Confianza legítima - Colombia

T-308/11 Mejor documento

Educación, confianza legítima. La acción de tutela la presentó la demandante en representación de su hija y como apoderada de un grupo de padres de familia de un número de menores que estaban matriculados en determinadas instituciones educativas de carácter privado, con las cuales la secretaría de educación de bucaramanga suscribió contrato para la prestación del servicio de educación. Aduce la accionante que desde el año 2002, la alcaldía de bucaramanga determinó adjudicar subsidios escolares para el ingreso en instituciones privadas de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos poblacionales vulnerables, cuyo objetivo era proporcionar educación hasta la terminación del bachillerato en colegios con énfasis profesionalizante. La medida tuvo como único requisito para no perder el subsidio, la no pérdida del año escolar y la no comisión de faltas disciplinarias, sin embargo, al iniciar el año lectivo del 2010, se le comunicó a los padres de familia que el otorgamiento de los subsidios se había suspendido. La accionante reclamó la continuación del programa de subsidios para garantizar que los menores siguieran estudiando en la institución privada donde iniciaron su formación académica. Como quiera que la actora no acreditó la calidad de abogada para actuar en representación del grupo de padres de familia de los otros menores afectados por la medida de suspensión, la sala concluyó respecto a la presente acción constitucional, que solo procedía frente al amparo solicitado por la demandante para la tutela de su propia hija. En el caso concreto se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, en cuanto se acreditó que la institución educativa concedió el subsidio educativa y que la menor cursa el último grado de educación media. Carencia actual de objeto.
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  • Sentencia de Constitucionalidad nº 131/04 de Corte Constitucional, 19 de Febrero de 2004
    Ley 769 de 2002. Art. 51 (p.). Codigo nacional de transito terrestre. Revision anual tecnico-mecanica vehiculos de servicio publico. Particulares cada dos años. Buena fe. Confianza legitima.  exequible.
  • Alcances de la confianza legítima en el derecho privado colombiano
  • El mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo frente a los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima
    1. Principio de igualdad y el límite del principio de la autonomía judicial. 2. Principio de la seguridad jurídica. 3. Principio de la confianza legítima.
  • Sentencia de Tutela nº 437/12 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2012
    Vivienda digna, trabajo. El demandante aduce que la administración municipal de ibagué vulneró sus derechos fundamentales y el principio de confianza legítima, al ordenar la restitución de un bien de espacio público donde reside con su núcleo familiar y trabaja desde hace más de quince años, sin ofrecerle un plan de reubicación y sin considerar que es un sujeto de especial protección y que la propia administración cobró el impuesto predial sobre el mencionado bien y le realizó conexión a las redes de servicios públicos. Con la acción de tutela se pretende que se deje sin efectos la resolución por medio de la cual se declaró al actor como ocupante ilegal del espacio público y se ordenó la restitución del bien inmueble. La sala se refiere a los siguientes temas: 1º. Procedencia de la acción de tutela. 2º. El espacio público. 3º. Jurisprudencia sobre confianza legítima y buena fe y, 4º. Derecho ala vivienda digna. Se concede la tutela y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
  • Sentencia de Tutela nº 717/12 de Corte Constitucional, 13 de Septiembre de 2012
    Vivienda digna, principio de confianza legítima. En el año 2006 el actor construyó una vivienda sobre un lote de terreno ubicado en el barrio el paraíso de la localidad de ciudad bolívar en la ciudad de bogotá y de manera posterior la secretaría de hábitat distrital, por una posible infracción urbanística, inició una investigación sobre la precitada construcción. Tras comprobar que el demandante la edificó en contravención al plan de ordenamiento territorial de la ciudad, resolvió declarar infractor al tutelante, ordenarle la demolición total del inmueble y ordenar la suspensión de los servicios públicos domiciliarios. A juicio del accionante, los actos administrativos proferidos por las autoridades competentes en materia urbanística, vulneran sus derechos fundamentales y los de los menores de edad que están a su cargo. Luego de estudiar la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, así como los pronunciamientos de la corporación frente al principio de confianza legítima y la jurisprudencia relacionada con la protección del derecho a la vivienda digna, la sala de revisión decide conceder el amparo solicitado, ordenar la suspensión provisional de la resolución que ordenó la demolición del inmueble, hasta tanto la secretaría de planeación distrital se pronuncie en forma definitiva sobre la legalización del sector donde se ubica el predio del accionante. Así mismo, ordena a la alcaldía local de ciudad bolívar, que aún cuando el concepto de legalización sea en sentido negativo, se abstenga de exigir al actor la demolición de su propia vivienda hasta tanto se le brinde una alternativa real, efectiva y aceptada por él, toda vez que en virtud del principio de confianza legítima la misma administración permitió que sucedieran los hechos.
  • Auto nº 289/13 de Corte Constitucional, 27 de Noviembre de 2013
    Solicitud de nulidad de la sentencia t-564/12. El peticionario manifestó que la providencia atacada debía declararse nula porque se desconoció el precedente jurisprudencial establecido por la corporación en torno al principio de confianza legítima y a la naturaleza y efectos de las actas de conciliación.  luego de reiterar jurisprudencia relacionada con los requisitos materiales de las solicitudes de nulidad presentadas contra las sentencias de tutela proferidas por las sala de revisión de la corte constitucional y de analizar los cargos formulados, la sala plena decidió negar la solicitud impetrada. 
  • Sentencia de Tutela nº 231/14 de Corte Constitucional, 9 de Abril de 2014
    Se aduce la vulneración de derechos fundamentales en virtud de la decisión adoptada por las entidades accionadas de impedirle al actor continuar ejerciendo su labor de vendedor de comidas rápidas en espacio público y no incluirlo en el censo, ni en los programas de generación de ingresos y reubicación dirigidos a los comerciantes informales de la ciudad. Protección del espacio público por parte del estado y la eficacia de los derechos fundamentales de los comerciantes informales. Reiteración de jurisprudencia. Protección de la confianza legítima en situación de ocupación del espacio público. Criterios para la realización de censos anteriores a los programas de recuperación del espacio público. Se concede el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la protección del principio de confianza legítima, al trabajo y al mínimo vital. Se otorga efectos inter comunis a la presente decisión respecto a los vendedores del barrio girardot de la ciudad de bucaramanga a quienes no se les haya permitido censarse ni se les haya brindado información sobre los programas de capacitación, de formalización de la economía y los planes de reubicación existentes en dicha ciudad, para los comerciantes informales.
  • Los derechos adquiridos frente a la función administrativa
    La protección a los derechos adquiridos constituye una garantía constitucional frente al ejercicio del poder unilateral de la autoridad administrativa; sin embargo, como todo derecho, se imponen límites resultado de la aplicación del principio de buena fe cuando el particular rompe la confianza legítima que sustenta el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos y cuando por disposición legal entren en juego los altos intereses generales, como ocurre en materia ambiental. Palabras clave: Derechos adquiridos, revocatoria, buena fe. Protection of acquired rights constitutes a constitutional security before the practice of the unilateral power of the administrative authority. Nevertheless, as any right, limits are imposed as a result of applying the principle of honesty when the individual breaks the legitimate confidence supporting the principle of assumption of legality of administrative acts and when by legal disposition high general interests are involved as it occurs in the environmental matter. Key words: Acquired rights, revoking, honesty. Fecha de recepción: 10 de julio de 2002
  • Responsabilidad del Estado Legislador
    Introducción - 1. Desarrollo en derecho comparado - a) En Francia - b) En Alemania - c) En Italia - d) En Estados Unidos - 2. La responsabilidad patrimonial del legislador en españa - a) Fundamento Constitucional de la responsabilidad: el funcionamiento de los servicios públicos - b) La responsabilidad del Estado Legislador por el hecho de la Ley - c) El Tribunal Constitucional como único llamado a declarar la inconstitucionalidad de una ley - d) La confianza legítima como generadora de responsabilidad del Estado Legislador - e) La responsabilidad de las instituciones comunitarias por adopción de sus disposiciones normativas - 3. La responsabilidad patrimonial en el sistema jurídico colombiano - a) Fundamento constitucional y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por el hecho de la Ley: la omisión legislativa de carácter relativo - b) Supuestos de responsabilidad del Estado Legislador - c) La omisión legislativa relativa como presupuesto de competencia de la Corte Constitucional - d) La Corte Constitucional excepcionalmente puede declarar perjuicios en una sentencia que declare la inexequibilidad de una ley - e) El criterio del Consejo de Estado con respecto a la responsabilidad del Estado por el hecho de la Ley - f) El daño especial como régimen de imputación de responsabilidad del Estado por el hecho de la Ley - g) Confianza legítima no impide cambios legislativos
  • Sentencia de Tutela nº 508/13 de Corte Constitucional, 31 de Julio de 2013
    En este asunto se tiene que, en el año 2005, le fue concedida al actor la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual fue liquidada sobre la base de 480 semanas de cotización. El accionante reanudó las cotizaciones al sistema desde mediados del 2007 sin que el iss rechazara los pagos, objetara, supeditara o condicionara su afiliación o lo hubiera excluido. En el año 2009 le fue calificada una pérdida de la capacidad laboral del 68.70 %, y tras solicitar el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, esta prestación le fue negada bajo el argumento de estar exonerado de cotizar al instituto, de conformidad con lo contemplado en el artículo 2º del decreto 758 de 1990. La sala se pronuncia respecto a la siguiente temática: 1º. El derecho a la seguridad social, su carácter fundamental y protección por medio de la acción de tutela. 2º. Requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir de la ley 100 de 1993. 3º. El principio de la condición más beneficiosa y, 4º. Los principios de buena fe, confianza legítima y respeto por el acto propio. La corte decide conceder el amparo solicitado y ordenar el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
  • Sentencia de Unificación nº 120/03 de Corte Constitucional, 13 de Febrero de 2003
    Derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y seguridad social. Via de hecho. Indexacion de la primera mesada pensional. Principio de favorabilidad. Confianza legitima. Doctrina probable. Equidad. Situaciones no prevsitas en jurisdiccion laboral. Cosa juzgada. Concedida.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 833/13 de Corte Constitucional, 20 de Noviembre de 2013
    Demanda de inconstitucionalidad presentada contra el parágrafo transitorio y los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 163 de la ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Los demandantes sostienen que la norma acusada establece una amnistía tributaria para los contribuyentes que omitieron declarar activos o incluyeron pasivos inexistentes en las declaraciones correspondientes a períodos anteriores no revisables. Argumentan, que tal beneficio es contrario a los principios de equidad y justicia tributaria por cuanto premia a quienes evadieron el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales, al permitirles legalizar su situación fiscal a través del pago de un impuesto menor al que le correspondió pagar a los contribuyentes cumplidos. La corte concluye que la medida prevista en la norma acusada resulta innecesaria y desproporcionada y por ello, decide declarar la inexequibilidad del artículo 163 de la ley 1607 de 2012. Precisa que, en virtud de que las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma declarada inexequible se encuentran amparadas por el principio de confianza legítima y, en atención a los precedentes examinados, los efectos de la presente decisión sólo regirán hacia el futuro.
Confianza legitima
Constitucional- El principio de buena fe debe estar presente en todas las actuaciones y procedimientos de las entidades públicas. Esto con el fin de garantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular se concreten de manera efectiva y adecuada. Ver Sentencia- Corte Constitucional
25 Sep 2017
Principio constitucional de confianza legítima
Constitucional- La confianza legítima se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Ver Sentencia- Corte Constitucional
22 Jul 2016
Principio de confianza legítima
Administrativo- El principio de confianza legítima brinda “protección jurídica a las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, cuando ellas han sido promovidas, permitidas, propiciadas o toleradas por el propio Estado”. Ver Sentencia- Consejo de Estado
18 Sep 2015
«confianza legitima» en el mundo