Derecho administrativo - Colombia

Constitución Política de Colombia (1991) Mejor documento Vigente

Códigos
Texto Completo Historial / Versiones Análisis Ir al artículo...
  • Legislación
  • Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
  • Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
  • Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
  • Jurisprudencia
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 329/15 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2015
    Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aduce el demandante que los apartes normativos acusados deben declararse inexequibles por resultar trasgresores, de un lado, del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, dado que no se garantiza el derecho de apelar ciertos autos que sí son apelables cuando son proferidos por jueces administrativos, y del otro, del derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades y a gozar de los mismos derechos, toda vez que algunas personas sí pueden apelar determinadas providencias judiciales,...
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 713/12 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 2012
    Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 130 de la ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. El actor aduce que la norma acusada vulnera el debido proceso al que están obligadas las actuaciones administrativas, en su componente del principio de legalidad, al no establecer el sujeto respecto del cual se predica cada conducta. La corte encontró que la regulación de las conductas que vulneran el sistema general de seguridad social en salud y el derecho a la salud efectuadas mediante el artículo acusado no desconoce los principios de legalidad ni el de tipicidad, ya que en el precepto acusado se indican claramente todos los aspectos que debe contener una norma sancionatoria. Recuerda asimismo ...
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 089/11 de Corte Constitucional, 16 de Febrero de 2011
    Ley 1383 de 2010, por la cual se reforma la ley 769 de 2002. Código nacional de tránsito y se dictan otras disposiciones. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 y 24 parciales de la ley 1383 de 2010. El actor considera que los enunciados normativos acusados son violatorios del artículo 29 de la constitución política, norma que consagra el derecho al debido proceso. El demandante alega que el artículo 18 acusado viola el derecho al debido proceso por cuanto quebranta la presunción de inocencia y el derecho de defensa a los propietarios de los vehículos y empresas afiliadoras, al establecer solidaridad entre éstas y el infractor de la norma de tránsito. Por otra parte aduce, que el artículo 24 es violatorio del derecho al debido proceso, en cuanto no establece que al prop...
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 034/14 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2014
    Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 40 (parcial) del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Considera el demandante que el artículo acusado al impedir la procedencia de los recursos contra el auto que niegue la práctica de pruebas en desarrollo de las actuaciones administrativas vulnera el artículo 29 de la constitución, porque el derecho al debido proceso incluye la garantía de presentar pruebas y no solo de controvertir las que se alleguen en contra. Para la corte no es aceptable el argumento del actor y por ello decide declarar la exequibilidad de la expresión “contra el actor que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos”, contenida en el artículo 40 de la ley 1437 de 2011.
  • Sentencia de Tutela nº 051/16 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 2016
    PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DEBE ADELANTARSE ANTE LA COMISION DE INFRACCIONES DE TRANSITO CAPTADAS A TRAVES DE MEDIOS TECNOLOGICOS. En tres acciones de tutela presentadas de manera independiente aducen las actoras que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, porque las entidades demandadas omitieron notificarlas o fueron indebidamente notificadas, respecto a las infracciones de tránsito registradas por medios tecnológicos y que sirvieron de base para que les impusieran comparendos y multas de carácter pecuniario. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos. 2º. Los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. 3º. El debido proceso administrativo. 4º. El principio de publicidad y, 5º. El marco leg...
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 640/02 de Corte Constitucional, 13 de Agosto de 2002
    Decreto 01 de 1984. Art. 44, inc. 4. Codigo contencioso administrativo. Deber y forma de notificacion personal. Actos de inscripcion de registros publicos y certificacion. Principio de publicidad. Actuacion administrativa de interes particular. Accion de nulidad. Exequible.
  • Sentencia nº 25000-23-25-000-2001-03304-01(8820-05) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Segunda, de 7 de Septiembre de 2006
    RETIRO DE EMPLEADO - Procedencia de la facultad discrecional por decaimiento del acto de inscripción;CARRERA ADMINISTRATIVA - No vulneración de estos derechos por decaimiento del acto de inscripción. El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución No.509 del 29 de diciembre de 2000, expedida por los Registradores Distritales del Estado Civil, por la cual se da por terminado el nombramiento de la actora en el cargo de Jefe de División 2040-09. Indudablemente, el empleo que desempeña la actora pasa a ser de carrera administrativa, por virtud de la sentencia C-552 de 1996, y bien podría tener aplicación para aquellos funcionarios la previsión contenida en las normas cuyo tenor ha sido trascrito, que consagran una forma de inscripción automática en la carrera para a...
  • Sentencia nº 63001-23-31-000-2001-00145-01(31049) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 13 de Abril de 2015
    CONDÉNESE solidariamente al Municipio de Armenia y a la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, en abstracto a favor de la Sociedad “Bodegas del Quindío Ltda” cuyo representante legal aparece el señor Nelson García Fernández, siempre y cuan...
  • Libros y Revistas
  • El Derecho Administrativo frente a la internacionalización del Derecho y en particular frente al Derecho Comunitario
  • Caracterización del Estado regulador como producto de la globalización económica y compatibilización con la garantía de los derechos del Estado social
  • La acción popular y la nulidad de los actos administrativos expedidos en los procesos de contratación pública
    Este artículo aborda el control de legalidad que existe sobre los actos administrativos dictados en un proceso de contratación estatal a través de la acción popular. Explora las alternativas jurídicas a la vulneración de derechos colectivos a partir de procesos contractuales del Estado, teniendo en cuenta que no existe la nulidad producto de una providencia resultante de una acción popular, ya que se estaría atribuyendo funciones propias de medios de control contemplados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se analiza que los actos administrativos que rodean la contratación pública en algunas oportunidades pueden afectar derechos colectivos, por lo cual podría activarse la acción constitucional en comento para proteger esos intereses. Finalmente, plantea una solución des...
  • Derecho Administrativo contemporáneo: ¿Derecho administrativo neopolicial?
  • Postura de la corte constitucional colombiana en relación con el poder sancionador de la administración
    Dada la ausencia de una norma que contemple el régimen legal de la acción sancionadora de la Administración, la postura de la Corte Constitucional, como intérprete supremo de la Norma Fundamental, se erige como la pieza clave para determinar el alcance de esta facultad. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es estudiar la posición de la Corte Constitucional, desde su creación, sobre un aspecto fundamental como es el poder sancionador de la Administración. En este sentido, nos detendremos particularmente en aquellos aspectos que han sido analizados por el alto tribunal, como son: el concepto en sí mismo considerado de ius puniendi del Estado; el poder sancionador de la Administración; implicaciones de esta potestad; las diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador y los postulados que presiden la actividad sancionadora. Palabras claves: Poder sancionador, administración pública, principios. Given the absence of a norm regarding the legal regime of the sanctioning action of the Administration, the position of the Constitutional Court as the supreme interpreter of the Fundamental Norm becomes a key factor to determine the extent if this faculty. The objective of this article is to study the position of the Constitutional Court since its creation, concerning such a fundamental aspect as is the sanctioning power of the Administration. In this sense, we will particularly focus on those aspects already analyzed by the High Court, such as the concept itself, which has been considered ius puniendi of the State; the Administration sanctioning power, its implications, the differences between the sanctioning Penal and Administrative Law and the postulates presiding the sanctioning activity. Key words: Administration sanctioning power, postulates, Administration. Fecha de recepción: 19 de julio de 2007 Fecha de aceptación: 9 de septiembre de 2007
  • Reflexiones acerca del principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador colombiano
    La potestad sancionadora, en cabeza de la Administración, ha sido reconocida como una de las competencias de gestión de la que es titular la autoridad administrativa. Pues, de nada serviría que la Administración ostentara una facultad para imponer una obligación o regular una conducta, en aras de alcanzar el bienestar general, y no lo fuera para imponer sanciones por su incumplimiento. Sin embargo, esta situación no significa que las diversas autoridades administrativas tengan carta blanca para ejercer el ius puniendi a su antojo, y de este modo ejerzan de forma discrecional o arbitraria esta potestad. Por el contrario, la Administración debe estar a los criterios de adecuación y graduación previstos en la norma o, en caso de no existir estos, a su sentido de justicia, que debe propender por una medida proporcional a los hechos ocurridos. Palabras clave: proporcionalidad, poder sancionador de la administración, principios, sanción administrativa.
  • La sanción administrativa y su diferencia con otras medidas que imponen cargas a los administrados en el contexto español
    Sin lugar a dudas, la sanción administrativa es una de las instituciones más relevantes en el campo del derecho administrativo sancionador. Esta es la herramienta con que cuenta la Administración para sancionar a los administrados en tanto su conducta se encuentre descrita en una infracción administrativa. Si bien a primera vista esta figura jurídica no presenta mayores inconvenientes en su definición, el panorama se complica cuando, en ocasiones, se les asimila a otras instituciones que generan efectos gravosos para los asociados. De ahí la importancia de la claridad en los elementos que conforman la noción de sanción administrativa y de su requisito por excelencia, el carácter represivo, que se erige como el pilar sobre el que descansa el concepto. Palabras claves: Sanción, Ius puniendi, administración. Beyond any doubts the administrative sanction is one of the most relevant institutions in the area of sanctioning Administrative Law. The Administration has the tool to sanction its administrates as long as their behaviour is described under an administrative violation. Even though this administrative figure does not present great inconveniences at first sight, things complicate when they are assumed by other institutions generating sanctions for their associates. Therefore, the importance of the clearness of the elements conforming the notion of administrative sanction and its necessary requirement: the repressive character, which becomes the foundation of this concept. Key words: Administrative sanction, Ius puniendi, administration. Fecha de recepción: 15 de febrero de 2007 Fecha de aceptación: 23 de febrero de 2007
  • El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Contencioso Administrativo y la constitucionalización del derecho administrativo en Colombia
    El artículo presenta el contexto social y político en que se desarrolla la actual reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; así mismo, explica sus grandes cambios en aras de contribuir a la concreción de un Estado social y a la globalización del derecho administrativo. De otra parte, analiza algunos vacíos que no alcanzó a llenar la reforma.
  • Las medidas preventivas ambientales, una aproximación desde el derecho administrativo
    Las medidas preventivas previstas en el régimen sancionatorio ambiental son una especie de las medidas cautelares consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano, aunque con algunas particularidades propias de su ámbito de aplicación, que es el derecho ambiental. El artículo realiza una aproximación respecto al contenido, alcance, antecedentes y justificación de las medidas preventivas ambientales desde la óptica del derecho administrativo y como manifestación de una de las funciones del ejecutivo, cual es el mantenimiento del orden público. Palabras clave: derecho ambiental, procesos sancionatorios, medida preventiva
  • La identidad sustancial entre el delito y la infracción administrativa
    Sosteniéndose la legitimidad de la aplicación analógica in bonam partem de la ley, y la consecuente interdicción de la analogía in pejus, se debate la existencia de una similitud sustancial entre delitos e infracciones administrativas, que justifique la aplicación analógica de la ley, para dotar de plenitud al derecho administrativo sancionador colombiano; positivado en una regulación dispersa, sectorial e insuficiente. Por ello, sostenemos la existencia de una identidad ontológica sustancial entre la infracción administrativa y el delito, especialmente en cuanto a los principios-categorías dogmáticas que lo erigen, y que justifica la aplicación de instituciones jurídicas de efecto benéfico para el administrado, ausentes en la legislación administrativo-sancionadora nacional, pero positivadas en el Código Penal. Se empleó un método exploratorio-descriptivo, fundado en documentos de tipo bibliográfico, hemerográfico y jurisprudencial. Sustain the legitimacy of the analogical application in bonam partem of the law and the consequent interdiction of the analogy in pejus, are debating the existence of a substantial identity between crimes and administrative offences, justifying the analogical application of the law, to give fullness to colombian administrative sanctioning law; which positive regulation is scattered, sectoral and insufficient. Therefore, we maintain the existence of an ontological identity between the administrative offence and the crime, especially on principles-dogmatic categories that built it, and that justifies the application of legal institutions for the beneficial effect for citizen, absent in the national administrative sanction law, but positivised in the Colombian Penal Code. An exploratory-descriptive methodology, in the base of bibliographical documents, periodical publications, and precedents of the justice, is used.
  • El derecho colectivo: "moralidad administrativa" en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo
    As a result of the susceptibility to corruption of public contracts, a broad range of questions from the public has been generated about the management of public resources. This concern has led to the implementation of several legal mechanisms focussing on eliminating such abuses. One such procedure is the Popular Action that is one of the best means for protecting Collective rights. Nonetheless, the implementation of this procedure presents a number of legal questions about its practical application. These range from possible prejudice to contractor's rights to judicial difficulties in delimiting and specifying the morality of state contracts as a guide to collective rights. This article constitutes a bibliographic review of the subject, and finds that "Collective Rights" encompasses traditional ethical principles of Administrative Law, such as "General Interest" and "Common Wealth". The challenge to administrative morality is to construct, as a new chapter of Administrative Law, a defence of human rights and community interest in the management of public resources. --------- En la opinión pública, el tema de la contratación estatal ha generado amplios cuestionamientos desde el punto de vista del manejo de los recursos gubernativos que evidencian el área de la contratación pública como sensible a la corrupción. Esta preocupación ha generado la implementación de diversos mecanismos jurídicos que pretenden evitar estas prácticas; entre ellos, la acción popular se erige como medio de protección de los derechos colectivos, uno de los cuales es la moralidad pública. No obstante, la incorporación de este instrumento procesal presenta varios interrogantes jurídicos en su aplicación práctica, que van desde la posible lesión a los derechos de los contratistas hasta las dificultades que debe afrontar el juez al precisar y delimitar la moralidad en los contratos estatales como derecho colectivo objeto de tutela. El presente artículo constituye una revisión bibliográfica del tema, y encuentra que el referido derecho colectivo es una concreción más de los tradicionales principios éticos del derecho administrativo, como son el «interés general» y el «bien común», y las dificultades que han venido enfrentando ante las prácticas individuales y lesivas para la comunidad. El derecho colectivo a la moralidad administrativa, se erige como otro capítulo del derecho administrativo en defensa de los derechos humanos y los intereses de la comunidad, en la gestión de los recursos públicos.
  • Valor vinculante de las sentencias de unificación del consejo de estado: ¿una alteración al sistema de fuentes de derecho en el proceso contencioso administrativo
    Los artículos 10, 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia C-634 de 2011 de la Corte Constitucional consolidan en lo contencioso administrativo la fuerza vinculante de las sentencias de unificación del Consejo de Estado y de las sentencias interpretativas de la Corte Constitucional. Si bien el cumplimiento del precedente no resulta una novedad para los jueces de la Republica que de tiempo atrás se ven atados al mismo ya que mediante su aplicación se viabiliza la efectividad de los derechos de las personas, lo que resulta novedoso es el instrumento tendiente a perseguir su efectivo cumplimiento ya que mediante un trámite sumario, el Consejo de Estado puede ordenar la extensión de una sentencia de unificación de la misma Corporación a un caso concreto.
  • Lecturas de Derecho Administrativo 2ª edición - 2008
Suspensión provisional del fallo por medio del cual se declaró la nulidad de la elección del senador Antanas Mockus.
Público- Se suspenden los efectos de la sentencia proferida el 11 de abril de 2019, en el proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 28 000 2018 00080 00 (acumulado), por medio de la cual se declaró la nulidad de la elección de ANTANAS MOCKUS como senador de la República para el período 2018-2022 y se ordenó cancelar la credencial que lo acredita como Congresista, hasta que se resuelva la presente acción de tutela. Ver Sentencia- Consejo de Estado
17 May 2019
Efectiva garantía del derecho fundamental al debido proceso administrativo
Procesal- “La efectiva garantía del derecho fundamental al debido proceso administrativo de una persona, supone la posibilidad de que ésta pueda no solamente acudir ante la administración con el objetivo de lograr un determinado tipo de actuación, sino que requiere, entre otras cosas, que se le permita al ciudadano ser (i) oído y participar en la toma de la decisión, (ii) notificado de las actuaciones que se surtan, (iii) que el trámite se surta en respeto de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico y (iv) obtener, dentro de un plazo razonable, una decisión definitiva” Ver Sentencia- Corte Constitucional
14 May 2019
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Nuevas tendencias del derecho administrativo por Helena Alviar García (Editorial Universidad de Los Andes (Colombia), 2016)
17 Abr 2019
Los bienes de uso público no pueden ser arrendados
Público- El Consejo de Estado resolverá si una entidad pública puede celebrar un contrato de arrendamiento de un bien de uso público. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
2 Abr 2019
Actuación administrativa de trashumancia Electoral
Público- Se establece un procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía. Ver Resolución- Consejo Nacional Electoral
13 Nov 2018
Caducidad de la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas
Administrativo- "la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas no caduca si en el término de 3 años previsto en la norma en mención se expide y notifica el acto administrativo principal." Ver Sentencia- Corte Constitucional
4 Jul 2018
Enajenación de Propiedad Accionaria Estatal
Administrativo- La Ley 226 de 1995 desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en lo relativo a la enajenación de la propiedad accionaria estatal (“PAE”). Esta ley tiene el propósito de asegurar que la PAE sea transferida al mayor número de personas posible, siempre y cuando se priorice el acceso del sector solidario a la PAE, no se lesione el patrimonio público y se garantice que las empresas que prestan servicios de interés público y que sean enajenadas puedan seguir operando en óptimas condiciones. Ver Artículo- Daniel Bermúdez de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
25 Jun 2018
Ministerio para la Equidad de Género y la Familia.
Público- El proyecto tiene por objetivo autorizar al gobierno para la creación del Ministerio para la Equidad de Género, la Mujer y la Familia, como parte integrante de la rama ejecutiva del poder público del Estado y como ente rector en el diseño de políticas públicas destinadas a garantizar la equidad de género, el pleno desarrollo de los derechos de las mujeres y la protección de la familia. Ver Proyecto de Ley- Senado de la República
21 Jun 2018
Improcedencia de la acción de tutela para solicitar el retiro de cámara de vigilancia
Administrativo- La acción de tutela resulta improcedente para solicitar el retiro de cámara de vigilancia instalada por alcaldía para combatir criminalidad, cuando no se acredite que se acudió al procedimiento administrativo previamente. Ver Sentencia- Corte Constitucional
18 Jun 2018
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra Derecho administrativo. Reflexiones contemporáneas por Manuel Alberto Restrepo Medina (Editorial Universidad de Rosario (Colombia), 2017)
8 Jun 2018
Derechos de las víctimas
Constitucional- A la víctima le asistía el derecho a solicitar: (i) la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, en caso de existir motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente; (ii) la adición de la sentencia o de la decisión con efectos vinculantes, en aquellos eventos en los que la autoridad judicial ha omitido pronunciarse de manera definitiva sobre los bienes afectados con fines de comiso; (iii) la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, de existir motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas. Ver Sentencia- Corte Constitucional
22 May 2018
Indemnización administrativa para víctimas del conflicto armado
Administrativo- La indemnización administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado busca restablecer su dignidad, compensando económicamente el daño sufrido, para así fortalecer o reconstruir su proyecto de vida. Ver Sentencia- Corte Constitucional
25 Abr 2018
Presunción de perjuicios en un contrato estatal
Administrativo- Un municipio suscribió con un ciudadano un contrato de obra, pero tiempo después, las obligaciones del contratista se suspendieron como consecuencia de la paralización de las obras objeto de otros contratos. Posteriormente, el municipio profirió una resolución por medio de la cual declaró la caducidad del contrato. En el caso concreto, el Consejo de Estado debe determinar si le corresponde al contratista el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios morales y materiales a razón de la declaratoria de caducidad del contrato por parte del municipio. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
6 Abr 2018
Sanciones a remisos
Administrativo- Las sanciones impuestas por las autoridades militares se aplicarán mediante resolución motivada que deberá notificarse debidamente y contra la cual proceden recursos. Ver Sentencia- Corte Constitucional
26 Mar 2018
Trámite de las denuncias de bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias
Público- Se establece el procedimiento que se debe seguir en los trámites de denuncias de vocaciones hereditarias y de bienes vacantes y mostrencos en las que tenga interés el ICBF, con el fin de mejorar su gestión operativa y administrativa. Ver Resolución- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
1 Feb 2018
Enajenación de Propiedad Accionaria Estatal
Público- La Ley 226 de 1995 desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en lo que respecta a la enajenación de la propiedad accionaria estatal. Esta ley tiene el propósito de asegurar que la propiedad accionaria del Estado sea transferida al mayor número de personas posible, siempre y cuando se priorice el acceso del sector solidario a dicha propiedad, no se lesione el patrimonio público y se garantice que las empresas que prestan servicios de interés público y que sean objeto de enajenación puedan seguir operando en óptimas condiciones luego de su privatización. Ver Artículo- Daniel Bermúdez de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
29 Ene 2018
Proceso de restitución de tierras en el contexto de la justicia transicional
Procesal- El juez de restitución de tierras no podrá tramitar una sucesión al interior del procedimiento de restitución de tierras o en la etapa post-fallo ante el juez, pues iniciar la sucesión en forma conjunta con este trámite representaría, dar por sentado que se concederá la restitución, lo que no puede ser materia de decisión sino sólo hasta el momento de la sentencia. Ver Sentencia- Corte Constitucional
12 Dec 2017
Derecho a la información y debido proceso administrativo
Comercial- La Superintendencia de Industria y Comercio en el ejercicio de sus facultades administrativas en materia de protección al consumidor, no puede adoptar ninguna medida que implique un control previo sobre la información -independiente del medio por el que se transmita-, y que únicamente puede adoptar responsabilidades ulteriores, en el marco de las cuales se deben respetar los derechos fundamentales de los implicados, lo que incluye el derecho al debido proceso administrativo. Ver Sentencia- Corte Constitucional
4 Dec 2017
Derecho de los niños y niñas a expresar libremente su opinión
Familia- “Los niños y niñas tienen derecho a expresar libremente su opinión respecto de los asuntos que le afectan, será escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado.” Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
24 Ago 2017
Garantía de la non reformatio in pejus
Constitucional- La garantía constitucional de la non reformatio in pejus es un derecho fundamental, el cual pone límite a la competencia del fallador de segunda instancia, este principio prohíbe al juez resolver la apelación de forma tal que agrave la pena ya impuesta de quien ejerció el recurso. Ver Sentencia- Corte Constitucional
22 Ago 2017
«derecho administrativo» en el mundo