permiten concluir a la Corte Constitucional que se deben presentar matizaciones o atenuaciones en el debido proceso administrativo sancionatorio? ¿Cuáles son las matizaciones o atenuaciones que se presentan en el derecho administrativo especial tributario sancionatorio? Estos son los interrogantes a los que se les dará respuesta en el presente escrito, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
  • Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
  • Ley 600, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
  • La indagación y la investigación
  • Modificaciones introducidas al código de procedimiento penal
  • De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
  • El proceso
  • Principios el régimen probatorio en el marco del sistema procesal penal en Colombia
    Se analizan en este artículo los principios que rigen el proceso penal en Colombia y los principios que sustentan la actividad probatoria.
  • Término de prescripción de la acción penal
    Calificación jurídica que se debe tener en cuenta para contabilizar
Se suprime la prohibición de la Pena de Prisión Perpetua.
De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Ver Acto Legislativo
29 Jul 2020
Derecho a impugnar una sentencia condenatoria dictada en única instancia doble conformidad.
El accionante considera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró sus derechos fundamentales al negar la impugnación que presentó en varias oportunidades en contra del fallo que en única instancia lo condenó como autor de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Ver Sentencia- Corte Constitucional
1 Jul 2020
Prisión perpetua revisable
La iniciativa modifica el artículo 34 de la Constitución, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable- en memoria de Gilma Jiménez. Ver Proyecto de Ley- Congreso de la República
3 Jun 2020
Reconocimiento de perjuicios en los eventos de privación injusta de la libertad
Se declara administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de que fue víctima un fotógrafo quien injustamente fue señalado de tráfico de migrantes. Ver Sentencia- Consejo de Estado
27 May 2020
No todos los actos son violencia intrafamiliar
La Corte ha señalado “No todos los actos que suceden dentro del hogar, ni los maltratos físicos o psíquicos, pueden ser castigados como delitos de violencia intrafamiliar”. Ver Noticia- El Tiempo
21 May 2020
Suspensión de los términos del trámite de extradición
Se prorroga a partir de la fecha y hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la suspensión de los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento jurídico. Ver Decreto- Ministerio de Justicia y del Derecho
30 Abr 2020
Decreto de excarcelación genera controversia
Fuertes críticas al decreto 546 de 2020, con el que, según el Ministerio de Justicia, saldrían unos 4.000 presos que tendrán detención domiciliaria por seis meses. Según abogados penalistas el decreto "no resuelve nada" porque "excluye casi todos los delitos". Ver Noticia- El Tiempo
17 Abr 2020
Entre 4.000 y 15.000 presos podrían ir a sus casas
Ministerio de Justicia señaló que entre 4.000 y 15.000 presos podrían ir a sus casas, las personas a las que beneficiaría esta medida son los presos mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años que vivan con ellas en la cárcel; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, trastorno pulmonar, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide, quienes tengan trasplantes y personas con movilidad reducida. Ver Noticia- El Tiempo
25 Mar 2020
Derecho a la no revictimización
Penal- En los procesos penales en la que los niños, niñas y adolescentes tengan la calidad de testigos o víctimas, la Fiscalía debe contemplar hacer uso de la práctica de la prueba anticipada, previniendo la revictimización que puede significar volver sobre los hechos delictivos, así como para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio y garantizar el derecho de defensa del presunto responsable. Ver Sentencia- Corte Constitucional
3 Feb 2020
Acumulación jurídica en caso de varias condenas
Penal- Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
31 Ene 2020
Fiscalía: Fallo sobre reincidentes podría ser retroactivo
Penal: Fallo sobre reincidentes podría tener efectos retroactivos. Según la Fiscalía, aunque los jueces deben evaluar caso por caso y no se puede hablar de libertades masivas, los abogados de quienes han sido enviados a prisión podrían argumentar que, por el principio de favorabilidad, quienes han sido cobijados con detención preventiva desde julio del 2017, y cuya reincidencia haya sido tenida en cuenta para evaluar su peligro para la sociedad, se vean beneficiados con la decisión del alto tribunal y queden libres. Ver Noticia- El Tiempo
29 Ene 2020
Permiso de hasta 72 horas para salir del establecimiento
Penal- Requisitos para conceder el permiso de 72 horas cuando se trata de condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Ver Sentencia- Corte Constitucional
22 Ene 2020
Indagado tiene derecho a recibir información relativa a la apertura de la indagación en su contra y a los hechos que la motivan.
Penal- La reserva sólo resulta aplicable en los casos en que se tenga noticia de un acto delictivo cometido por los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados a los que se refiere la Ley 1908 de 2018 y frente a información que comprometa los intereses constitucionales protegidos. Ver Sentencia- Corte Constitucional
8 Ene 2020
Congreso aprobó la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios condenados por delitos de corrupción
Plenaria del Senado le dio último debate a un proyecto de ley que elimina la casa por cárcel para los funcionarios condenados por delitos de corrupción. Ver Noticia- El Tiempo
17 Dec 2019
La víctima deberá ser oída e informada por el fiscal en la celebración del preacuerdo y por el juez encargado de aprobar el acuerdo
Penal- En el proceso penal el poder discrecional de la fiscalía para suscribir preacuerdos y la autonomía de los jueces para ejercer su control encuentran un límite en el derecho que tienen las víctimas a participar en el proceso penal. Ver Sentencia- Corte Constitucional
4 Dec 2019
El ‘zar de la vigilancia’ era consciente de que estaba cometiendo delitos
Penal- El ‘zar de la vigilancia’ Jorge Arturo Moreno Ojeda era consciente de que estaba cometiendo delitos y que con sus actuaciones estaba afectando el bien jurídico de la administración pública. Ver Noticia- El Tiempo
20 Nov 2019
“Actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad”
Penal- Las “actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de edad” no se limita a actividades de acceso carnal, sino además cualquier otra forma de acto sexual que implique acercamiento físico (o virtual) entre la víctima y el explotador, así como el pago u otro tipo de remuneración por la prestación del servicio, ya sea al menor o a un tercero. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
8 Nov 2019
Proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal
Penal- El proyecto reforma el Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004. Ver Proyecto de Ley- Congreso de la República
5 Nov 2019
Restricción del derecho a la libertad de una persona
Penal- La restricción del derecho a la libertad de una persona está condicionada a que exista, (i) un “mandamiento escrito de autoridad judicial competente” y (ii) que la orden se efectúe “con las formalidades legales”, por ello “toda persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley” Ver Sentencia- Corte Constitucional
30 Oct 2019
El allanamiento a cargos como modalidad de preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado
Penal- El allanamiento a cargos es la aceptación unilateral del procesado respecto de los cargos que le son imputados por la Fiscalía. Ver Artículo- Andrea Succar Fayad de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
28 Oct 2019
«derecho procesal penal» en el mundo