Bienes embargados - España

Artículo 589 y siguientes LECrim ("De las Fianzas y Embargos"). Artículo 612 LEC ("Mejora, reducción y modificación del embargo"). Ante la duda de la suficiencia de los bienes embargados en relación con la exacción de la responsabilidad del procesado, en este escrito se solicita se sirva decretar la mejora del embargo acordado que deberá recaer sobre los bienes expresados.

La tasación pericial contradictoria es un derecho que el contribuyente puede ejercer cuando no esté de acuerdo con el valor comprobado por la Administración de los bienes y derechos que se transmiten. La solicitud o reserva para promover la tasación pericial contradictoria determinará la suspensión del ingreso de la deuda tributaria sin necesidad de aportar garantía alguna, exclusivamente cuando haya existido comprobación de valores por parte de la Administración.

Escrito por el que se solicita la remoción del depositario de los bienes embargados y la parte propone otro conforme el art. 627 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)

Los bienes o derechos no comprendidos en los artículos anteriores se realizarán en la forma convenida entre las partes e interesados y aprobada por el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución (artículo 636 de la LEC).

I. Facultad de disposición del ejecutado sobre los bienes embargados.-II. Importancia de la constancia registral de la anotación preventiva de embargo para que surja la figura del tercer poseedor: 1. Caducidad de la anotación preventiva de embargo. 2. Eficacia limitada de la anotación preventiva de embargo.-III. Derechos del tercer poseedor en el proceso de ejecución: 1. Derecho a que el registrador de la propiedad le comunique la existencia de la ejecución si figura en la certificación de cargas. 2. Derecho a intervenir en las actividades ejecutivas que afecten a sus intereses: a) Intervención del tercer poseedor en el avalúo del inmueble. B) Participación del tercer poseedor en los mecanismos de realización forzosa alternativos a la subasta. C) participación del tercer poseedor en la subasta judicial del inmueble embargado. D) intervención del tercer poseedor en el procedimiento para el desalojo de terceros ocupantes del inmueble tras su enajenación forzosa. E) intervención del tercer poseedor en la administración para pago. 3. Utilización por el tercer poseedor de los medios de impugnación que la ley concede al ejecutado: a) Imposibilidad por parte del tercer poseedor de utilizar los medios de impugnación a favor de los terceros para la defensa del bien afecto a la ejecución. 4. Potestad del tercer poseedor de liberar el bien mediante pago al ejecutante. 5. Derecho del tercer poseedor a participar en la distribución del sobrante.-IV. Conclusiones.-Bibliografía.

El presente artículo, tras una breve aproximación al nuevo régimen de protección penal del derecho de crédito de los acreedores, aborda el tratamiento punitivo que se dispensa al uso no autorizado de bienes embargados por autoridad pública constituidos en depósito, basándose para ello en las notas diferenciales con otras figuras afines ya previstas en el Código Penal, concretamente la malversación y alzamiento de bienes impropios y el hurto de cosa propia, para finalizar con la valoración de la oportunidad de esta nueva figura delictiva introducida ex novo por la LO 1/2015.

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. MALVERSACIÓN IMPROPIA. La formal y expresa instrucción del cargo por la persona designada debe estar precedida de una instrucción suficiente sobre las obligaciones y responsabilidades que contrae, puesto que, en caso contrario, el eventual incumplimiento de los deberes del depositario no podrá integrar por sí solo el tipo en cuestión, la existencia de cuyo elemento subjetivo no puede ser supuesta o presumida. Se desestima la casación.

RECLAMACIÓN A UN COFIADOR POR EL COMPRADOR DE LOS BIENES EMBARGADOS AL OTRO COFIADOR POR EL IMPORTE TOTAL DE LA FIANZA. LIBERACIÓN DE AMBOS COFIADORES. El motivo segundo se formula desde la discrepancia con la calificación del negocio jurídico que realiza la sentencia recurrida, con invocación del interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a la institución de la asunción de deudas, que la sentencia no contempla, eludiendo que se despachó ejecución también en su contra, que era cofiador y fue liberado del pago. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de casación.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Sólo la protección del eventual adjudicatario de los bienes embargados sino, además, el propio conocimiento que el beneficiado por las ulteriores anotaciones de embargo tenía de la existencia de otro anterior y de la certificación de cargas librada por razón del mismo para la ejecución de los bienes, determina que las anotaciones ulteriores no deban subsistir en perjuicio de quien actuó amparado en el contenido de la certificación de cargas obrante en el proceso ejecutivo. Se estima la apelación.

INSOLVENCIAS PUNIBLES. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ALZAMIENTO DE BIENES. El acusado no fue en ningún momento nombrado depositario de ninguno de los bienes embargados. Nunca tuvo la condición objetiva necesaria para poder incurrir en el delito del que la acusación particular le considera autor. Tampoco se practicó prueba alguna reveladora de que cooperara con el depositario, a sabiendas, en la sustracción del bien o en la aplicación del mismo a fines privados incompatibles con la conservación del bien. Se absuelve al acusado.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación. Se desestima la apelación.

1. Introducción - 2. El avalúo - 3. Certificación de dominio y cargas - 4. La posición de ejecutante

Modelo de solicitud del ejecutante en la que se solicita que salgan a subasta los bienes inmuebles embargados. Artículo 655 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1. Introducción. 2. Metodología empleada. 3. Resultados. 3.1. Frecuencia de la subasta de bienes muebles. 3.2. Motivos del bajo número de subastas. 3.3. Destino de los bienes muebles en una ejecución. 3.4. La rentabilidad de la subasta. 4. Discusión de los resultados. 5. Propuestas. 5.1. Modificación del orden de embargo. 5.2. Introducción de la subasta por internet. 5.3. Introducir la adjudicación directa al ejecutante. 5.4. Modificar la regla de rentabilidad de la subasta. 6. Conclusión. 7. Bibliografía.

El presente trabajo analiza la subasta judicial con pago aplazado, una figura prevista tanto respecto de los bienes muebles (art. 650.3 LEC), como para los inmuebles (art. 670.3 LEC). El legislador ha pretendido con ella reforzar la tutela del acreedor ejecutante, facilitando la venta en pública subasta de bienes cuyo valor puede ser muy elevado. Sin embargo, la regulación legal es muy parca y puede generar importantes dificultades prácticas. Los autores tratan con estas páginas de «reconstruir» el régimen jurídico de esta modalidad de venta judicial y, singularmente, de ofrecer respuesta a los efectos que su aprobación genera respecto del proceso de ejecución: en concreto, si de la deuda en virtud de la cual se procede debe descontarse la cantidad íntegra por la que se aprobó el remate (cuotas aplazadas incluidas) o si solo debe minorarse en los importes efectivamente cobrados por el acreedor. El trabajo se centra primordialmente en los bienes inmuebles, pues cabe suponer que será este el ámbito de mayor potencial incidencia de la figura.