Acto administrativo - Colombia

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) Mejor documento Vigente

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  • Sentencia de Tutela nº 945/09 de Corte Constitucional, 16 de Diciembre de 2009
    Igualdad, trabajo, debido proceso, confianza legítima. Se acumulan procesos por unidad de materia, los accionantes alegan haber sido excluidos por el icfes y la comisión nacional del servicio civil, del concurso de méritos para docentes y directivos docentes, a nivel nacional, solicitan se ordene a las entidades accionadas dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitud y competencias básicas que aprobaron, y se les cite a entrevista y valoración de antecedentes. La sala aborda el estudio de los siguientes temas, los concursos de mérito para proveer cargos de docentes y directivos docentes y la convocatoria como norma reguladora, los actos definitivos en el concurso de méritos, la publicación de resultados y la lista de elegibles como etapas del concurso de méritos, se concluye que el procedimiento adelantado por las entidades accionadas, no vulneró los derechos de los accionantes, puesto que se ajustó a las normas que rigieron el concurso, además se evidenció que los peticionarios fueron suficientemente informados a través de diferentes medios de comunicación, por lo tanto se decide no acceder a la protección de los derechos invocados.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 1436/00 de Corte Constitucional, 25 de Octubre de 2000
    Ley 80 de 1993. Arts. 70 y 71. Estatuto de contratacion de la administracion publica. Arbitramento. Limites. Control de legalidad sobre los actos administrativos. Resolucion de conflictos surgidos en los contratos celebrados entre el estado y los particulares. Exequible.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 069/95 de Corte Constitucional, 23 de Febrero de 1995
    Dec. 01/84. C.c.a. Art. 66 parcial. Perdida de la fuerza ejecutoria de los actos adtivos. Aplicacion de excepcion de inconstitucionalidad. Exequible.
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 640/02 de Corte Constitucional, 13 de Agosto de 2002
    Decreto 01 de 1984. Art. 44, inc. 4. Codigo contencioso administrativo. Deber y forma de notificacion personal. Actos de inscripcion de registros publicos y certificacion. Principio de publicidad. Actuacion administrativa de interes particular. Accion de nulidad. Exequible.
  • Sentencia nº 25000-23-25-000-2001-03304-01(8820-05) de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, de 7 de Septiembre de 2006
    RETIRO DE EMPLEADO - Procedencia de la facultad discrecional por decaimiento del acto de inscripción;CARRERA ADMINISTRATIVA - No vulneración de estos derechos por decaimiento del acto de inscripción. El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución No.509 del 29 de diciembre de 2000, expedida por los Registradores Distritales del Estado Civil, por la cual se da por terminado el nombramiento de la actora en el cargo de Jefe de División 2040-09. Indudablemente, el empleo que desempeña la actora pasa a ser de carrera administrativa, por virtud de la sentencia C-552 de 1996, y bien podría tener aplicación para aquellos funcionarios la previsión contenida en las normas cuyo tenor ha sido trascrito, que consagran una forma de inscripción automática en la carrera para aquellos servidores que se hallaban vinculados el 20 de mayo de 1986. Referente a este asunto, ha de decirse que la Corte Constitucional, en sentencia C-030/97, declaró inexequible una previsión similar contemplada en el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 - ordenamiento que rige el sistema de carrera administrativa a nivel general -, avalando, eso sí, aquellas situaciones consolidadas, es decir los casos de los empleados que al proferirse el fallo se encontraban ya inscritos en el escalafón de la carrera, pese a la irregularidad de su inscripción. La decisión judicial anterior no sería aplicable al presente asunto: (i) porque la reseñada sentencia de la Corte se refiere a una disposición que no tiene cabida en este caso, por tener la accionada una carrera específica, gobernada por particulares disposiciones; y (ii) porque siguiendo los lineamientos de tales normas especiales la inscripción automática que fue consagrada en ellas sólo tiene lugar para aquellos servidores que se hallaban vinculados el 20 de mayo de 1986 y es claro que la vinculación del demandante a la Registraduría lo fue en 1995. Se registra en el expediente la Resolución No.509 del 29 de diciembre de 2000, en donde aparece que la actora es inscrita en forma automática en el escalafón de la carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por resolución 05127 del 6 de octubre de 1997, en el cargo de Jefe de División 2040-09; que la Resolución No.2596 del 30 de mayo de 1997 - disposición en que se funda la inscripción y se establece el procedimiento de inscripción para los servidores cuyos cargos pasaron a ser de carrera en virtud de la sentencia C-522/96 -, es revocada por la misma entidad, por Resolución No.5988, aduciendo razones de interés público que aconsejan su revisión, para lo cual expresa ejercer su prerrogativa de autotutela. En tal caso, al desaparecer los fundamentos de derecho en que se basa la resolución de inscripción en el escalafón de carrera, es claro que opera el decaimiento de dicho acto administrativo, en tanto la resolución 2598 es retirada del ordenamiento jurídico. En esas condiciones, considera esta Sala que la entidad se encontraba facultada para retirar discrecionalmente del servicio al demandante, como consecuencia del decaimiento del acto de inscripción, por no tratarse de un empleado inscrito en carrera sujeto al procedimiento de retiro propio de esta clase de servidores, sino de un empleado provisional que se asimila al de libre nombramiento y remoción. Cuando se da por terminado el nombramiento del actor, ha de entenderse entonces que se trataba de una declaratoria de insubsistencia, medida discrecional que se presume inspirada en el buen servicio, en tanto no se demuestre lo contrario. No obstante todo lo dicho anteriormente, se dirá que si bien la demandante exhibe un acto administrativo de inscripción en el escalafón del régimen específico de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo cierto es que dicha decisión es revocada por la misma administración, mediante otro acto, el cual no es acusado dentro de este proceso (presumiéndose su legalidad), si consideraba que lesionaba un derecho adquirido. El acto que se demanda en esta oportunidad es el que da por terminado su nombramiento, esto es, una insubsistencia, por cuanto la actora no se hallaba inscrita en carrera, dada la situación presentada en su particular caso en donde operó el decaimiento del acto administrativo de inscripción. En esas condiciones, la administración tenía la potestad discrecional de retirar del servicio a la demandante.
  • Sentencia nº 68001-23-31-000-2008-00362-01(1919-13) de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, de 20 de Marzo de 2014
  • Revocación directa de acto administrativo presunto
  • Acto administrativo, recursos y revocaciòn directa
    El procedimiento administrativo, entendido como el conjunto de actos, formalidades y trámites que rigen la preparación e impugnación de la voluntad administrativa, que se manifiesta en la expedición de un acto administrativo, en la medida en que se surta de acuerdo con los principios que lo rigen, da lugar a que la administración pública pueda alcanzar las finalidades que le son propias, como gestora del interés público.
  • Poder de acción contractual de demandar actos administrativos
  • Sentencia nº 70001-23-31-000-1996-03070-01(16016) de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, de 4 de Agosto de 2007
    ACTO ADMINISTRATIVO - Formación.ACTO ADMINISTRATIVO - Publicidad. Oportunidad. Resulta pertinente, para resolver el asunto materia de controversia, hacer algunas precisiones relativas tanto a la formación del acto administrativo, esto es, sobre aquellos elementos que contribuyen a su nacimiento en condiciones de validez, como también sobre aquellos aspectos que tienen que ver con la publicidad de los mismos, los cuales determinan su eficacia y oponibilidad. Muchas y diversas teorías han sido expuestas, a través del tiempo, en torno al nacimiento del acto administrativo a la vida jurídica; en algunas oportunidades se sostuvo que el acto administrativo tan solo nacía al mundo del derecho una vez se hubiera cumplido con el procedimiento de la notificación o publicación, bajo el criterio de que como era de la esencia del acto administrativo la manifestación de voluntad de la Administración, si ésta no se había exteriorizado mediante la notificación o publicación, no existía acto administrativo e inclusive se llegó a sostener que su falta de promulgación significaba su no vigencia y, por lo tanto, no podía ser enjuiciado, tesis que luego fue modificada en el sentido de señalar que debían ser admisibles las demandas contra actos no promulgados, con el fin de decidir sobre la nulidad de los mismos por ausencia de requisitos de forma. Más tarde esa tesis fue modificada por otra que en la actualidad subsiste, según la cual el acto administrativo nace a la vida jurídica en el momento mismo en que la Administración adopta una decisión encaminada a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, independientemente de que dicha decisión hubiere sido notificada o publicada, es decir que el acto administrativo existe desde su expedición en legal forma, esto es con el cumplimiento de todos los elementos esenciales para su validez y, por lo tanto, el deber de notificación o publicación en manera alguna constituye presupuesto de su existencia. Vale decir que la notificación o publicación de los actos administrativos tiene como finalidad producir efectos jurídicos para que dichas decisiones de la Administración, adoptadas en legal forma, sean obligatorias u oponibles frente a los administrados, esto significa, que la publicidad del acto constituye presupuesto de su eficacia. Nota de Relatoría: Ver Auto de 11 de septiembre de 1969, Magistrado Ponente: Miguel Lleras Pizarro; anales del Consejo de Estado No. 423 y 424PUBLICIDAD - Acto administrativo. Esta distinción entre la existencia y la eficacia del acto administrativo encuentra consagración legal en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, norma de cuyo texto claramente se infiere que el acto administrativo existe por sí mismo, antes de ser publicado o notificado y que tales requisitos de publicidad tienen como finalidad dotar de eficacia las decisiones de la Administración. Así, la norma en comento dispone lo siguiente: “Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados…”, y seguidamente establece: “Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio hábil”. De igual manera, el artículo 44 de la misma codificación consagra: “Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado o a su representante o apoderado”. En otro de sus incisos ordena: “Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si esta es escrita.” Por su parte, el artículo 1º de la Ley 57 de 1985, determina la existencia del acto administrativo previamente a su notificación, al consagrar que “La Nación, los departamentos y los municipios incluirán en sus respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer…” Respecto de los actos de contenido general y particular, el artículo 95 del Decreto extraordinario 2150 de 1995, admite que el acto como tal precede a su publicación o notificación. De igual manera el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, reconoce la existencia de los actos administrativos de contenido general, antes de ser publicados y, a la vez precisa que la publicidad constituye condición de su eficacia. Y en cuanto a los actos de contenido particular, la Ley 962 de 2005, en su artículo 5º, admite la existencia del acto antes de ser notificado. Los textos de carácter positivo transcritos, reiteran que la publicación de los actos administrativos constituye requisito para su eficacia, toda vez que dicha formalidad legal se exige para que tales actos produzcan efectos en el mundo del derecho y la Administración pueda oponerlos a los administrados; así mismo reconocen la existencia del acto administrativo o decisión emanada de la Administración, previamente a ser notificado o publicado; en otras palabras, dichos textos normativos admiten que la existencia y validez del acto administrativo no dependen de su publicidad. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en distintos pronunciamientos, ha reiterado que la existencia del acto administrativo precede a la publicación o notificación del mismo; igualmente ha determinado que la ausencia de este requisito no constituye causal de nulidad, por cuanto la validez del acto depende de que éste reúna sus elementos esenciales al momento de su existencia. Nota de Relatoría: Ver Auto de 24 de octubre de 1990, Magistrado Ponente: Diego Younes Moreno, Exp.5298; Auto 23 de octubre de 1991, Magistrado Ponente: Álvaro Lecompte Luna, Exp.6121; auto de 23 de enero de 1992, Magistrado Ponente: Miguel González Rodríguez, Exp. 2884; sentencia de 11 de junio de 1992, Magistrado Ponente: Miguel González Rodríguez, Exp. 1941; sentencia del 31 de agosto de 2000, Magistrado Ponente: Olga Inés Navarrete, Exp. 6073, reiteración de la sentencia del 30 de mayo de 1998, Magistrado Ponente: Hernán Guillermo Aldana, Exp. 1125; sentencia de 21 de abril de 2005, Exp. 14651, Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; sentencia C-646 de 31 de mayo de 2000, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz; FF:CODIGO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULO 43, 44; LEY 57 DE 1985 ARTICULO 1; DECRETO EXTRAORDIMNARIO 2150 DE 1995 ARTICULO 95; LEY 489 DE 1998 ARTICULO 119; LEY 962 DE 2005 ARTICULO 5Para determinar la validez del acto administrativo resulta indispensable realizar el examen de sus elementos esenciales en torno a la competencia del órgano y de la autoridad administrativa que lo profiere; los motivos de su expedición; la finalidad perseguida con la decisión administrativa; el contenido mismo del acto y los procedimientos, trámites, formalidades o actuaciones cumplidas para proferirlo, de tal suerte que si alguno de estos elementos no se ajusta a las prescripciones legales, es decir, vulnera el ordenamiento jurídico, el acto estará afectado de nulidad y podrá ser impugnado mediante las acciones previstas por la ley, aún desde el mismo momento de su expedición y antes de ser publicado o notificado, según el caso, sencillamente porque los vicios del acto administrativo se configuran en el momento de su nacimiento a la vida jurídica -que es el momento en relación con el cual se examinan- y no al momento de su publicitación. Pero además, es claro que la decisión de la Administración o acto administrativo está llamado a producir efectos jurídicos, lo cual se obtiene con la publicación o notificación, en debida forma, requisito que le otorga fuerza vinculante frente a los administrados, es decir, lo torna obligatorio y faculta a la Administración para ejecutarlo, por manera que la ausencia de este procedimiento impide a la Administración oponerlo frente a terceros, sin que tal omisión, afecte la validez del acto.NOTA DE RELATORIA: REITERA PROVIDENCIA Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 14850; Actor: Bernardo Niño Infante; Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. FF: ARTICULO 60 SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PROCESAL - Inexistencia.ACTO FICTO - Inexistencia.ACTO PRESUNTO - Inexistencia.ACTO ADMINISTRATIVO - Notificación. Se advierte que presentado el recurso de reposición, el Ministerio de Minas y Energía dejó transcurrir el término de los dos meses prescrito en el artículo 60 del C.C.A., cuyo vencimiento ocurrió el 20 de abril de 1996, sin haberlo decidido y fue tan solo el 6 de mayo del mismo año cuando decidió revocar el acto administrativo recurrido, mediante la expedición de la Resolución No. 80811, dejando sin efecto la declaratoria de caducidad del contrato, es decir, que aunque se había vencido el plazo previsto en la ley para que pudiere operar el fenómeno del silencio administrativo negativo procesal, la Administración optó, finalmente, por resolver el recurso mediante acto administrativo que revocó la decisión. A lo anterior se agrega que el acto administrativo que resolvió el recurso fue notificado personalmente a la representante judicial de la Compañía Concesionaria DAPA S.A., el 8 de mayo de 1996 y a los demandantes mediante edicto que se desfijó el 29 de mayo del mismo año, ante la imposibilidad de notificarlos personalmente, diligencia que fue intentada por la Administración con resultados negativos. Al existir acto administrativo expreso, esto es, debidamente notificado, así hubieren transcurrido más de los dos meses previstos por la ley, resulta claro que no hubo acto presunto o ficto y, por lo tanto, en el presente caso, nunca operó el silencio administrativo. FF: CODIGO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULO 60ACTO ADMINISTRATIVO - Vicios de nulidad. Resulta claro que los vicios de nulidad del acto administrativo originado, bien sea por incompetencia del funcionario que lo profirió; por falsa motivación; por desviación de poder; por violación del procedimiento; por desconocimiento de normas superiores o por violación del debido proceso o del derecho de audiencia y defensa o por expedición irregular, tienen ocurrencia en el momento de su expedición o nacimiento a la vida jurídica, toda vez que es en este preciso momento en el cual deben concurrir todos los elementos esenciales, exigidos por el ordenamiento jurídico, para la validez del acto administrativo. De otra parte, siguiendo los lineamientos fijados por la Jurisprudencia de la Corporación en relación con el contenido y alcance que debe darse al artículo 60 del C.C.A, resulta igualmente claro que por el solo vencimiento del plazo de los dos meses, como requisito indispensable para que pueda operar el silencio administrativo negativo procesal, la Administración no pierde la competencia para decidir los recursos interpuestos para agotar la vía gubernativa y podrá hacerlo, por tanto, siempre y cuando no se le haya notificado el auto admisorio de la demanda formulada contra el acto recurrido; adicionalmente, si la Administración decide antes de tener conocimiento de la litis, en manera alguna podría configurarse el silencio administrativo negativo, puesto que la sola existencia del acto que desate la impugnación en la vía gubernativa excluye, per se, la idea de que simultáneamente y sobre el mismo punto pudiere co-existir un acto ficto o presunto. FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULO 60DERECHO DE PETICION - Recursos de vía gubernativa.PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - Notificación. Cabe reiterar lo dicho por la jurisprudencia de la Sala respecto de la distinción que debe hacerse entre el plazo de dos (2) meses, exigido como requisito mínimo para que pueda operar el correspondiente silencio administrativo negativo procesal o adjetivo, según lo dispone el artículo 60 del C.C.A., y, aquel plazo con que cuenta la Administración para resolver los recursos correspondientes, el cual a falta de regulación legal expresa, equivale al mismo de quince (15) días consagrado en el artículo 6 del C.C.A., como término general para resolver las peticiones, en cuanto debe entenderse que la interposición de recursos en vía gubernativa, esto es, la solicitud que el interesado formula ante la propia Administración con el fin de que la misma aclare, modifique o revoque una decisión, es una forma o modalidad de ejercicio del derecho constitucional fundamental de petición. Se precisa entonces, que si bien es cierto que las entidades públicas pierden competencia para resolver los recursos interpuestos contra sus actos a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, no lo es menos que mientras dicho auto no les haya sido puesto en su conocimiento, resulta imposible exigirles que estén enteradas de su existencia como para que se abstengan de decidir los recursos, ello en virtud del principio de publicidad, según el cual las actuaciones surtidas ante la administración de justicia no pueden ser secretas y, por lo tanto, deben ser difundidas especialmente a quienes tienen interés directo en ellas, mediante la notificación. De otra parte cabe destacar que las notificaciones a las entidades públicas se hacen de una manera expedita al tenor de lo dispuesto por el artículo 150 del C.C.A., de tal suerte que resulta poco probable que la Administración se oculte para impedir la notificación y de esta manera logre prorrogar o extender su competencia para decidir los recursos. FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULOS 6, 60,150Finalmente resta precisar que la ley ha consagrado el silencio administrativo negativo como una garantía en favor del peticionario o recurrente en aquellos eventos en los cuales la Administración omita resolver sus solicitudes, de tal suerte que ante la inactividad de la Administración la ley presume que la respuesta es negativa frente a dicho administrado, para que de esta manera él pueda acudir ante la vía jurisdiccional en procura del control de legalidad. En este orden de ideas, el único legitimado para invocar en su favor la figura, del silencio administrativo negativo es precisamente quien formuló la petición o interpuso el recurso, puesto que no podría entenderse que estuviere facultado para alegar en su favor el silencio de la Administración quien ni siquiera formuló petición alguna ante ella o quien nunca impugnó, mediante los recursos previstos en la ley, los actos expedidos por ésta, puesto que si no lo hizo, tampoco puede esperar respuesta alguna de la Administración, mucho menos alegar la protección que le otorga la ley, mediante el silencio administrativo. Lo anterior para significar que si bien es cierto que los demandantes podían estar legitimados en la causa por activa, dado su interés en la declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera, evidenciada en la petición formulada ante el Ministerio de Minas y Energía, no lo es menos, que no estaban legitimados para invocar a su favor el silencio administrativo negativo procesal, toda vez que, como resulta obvio, ellos nunca interpusieron recurso alguno en contra de la Resolución No 80017 de 15 de enero de 1996, mediante la cual el citado Ministerio declaró la caducidad del aludido contrato.
  • Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 4 de Abril de 2002
  • Sentencia nº 76001-23-31-000-2004-03804-01(0264-07) de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, de 15 de Noviembre de 2007
    DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Ocurrencia durante el trámite del proceso judicial. La jurisprudencia y la doctrina, han desarrollado la institución del “decaimiento del acto administrativo”, haciéndola consistir en una “extinción” del acto acusado, que tiene ocurrencia cuando se presentan circunstancias que comportan la desaparición de los fundamentos jurídicos del respectivo acto administrativo. En éste caso es necesario que la Sala se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la Resolución No. 100-21.08.004 de 6 de septiembre de 2004 -acto administrativo de contenido general-, la cual se encontraba vigente al momento de presentación de la demanda (5 de octubre de 2004) y en su trámite sobrevino el fenómeno del decaimiento respecto a ella, en razón a la expedición de la Resolución No. 100-28.02.007 de 24 de enero de 2005. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 66 del C.C.A. y lo expresado por la Sala Plena del Consejo de Estado, se observa que a pesar de haber sido derogada la Resolución No. 100-21-08.004 de 6 de septiembre de 2004, por el articulo 6º de la Resolución No. 100-28-02.007 de 24 de enero de 2005, ambas expedidas por el Contralor del Departamento del Valle del Cauca, es necesario que esta Corporación se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la misma por su contenido general, con el propósito que impere el orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad posiblemente afectada por el acto acusado, imperio y legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora sino por el pronunciamiento definitivo del juez administrativo. Y mientras tal pronunciamiento no se produzca, la norma acusada, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido particular que se hubiesen expedido durante su vigencia.VIATICOS EN CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE – Determinación. Es claro que con la consagración de un beneficio como el contemplado en las normas acusadas la Contraloría Departamental del Valle se atribuyó la competencia –sin tenerla- para modificar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional al ampliar los supuestos contemplados en el Decreto 3537 de 2003, invadiendo la órbita de competencias que en esta materia le han sido reconocidas de manera privativa y excluyente al Gobierno Nacional. En consecuencia, la providencia impugnada que accedió a las súplicas a decretar la nulidad de los artículos 1º y 2º de la Resolución No. 100-21.08.004 del 6 de septiembre de 2004 amerita ser confirmada, atendiendo las razones expuestas en esta instancia, que se ajustan a lo dispuesto en la Constitución Política, las diferentes Leyes y a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
  • Consejos Superiores de la Administración, acto administrativo y controles sobre la Administración
    1. Concepto y elementos del acto administrativo.2. El control de los actos administrativos. 2.1. Planteamiento general del control. 2.2. Acto político, acto discrecional y acto de trámite. 2.3. El acto político o de gobierno. 2.4. Acto discrecional. 2.5. Acto de trámite. 2.6. Conclusiones generales relativas al control de los actos administrativos en el ordenamiento jurídico colombiano
  • Que debe entenderse por ejecutoria del acto administrativo
  • Sentencia nº 5501 de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, de 17 de Febrero de 2000
    FALSA MOTIVACIÓN - Concepto y clases : por error de hecho, La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación.En el caso en estudio no puede afirmarse que se hubiera presentado ninguna de las dos situaciones descritas porque la Supersalud encontró probados jurídicamente unos hechos que constituyen razones valederas para imponer la sanción que ahora contradice el ISS. Al respecto, muestra el expediente que, en primer lugar, la fundamentación de la decisión sancionatoria no está alejada de la realidad ya que, además del recuento de lo acaecido en el trámite de la investigación administrativa, la resolución núm. 0900 de 8 de agosto de 1996 señala: “5. Que una vez analizada la respuesta del pliego de cargos y el informe técnico realizado por profesional de esta Superintendencia se puede concluir que no se desvirtuaron los cargos hechos a dicha clínica, ya que a la paciente definitivamente no se le prestó la atención oportuna integral y continua, pues hubo deficiencias en la elaboración de la historia clínica y no se hicieron los controles correspondientes para diagnosticar un buen trabajo de parto, siendo que ya existía sufrimiento fetal agudo. Todo esto apunta a fallas en la calidad en la prestación del servicio, siendo violados los artículos 153, en su numeral 9, y el 185 de la Ley 100 de 1993.” Tampoco encuentra la Sala que la decisión adoptada por la Supersalud no atienda los fines de la norma en que se ampara, habida cuenta de que, tanto en el pliego de cargos como en la resolución sancionatoria, se enuncian como violados los artículos 153, num. 9, y 185 de la Ley 100 de 1993.
Nuevos contenidos
Se ha incorporado la obra El acto administrativo en los procesos y procedimientos por Luis Germán Ortega Ruiz (Editorial Universidad Católica de Colombia, 2018)
3 Jul 2019
Acción de tutela no procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos
Constitucional- “La Corte ha determinado que la acción de tutela no procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo mientras se surte el respectivo proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” Ver Sentencia- Corte Constitucional
12 Jun 2019
Los actos de ejecución no ven afectada su validez si no se notifican, pero en todo caso, siempre deben ser dados a conocer en desarrollo del principio de publicidad.
Administrativo- Los actos administrativos de ejecución no ponen fin a una actuación judicial, ni contienen la voluntad de la administración, estos se limitan a obedecer decisiones, ya sea judiciales o administrativas, donde sí se definieron los derechos de la ciudadanía y donde las personas sí debieron ser notificadas. Ver Sentencia- Corte Constitucional
21 May 2019
El proceso contratación directa siempre debe terminar con un acto administrativo, que puede ser adjudicando del contrato o declarando desierto el proceso.
Contratación- El Consejo de Estado resolverá si una entidad pública puede determinar que un proceso de contratación directa finaliza sin proferir un acto administrativo. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
16 Abr 2019
Las entidades públicas pueden hacer efectivas las garantías de un contrato unilateralmente mediante acto administrativo.
Contratación- El Consejo de Estado resolverá si una entidad pública puede hacer efectiva la póliza de garantía de un contrato unilateralmente mediante un acto administrativo. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
29 Mar 2019
Tarifas en el Diario Oficial
Tarifas de publicación de los Actos Administrativos y Documentos en el Diario Oficial, suscripción al Diario Oficial, y valor de los ejemplares de este periódico para el año 2019. Ver Resolución- Imprenta Nacional de Colombia
25 Ene 2019
La entidad pública no debe emitir un acto administrativo previo al siniestro que declare el incumplimiento del contrato para exigir la póliza de seguro.
Administrativo- El Consejo de Estado debe decidir si una entidad pública debe emitir un acto administrativo previo al siniestro que declare el incumplimiento del contrato para exigir la póliza de seguro. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
28 Ago 2018
Impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Administrativo- “En materia del proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el Acto Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme.” Ver Sentencia- Corte Constitucional
26 Jul 2018
Mecanismo idóneo para atacar un acto administrativo de carácter particular
Administrativo- “El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo para atacar el contenido de un acto administrativo de carácter particular, dentro del cual además pueden solicitarse medidas cautelares y medidas de urgencia” Ver Sentencia- Corte Constitucional
16 Jul 2018
Caducidad de la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas
Administrativo- "la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas no caduca si en el término de 3 años previsto en la norma en mención se expide y notifica el acto administrativo principal." Ver Sentencia- Corte Constitucional
4 Jul 2018
Suspensión del pago de prestaciones pensiónales
Seguridad Social- Es posible suspender el pago de prestaciones pensionales y posteriormente revocar de manera unilateral los actos irregulares que los reconocieron, si acaecieron actos o hechos manifiestamente ilegales, por parte de su beneficiario. Siempre y cuando se adelanten los trámites tendientes a dicha suspensión y revocatoria, observando estrictamente el debido proceso. Ver Sentencia- Corte Constitucional
14 Jun 2018
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales o contra actos administrativos
Administrativo- Para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales o contra actos administrativos, el actor debe relacionar los hechos que dan origen a aquella, así como los derechos que considera vulnerados. De ser posible, que esos hechos hayan sido manifestados por aquel ante las instancias administrativas y judiciales. Ver Sentencia- Corte Constitucional
5 Jun 2018
Las inconsistencias en las resoluciones de adjudicación y la falsa motivación
Contratación- El Consejo de Estado debe resolver una situación en la que una entidad pública, en el acto de adjudicación de un contrato de interventoría, supuestamente incurrió en inconsistencias entre la motivación y la decisión, pues en la parte motiva se señaló que el mejor puntaje recayó en una propuesta y sin embargo se adjudicó el contrato a otra empresa. El proponente que demanda la nulidad del acto, señala que dicha actuación implica una falsa motivación y por tanto, debe anularse el contrato. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
13 Mar 2018
Notificación del acto de terminación unilateral de un contrato al asegurador de este.
Administrativo- El Consejo de Estado debe resolver una situación en la que una entidad pública dio por terminado un contrato de obra y demandó mediante acción ejecutiva contra la compañía de seguros y el contratista, el pago del anticipo dado a éste, sin que notificara previamente al asegurador el acto de terminación unilateral del contrato. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
9 Mar 2018
Formalización y precio en los contratos de intermediación de seguros
Contratación- En el caso que se presenta ante el Consejo de Estado, una entidad pública ordenó la apertura de un concurso público de méritos con el objeto de recibir ofertas para la escogencia de un intermediario de seguros. Uno de los proponentes solicitó la nulidad de los términos de referencia del concurso de méritos por considerar que tal acto administrativo nada dijo sobre la formalización del contrato con el adjudicatario, ni sobre el precio del contrato. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
6 Mar 2018
Ocurrencia, conocimiento y declaración de siniestro durante la ejecución de un contrato estatal.
Contratación- El Consejo de Estado estudió la viabilidad de que una entidad pública pueda declarar la ocurrencia de siniestro por incumplimiento de las obligaciones del contratista, cuando el siniestro ocurre durante la vigencia de la póliza, pero la entidad lo declara a través de un acto administrativo dos años después de que tuvo conocimiento de los hechos constitutivos del mismo. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
29 Sep 2017
Notificación a la aseguradora de un acuerdo de pago parcial con el contratista
Contratación- En el caso que analiza el Consejo de Estado, se estudia si una entidad pública puede declarar la ocurrencia de siniestro mediante acto administrativo por incumplimiento de las obligaciones del contratista, cuando suscribió un acta de acuerdo de pago parcial con el contratista, el cual no fue notificado a la aseguradora. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
27 Sep 2017
Funcionario será responsable por conductas que atenten contra derechos fundamentales o desconozcan los principios de la función administrativa
Administrativo- “Los funcionarios públicos están en la obligación de motivar adecuadamente el acto mediante el cual se expide la orden de policía, como también acerca del contenido de la decisión, la cual deberá ser razonable y proporcional. Todo exceso, estando proscrito por el ordenamiento jurídico, dará lugar a procesos penales o disciplinarios según el caso.” Ver Sentencia- Corte Constitucional
17 Jul 2017
Declaratoria de caducidad de un contrato por fuera del plazo de ejecutoria.
Contratación- El Consejo de Estado, cuestiona la potestad que tiene una entidad pública para proferir un acto administrativo en el que se declara la caducidad de un contrato de obra que prevé entregas parciales, con posterioridad a la extinción del plazo de ejecución del mismo, sin que se configure una falta de competencia temporal. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
14 Jul 2017
Revocatoria de procesos de selección
Administrativo- Para resolver la controversia, el Consejo de Estado se cuestiona sobre la posibilidad que tiene una entidad estatal para emitir un acto administrativo que revoque un proceso de selección sin previa notificación y consentimiento de los participantes. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
30 Jun 2017
«acto administrativo» en el mundo