Derecho administrativo sancionador - Chile

Derecho Administrativo Sancionador: '¿Ser o no ser? He ahí el dilema Mejor documento

Derecho Administrativo. 120 Años de Cátedra
I. Introducción - II. La elefantiasis de las potestades sancionadoras de la administración. - III. ¿Es conforme a la Constitución la atribución de potestades sanciona-doras a la administración? - 1. Tesis de la inconstitucionalidad de la atribución de potestades sancionadoras a la Administración - 2. Tesis de la constitucionalidad de la atribución de potestades san-cionadoras a la Administración - IV. ¿"Derecho Penal Administrativo" o "Derecho Administrativo Sancio-nador"? - 1. "Derecho Penal Administrativo" - A. El carácter ontológico de la sanción respecto de la pena - B. El ius puniendi estatal - 2. "Derecho Administrativo Sancionador" - A. Refutación a los argumentos para sostener el "Derecho Penal Administrativo" - B. La autonomía del Derecho Administrativo Sancionador - V. La influencia de los principios del derecho penal en el derecho administrativo sancionador - 1. Influencias de los principios penales en el Derecho Administrativo Sancionador - 2. Los principios penales como pauta y como cota máxima del Derecho Administrativo Sancionador - VI. ¿Principios del Derecho Administrativo Sancionador en Chile? - 1. Constitución de 1925 - 2. Constitución de 1980 - 3. Doctrina - 4. Jurisprudencia judicial - 5. Jurisprudencia Administrativa - 6. Jurisprudencia Constitucional - VII. Conclusiones
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  • Libros y Revistas
  • El solve et repete frente al derecho administrativo sancionador. Un examen de legitimidad
    En este artículo se realiza un análisis de la constitucionalidad de la institución del solve et repete en el Derecho Administrativo sancionador. El autor propone un estándar de constitucionalidad abstracto, que prescinde de la eventual pervivencia de la institución en ciertas hipótesis de inaplicabilidad. Para este efecto, analiza la sanción administrativa y su relación con el solve et repete en el marco del proceso jurisdiccional impugnatorio. Analizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en diversas declaraciones de inaplicabilidad. Para, finalmente, concluir la inconstitucionalidad de esta figura y la necesidad de desterrarla del sistema jurídico.
  • La nulidad procesal de derecho público y el procedimiento sancionador administrativo
    El procedimiento sancionador administrativo, los principios penales y eldebido proceso. b) El procedimiento sancionatorio administrativo implica el ejercicio dela jurisdicción. c) Causales específicas de nulidad procesal de derecho público en unprocedimiento sancionatorio administrativo. 1. F alta de imparcialidad de quien ejerce la jurisdicción. 2. Delegación de la jurisdicción. 3. La infracción administrativa y su respectiva sanción deben estardebidamente especificadas en la ley.
  • Entre la redención y el castigo. Un análisis a la potestad sancionatoria de la administración en el marco de una nueva institucionalidad ambiental
    En el presente artículo el autor analiza el régimen sancionatorio instaurado por la Nueva Institucionalidad Ambiental desde la perspectiva del Derecho Administrativo Sancionador y de los roles de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Tribunal Ambiental. Para tal efecto, se estudia la génesis de la Superintendencia, de sus potestades sancionatorias y los criterios que se dieron para limitarlas y se comenta el régimen establecido a la luz de los principios que se tuvieron presentes al momento de discutir la Ley n° 20.417 y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y poder concluir si representa una solución a los cuestionamientos formulados acerca de la constitucionalidad de estas sanciones, por infringir principios como los de legalidad y tipicidad.
  • Naturaleza jurídica y fundamento constitucional de la potestad punitiva de la Administración del Estado
    La atribución de la potestad sancionadora de la Administración del Estado constituye una realidad en exponencial crecimiento, no solo en cuanto al número de organismos a los que legalmente se les ha atribuido tales potestades, sino que también en cuanto a la lesividad de estas. En este sentido, la Administración puede establecer determinados hechos, califi carlos como contrarios a derecho e imponer la correspondiente sanción, sin embargo es del todo cuestionable ya que es de conocimiento público que la aplicación de una sanción o pena debe regirse por el principio de legalidad y debe imponerse por el ente judicial. La Administración al imputar determinadas sanciones administrativas en distintos sectores -medio ambiente, materia eléctrica, sanitaria, construcción, etc.- estaría vulnerand...
  • Los Principios Que Rigen La Potestad Sancionadora de La AdministraciÓN En El Derecho Chileno* [the Principles Governing the Administration's Sanctioning Power of the Chilean Law]
  • Concepto y naturaleza de las sanciones administrativas en la doctrina y jurisprudencia chilena
    Esta investigación tiene por objeto establecer el concepto de sanción administrativa que sigue nuestra doctrina y jurisprudencia nacional. Para tal efecto, el autor analiza la distinción que existe entre estas sanciones, los actos administrativos desfavorables y las penas, y la forma como la doctrina y la jurisprudencia lo ha interpretado. En definitiva, se sostiene que la sanción administrativa es una especie de acto administrativo desfavorable, aunque sujeto a una serie de garantías en su aplicación, identificándose ontológicamente con las penas, en el marco de una política represiva que delimita el legislador dentro de los límites sustantivos que consagra nuestra Constitución. PALABRAS CLAVE: Sanción administrativa - Actos administrativos desfavorables - Pena
  • Las Bases Constitucionales de La Potestad Sancionadora de La AdministraciÓN* ['the Constitutional Foundations of the State Administration's Sanctioning Power']
  • Tribunal Constitucional, 26 de agosto de 1996. Rol 244
    DOCTRINA: Entiende el Tribunal que cuando la ley da competencia al juez del crimen para el "conocimiento y castigo" de determinados delitos, no limita el pleno ejercicio de la jurisdicción por dicho juez y, en consecuencia, le permite absolver o condenar al sometido a proceso. Los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución, han de aplicarse, por regla general al derecho administrativo sancionador, pues ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado. Los principios de legalidad y tipicidad no se identifican sino el segundo tiene contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se cumple con previsión de delitos e infracciones y sanciones en la ley; la tipicidad requiere precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable. Solo a la ley corresponde establecer el núcleo esencial de las conductas que se sancionan, reserva legal que impide incluso la delegación de facultades legislativas al Presidente de la República. Es inconstitucional, entonces, precepto que permite sancionar administrativamente no solo las contravenciones a la ley sino también a su reglamento. VOTO DE PREVENCIÓN: El otorgamiento al Servicio Agrícola y Ganadero de atribuciones de carácter meramente administrativo, no queda comprendido dentro de las materias propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el art. 74 de la Constitución, razón por la cual el tribunal no debería pronunciarse acerca de su constitucionalidad. VOCES: Conocimiento y castigo (expresión que no limita pleno ejercicio de la jurisdicción) - Principios inspiradores del orden penal (son aplicables al derecho administrativo sancionador) - Derecho administrativo sancionador (se aplican principios inspiradores del orden penal) - Ius puniendi (son manifestaciones suyas el orden penal y el derecho administrativo sancionador) - Principios de legalidad y tipicidad (no se identifican) - Legalidad (es previsión de delitos e infracciones y sanciones) - Tipicidad (precisa definición de conducta reprochable) - Núcleo esencial de conductas que se sancionan (solo corresponde a la ley establecerlo) - Reserva legal (el establecimiento de núcleo esencial de conductas que se sancionan) - Delegación de facultades legislativas (no procede para establecer núcleo esencial de conductas que se sancionan) - Contravenciones a Reglamento (es inconstitucional precepto que permite sancionarlas) - Reglamento (ley no puede autorizar sanciones a contravención de sus disposiciones).
  • Causa nº 4463/2009 (Apelación). Resolución nº 33340 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 28 de Septiembre de 2009
    INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. PRESCRIPCIÓN. La circunstancia de encontrarse determinadas responsabilidades reguladas por normas correspondientes al derecho público no impide que ellas puedan extinguirse por el transcurso del tiempo con arreglo a disposiciones propias de esa rama del derecho. La prescripción no es ajena a esa normativa, atendido su carácter universal e indispensable para asegurar criterios de certeza y seguridad en las relaciones jurídicas. Por esto, puede operar en todas las disciplinas que pertenecen al derecho público. La prescripción de las acciones procede en nuestro derecho positivo como regla general, la que sólo cesa cuando por ley se determine su imprescriptibilidad. Acorde con ello, la prescripción, como regla general, es aplicable también en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Si bien la Ley N°18.410 no contempla disposiciones que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones destinadas a castigar las infracciones administrativas relativas a la normativa eléctrica; ante la ausencia de norma expresa en el ordenamiento citado, y tratándose de disposiciones especiales, debe entenderse que en lo no contemplado expresamente en ellas, deben aplicarse supletoriamente las reglas del derecho común, según la materia específica, correspondan. En este caso, el derecho común aplicable es el derecho penal “manifestación del mismo ius puniendi estatal"". En su artículo 94, dispone que, respecto de las faltas, la acción prescribe en seis meses, tiempo que se cuenta desde la comisión del hecho respectivo. Para el caso de la infracción administrativa habrá de contarse desde que la autoridad pertinente tomó conocimiento o, razonablemente, debió haberlo tomado. En efecto, el plazo para la extinción de las infracciones administrativas sólo podrá comenzar desde esa última data, toda vez que a partir de ese momento la Superintendencia de Electricidad y Combustibles podía ejercer sus atribuciones fiscalizadoras en el cumplimiento de la normativa eléctrica.
  • El derecho penal como objeto de las ciencias penales. Concepto y método
    § 1. Concepto. Delimitación con el derecho administrativo sancionador. A. Derecho penal, procesal penal y de ejecución penitenciaria. a. El derecho penal como rama del derecho público. Su vinculación a los preceptos constitucionales. a.1. Excurso: El derecho internacional penal. a.2. Excurso: Derecho penal y medidas de seguridad predelictuales. B. Derecho penal y derecho administrativo sancionador. a. Las sanciones disciplinarias. a.1. Excurso: Otras relaciones entre el derecho penal, el derecho administrativo y otras ramas del ordenamiento jurídico. § 2. El método en el derecho penal: La ciencia del derecho penal o dogmática jurídico-penal. A. División de la dogmática penal. B. La política criminal. § 3. Las ciencias auxiliares del derecho penal. A. La criminología. a. Excurso: Desarrollo de la criminología en Chile. B. Las técnicas de asistencia a la justicia penal.
  • La potestad administrativa sancionadora en la jurisprudencia del tribunal constitucional
    I. Acerca de la legitimidad y ejercicio de la denominada potestad administrativa sancionadora - II. Presencia de los principios del "debido proceso " en el ejercicio de la potestad administrativa - III. Influencias de los fallos del tribunal constitucional en los entes gubernamentales
  • Causa nº 3357/2009 (Apelación). Resolución nº 31323 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 10 de Septiembre de 2009
    INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. SANCIÓN. PODER SANCIONADOR DEL ESTADO. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. NORMAS APLICABLE A PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA. Si bien la potestad sancionadora de la Administración forma parte del denominado ""ius puniendi"" del Estado, no es menos cierto que la sanción administrativa es independiente de la sanción penal, por lo que debe hacerse una aplicación matizada de los principios del derecho penal en materia de sanción administrativa, no siendo razonable aplicar el plazo de prescripción de las faltas, porque al ser una prescripción de corto tiempo ""seis meses- resultaría eludida la finalidad del legislador de dar eficacia a la Administración en la represión de estos ilícitos y la sanción contemplada en la ley carecería de toda finalidad preventiva general. En autos, el defecto normativo de omisión de un plazo razonable y prudente de prescripción en la ley N° 18.410, en que incurriera el legislador, impone el deber de encontrar en la legislación positiva, actual y común, la solución del problema que ha sido promovido debiendo acudirse a las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil y, en ese entendido, hacer aplicación a la regla general de prescripción extintiva de cinco años a que se refiere el artículo 2515 del Código Civil.
Fisco debe indemnizar a familia de chofer que murió en choque con radiopatrulla
24° Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $136.362.694 a la familia del conductor que murió en un accidente de tránsito provocado por una radiopatrulla de Carabineros, durante una persecución policial. Ver Noticia
3 Ene 2019
Responsabilidad Administrativa.
Parlamentarios presentan Proyecto de Ley que faculta a la Contraloría General de la República aplicar directamente sanciones en caso de infracciones graves cometidas por alcaldes. La propuesta estima la necesidad de explicitar en forma más detallada los deberes del alcalde en relación al equilibrio financiero de los municipios y al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales con los funcionarios y proveedores de servicios.Ver Proyecto de Ley
24 Jul 2018
«derecho administrativo sancionador» en el mundo