Bienes inembargables - España

5.1. Nueva Ley Concursal. 5.1.1. Situación jurídica del concursado. 5.1.2. Responsabilidad penal. 5.1.3. Alimentos y bienes inembargables. 5.1.4. Efectos extintivos. 5.2. Situación patrimonial del deudor. 5.3. Créditos concursales. 5.4. Efectos sobre los contratos. 5.5. Especialidades en materia de ejecuciones hipotecarias. 5.6. El Incidente Concursal.

4.1. Competencia jurisdiccional. 4.2. Comparecencia en juicios universales. 4.3. Actos de comunicación judicial. 4.4. Bienes inembargables. 4.5. Acumulación de procesos singulares a procesos universales. 4.6. Suspensión de la ejecución, en caso de situaciones concursales. 4.7. Cuestiones incidentales. 4.8. Recursos. 4.9. Realización de la masa activa. 4.10. Demanda de calificación de la insolvencia definitiva. 4.11. Administración judicial de empresas embargadas. 4.12. Proyecto de Ley Concursal.

Palabras clave: sobreendeudamiento, segunda oportunidad, fresh start, insolvencia, consumidor, empresario, endeudamiento familiar, plan de pagos, concurso de acreedores

Embargo de bienes muebles. Recurso contencioso administrativo. Impuesto de sociedades. Cuenta en el contrato de trabajo.

Trabajador contra los organismos. Orden de embargo. Competencia de la jurisdicción social en materia de prestaciones de seguridad social. Límites de inembargabilidad de las pensiones.

Sociedades mercantiles. Liquidación. Inembargabilidad a los bienes de dominio público. Diligencia de embargo.

Ejecución de sentencia. Parte impugnante del recurso. Bienes embargados. Perjuicio para los trabajadores.

Derecho de terceros. Levantamiento del velo en las sociedades. Embargo de bienes de la mercantil deudora. Demanda de tercería de dominio.

Estarán comprendidos en la protección por desempleo, siempre que tengan previsto cotizar por esta contingencia, los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, el personal contratado en régimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las Administraciones Públicas (artículo 262 de la Ley General de la Seguridad Social).

I. El privilegium fisci en el ordenamiento jurídico español. II. Reacciones críticas ante el privilegio de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales de la Administración. III. La Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15 de julio. IV. Algunas reflexiones acerca de la nueva postura del Tribunal Constitucional.

DESESTIMACIÓN DE PETICIÓN DE PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA. INEMBARGABILIDAD DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. ALCANCES. LÍMITES. Se reclama contra la sentencia desestimatoria de recurso contencioso administrativo sobre desestimación presunta de las peticiones sobre pago de deudas tributarias. ""El privilegio de la inembargabilidad solo alcanza a los bienes que estén destinados a la realización de actos ""iure imperii"", pero no a aquellos destinados a la realización de actividades ""iure gestionis"", porque una interpretación de las normas que condujera a mantener la imposibilidad absoluta de ejecución de las Administraciones públicas debía considerarse vulneradora del art. 24.1 de la Constitución, y más aun cuando la Norma Fundamental solo refiere la inembargabilidad a los bienes de dominio público y a los comunales. Se desestima el recurso de casación.

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. BIENES DE DOMINIO PUBLICO. CALIFICACION. Como en el presente caso el contenido del dominio público, el género de bienes que lo integran, está establecido por la propia Constitución, el legislador se limita, al definirlo, a ejecutar un mandato constitucional y se excusan otras consideraciones respecto del condicionamiento que a la facultad para incluir en el dominio público, genéricamente, los bienes de otra naturaleza o clase, impone la misma Constitución. Si resulta necesario recordar que, en lo que toca al régimen jurídico de los bienes que integran el dominio público marítimo-terrestre, el legislador no sólo ha de inspirarse en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, sino que además ha de adoptar todas las medidas que crea necesarias para preservar sus características propias. Ciertamente esta inclusión en la legislación reguladora del régimen jurídico de los bienes del dominio público natural cuya titularidad corresponde al Estado de las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad de esa titularidad se impone como necesidad lógica en todo caso, y así lo declaramos, en lo que concierne a las aguas, en la ya citada STC 227/1988 (fundamento jurídico 18 ). En el caso del dominio público marítimo-terrestre se trata además, sin embargo, de una expresa necesidad jurídico-positiva, constitucional, pues como es obvio, el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus características fueran destruidas o alteradas. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación.