Agilización procesal - España

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Mejor documento

BOE. Boletín Oficial del Estado
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  • Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.
  • Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
  • La doble reforma procesal en cuanto a las acciones de falta de pago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario y por expiración legal o contractual del plazo. Según las leyes de implantación de la nueva Oficina Judicial y de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler.
    1- Introducción. La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 2- La entrada en vigor de la reforma. 3- El nuevo juicio de desahucio: legitimación y competencia. 4- El nuevo juicio de desahucio: las novedades en la presentación de la demanda. A- La enervación de la acción. B- La petición de ejecución forzosa de la sentencia. C- La condonación de rentas y costas. El nuevo allanamiento especial. D- La sentencia de condena de futuro. E- La acumulación de acciones contra el fiador o avalista solidario. 5- El nuevo juicio de desahucio: la instauración del “desahucio exprés”. Procedimiento. A- La reforma de la Ley de implantación de la nueva oficina judicial. B- Aspectos del procedimiento no modificados: C- Aspectos procesales del procedimiento modificados: 6- Otra consecuencia del “desahucio exprés”. La criticable reforma del proceso monitorio.
  • Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal (BOE 11-10-2011)
  • Medidas de Agilización Procesal
  • Aspectos del Procedimiento Civil modificados por la Ley de medidas de agilización procesal
  • El nuevo juicio de desahucio que implanta la Ley de medidas de agilización procesal de octubre de 2011. Tratamiento procesal tras las reformas de noviembre de 2009
  • ATS, 16 de Septiembre de 2014
    DESAHUCIO POR PRECARIO. Se formalizó recurso de casación contra una sentencia que ha sido dictada vigente la Ley 37/2011, de Medidas de Agilización Procesal, en segunda instancia de un juicio verbal de desahucio, por precario, tramitado en atención a su materia. En los casos de reclamación de una vivienda por su propietario cuando esta ha sido cedida, normalmente a un familiar, para que fije en ella su domicilio familiar, señala que se debe analizar cada caso en concreto, pues resulta necesario resolver si ha existido o no un contrato entre las partes, particularmente un contrato de comodato, caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto. Si existe un contrato de comodato, los conflictos que puedan surgir en torno al uso, deberán resolverse conforme a las normas reguladoras de ese negocio jurídico. Sin embargo, y para el caso de que no resulte acreditado, se debe concluir que la situación jurídica analizada es característica de la figura de un precario. No existe negocio jurídico de comodato, ni tampoco donación al hijo, de forma que solo con omisión de estos hechos probados, lo que exigiría la revisión de la prueba y de su valoración, lo que no cabe en casación, por no ser una tercera instancia, podría llegarse a una modificación del fallo recurrido, lo que es causa de inadmisión por inexistencia del interés casacional. Se desestima la casación.
  • ATS, 9 de Septiembre de 2014
    DESAHUCIO. PRECARIO. El presente recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación fue interpuesto contra sentencia recaída en procedimiento tramitado en atención a la materia, en autos de desahucio por precario, por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, aplicable al presente recurso, al haberse dictado la sentencia recurrida con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma, lo que exige acreditar la existencia de interés casacional. La parte recurrente articula el recurso de casación desde una contemplación de los hechos y una ratio decidendi diferente a la constatada por la Sentencia recurrida, eludiendo aquellas cuestiones de hecho que le perjudican, al partir de una base fáctica diversa a la constatada por la resolución recurrida y que sirve de apoyo a las conclusiones obtenidas que deben mantenerse incólumes en casación, con la consecuencia de que respetada tal base fáctica ninguna infracción se ha producido, de suerte que en el presente caso no se plantea a la Sala una verdadera vulneración sustantiva, presupuesto ineludible de este recurso, sino una visión parcial y subjetiva de los hechos y de la valoración probatoria siendo por tanto el interés casacional alegado inexistente, de manera que no pueden tomarse en consideración las alegaciones efectuadas por la parte recurrente en su escrito de alegaciones que reproducen lo expuesto en el escrito de interposición. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de casación.
  • ATS, 10 de Diciembre de 2013
    DESAHUCIO POR PRECARIO. La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC 2000. Por ello, el recurso extraordinario por infracción procesal también debe ser inadmitido al concurrir la causa de inadmisión contemplada en el art. 473.2.1º, en relación con la mencionada Disposición final decimosexta, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC, como recoge el Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, tras la reforma operada por Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de casación.
  • Demanda de juicio verbal acumulando acción de desahucio por falta de pago de la renta y reclamación de rentas. (Medidas de agilización procesal)
  • La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal
    El presente artículo tiene por objeto el análisis de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española introducidos por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2011. En el ámbito del proceso civil, el propósito principal de esta reforma es la agilización de la tramitación de los procesos, si bien el legislador ha aprovechado para realizar algunas mejoras técnicas. La Ley 37/2011 ha eliminado la existencia de una cuantía máxima para interponer un procedimiento monitorio. Además, ha realizado importantes cambios en el procedimiento de desahucio con el objeto de agilizarlo, ordenando el lanzamiento directo de los inquilinos cuando estos no se opongan a la demanda. En relación con los recursos, se establece un procedimiento de interposición directa en los recursos devolutivos y se modifican los motivos del recurso de casación. Finalmente, también se han producido relevantes cambios en el procedimiento de ejecución.This article aims to analyse the amendments to the Spanish Civil Procedural Law implemented by Law 37/2001 of 10 October, which came into force on 1 November 2011. In relation to civil proceedings, the main purpose of the amendments is to speed up proceedings, although other technical amendments have also been introduced.Law 37/2011 has done away with the maximum amount requirement to initiate payment proceedings. It has also notably modified eviction proceedings so as to speed them up, ordering the direct eviction of tenants who do not oppose the claim. As regards appeals, a direct procedure is established for ordinary appeals (recurso de apelación) and appeals on points of law before the Supreme Court and the grounds for appeal in the latter are changed. Finally, enforcement proceedings have also been modified significantly.
  • La duración de los arrendamientos urbanos, su prórroga y el nuevo desahucio «express» en la ley 19/2009, de 22 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios
    En este trabajo hemos pretendido analizar la duración de los arrendamientos de vivienda, que será la libremente pactada por las partes, si ésta fuera inferior a cinco años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance la duración mínima de cinco años. Se contemplan excepciones a la prórroga obligatoria del contrato para atender la necesidad del arrendador de ocupar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial ex artículo 9.3 de la LAU, que ha sido modificado en este sentido por Ley 19/ 2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. También hemos analizado la prórroga y el desistimiento del contrato en base a los artículos 10 y 11 de la LAU, respectivamente. Finalmente, hemos aludido a las principales modificaciones introducidas en los procesos de desahucio para mejorarlos y agilizarlos, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe. to safeguard the rights and guarantees protecting all bona fide tenants. In this paper we have endeavoured to analyse the length of housing leases. Housing lease length is freely accorded by the parties. If that length is less than five years, then, on the date of expiration of the lease, the lease is obligatorily extended for one-year periods until the lease attains the minimum length of five years. Some exceptions to mandatory lease extension are envisaged, to accommodate the lessor’s need to occupy the premises as a permanent home for him/ herself or the lessor’s relatives in the first degree of consanguinity or by adoption, or for the lessor’s spouse where there is a final divorce or marriage annulment ruling under article 9.3 of the Urban Lease Act, which was amended in this sense by Act 19/2009 of 23 November on measures to foster and speed up the rental procedure and on building energy efficiency. We have also analysed lease extension and abandonment on the basis of articles 10 and 11, respectively, of the Urban Lease Act. Lastly, we have alluded to the main modifications made for the improvement and acceleration of eviction processes without ceasing
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