Acción de inconstitucionalidad - Colombia

En 2010, la acción pública de inconstitucionalidad cumplió cien años de haber sido adoptada en el ordenamiento constitucional colombiano. No obstante, con el paso de los años, esta institución constitucional ha ganado especial trascendencia y la interpretación restrictiva o abierta de su aplicación aún genera controversia, tal como lo hizo en 1910. De esta forma, a partir del inhibicionismo constitucional que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, esta noción surge como un concepto constitucional con argumentos, variaciones y efectos relevantes para el derecho en Colombia y para la misma acción pública. Por medio de los fallos inhibitorios, la Corte enriquece el contenido de la misma acción y va dando forma a su contenido, en función de principios.

El presente escrito constituye una invitación al estudio de la acción de inconstitucionalidad desde la óptica del proceso de jurisdicción voluntaria. Para tal efecto, se sale del discurso teórico que en la actualidad estudia la materia -el autodenominado Derecho Procesal Constitucional- y retorna a la Teoría General del Derecho Procesal, con el objetivo de explicar una de las principales instituciones del Estado Constitucional de Derecho, a la luz de un proceso cuya finalidad no es la composición del litigio, sino la prevención del mismo. Bajo esta premisa, comienza el texto definiendo el concepto de proceso de jurisdicción voluntaria, pasa a estudiar la prevención de la litis por la vía del proceso antedicho, luego se concentra en la acción de inconstitucionalidad y en su amalgamación con el proceso voluntario, concluyendo que solamente puede entenderse la acción de inconstitucionalidad como un proceso jurisdiccional, si se le considera una expresión de los procesos voluntarios. Palabras claves: derecho procesal, jurisdicción, litis, constitución, control de constitucionalidad. The present document is an invitation to the study of unconstitutionality action from the viewpoint of the voluntary jurisdiction process. For this purpose, it is out of the theoretical speech that at present studies the matter (itself called Constitutional Procedural Law) and returns to the General Theory of the Procedural Law, in order to explain one of the main institutions of the Constitutional State of Law, lighted by a process whose purpose is not the composition of the dispute, but the prevention of it. Under this premise, the text begins defining the concept of voluntary jurisdiction process, it continues considering the litis prevention through the above named process, then it focuses on the action of unconstitutionality and in its union with the voluntary process, concluding that the action of unconstitutionality can be only understood as a jurisdictional process if it is considered an expression of voluntary processes. Keywords: procedural law, jurisdiction, litis, Constitution, control of constitutionality.Résumé Cet article est une invitation à l'étude de l'action d'inconstitutionnalité du point de vue du procès de juridiction volontaire. À cet effet, l'article prend distance du discours théorique qui étude actuellement cette action -dont des théoriciens désignent Droit Processuel Constitutionnel-et retourne à la Théorie Générale du Droit Procédurale. L'auteur vise à expliquer l'une des principales institutions de l'État Constitutionnel de Droit, à la lumière d'un procès dont la finalité n'est pas la composition du litige, mais la prévention du même. Sous cette prémisse, le texte commence par définir le concept du procès de juridiction volontaire. Deuxièmement, l'auteur étudie la prévention du litige par le biais dudit procès. Troisièmement, l'auteur analyse l'action d'inconstitutionnalité et son amalgamation avec le procès volontaire, pour conclure que l'action d'inconstitutionnalité peut être seulement comprise comme un procès juridictionnel, si celle-ci est considérée une expression des procès volontaires. Mots clés : Droit procédural, juridiction, litis, Constitution, contrôle de constitutionnalité.

Contra actos legislativos. Caducidad

1. La acción pública de inconstitucionalidad. 1.1. Breve referencia al origen de la acción. 1.2. Marco normativo de la acción. 1.3. El titular de la acción. 1.4. Competencia. 1.5. Caducidad y procedencia de la acción. 1.6. Finalidad y objeto. 1.7. Requisitos de procedencia y de admisión de la demanda. 1.8. Trámite de la acción. 1.9. La sentencia y sus efectos. 2. La acción de tutela. 2.1. Antecedentes y origen de la acción. 2.2. Características de la acción de tutela. 2.3. Marco normativo de la acción de tutela. 2.4. Titulares de la acción. 2.5. Legitimación por activa. Quiénes pueden proponer la acción. 2.6. La parte demandada. 2.7. Jurisdicción y competencia. 2.8. La caducidad y la inmediatez de la acción. 2.9. Procedencia e improcedencia de la acción. 2.10. Trámite de la acción y sentencia. 2.11. El cumplimiento del fallo y la orden de protección. 2.12. Las vías de hecho. La acción de tutela contra providencias judiciales. 2.12.1. De las “vías de hecho” a “las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”. 2.12.2. Las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 2.13. La tutela contra tutela y la nulidad de los fallos de la Corte Constitucional. 3. La acción de cumplimiento. 3.1. El concepto jurídico de la acción. 3.2. Breve referencia al origen de la acción. 3.3. Marco normativo de la acción. 3.4. Titular de la acción y legitimación por activa. 3.5. La parte pasiva en la acción de cumplimiento. 3.6. Competencia. 3.7. Finalidad y objeto de la acción de cumplimiento. 3.7.1. Las normas “con fuerza material de ley”. 3.7.2. Los actos administrativos. 3.8. Caducidad de la acción. 3.9. Procedibilidad de la acción. 3.10. Improcedencia de la acción y cumplimiento de normas que contengan gastos. 3.11. Trámite de la acción. 4. La acción popular. 4.1. Concepto de esta acción. 4.2. Antecedentes y origen de la acción popular. 4.3. Marco normativo de la acción. 4.4. El titular de la acción y legitimación por activa. 4.5. Parte pasiva de la acción. 4.6. Jurisdicción y competencia. 4.7. Caducidad de la acción. 4.8. Objeto de la acción. 4.9. Demanda y procedencia de la acción. 4.10. Trámite de la acción. 4.10.1. La audiencia especial. El pacto de cumplimiento. 4.10.2. Los incentivos económicos. 4.10.3. La sentencia. 5. La acción de grupo. 5.1. Concepto de la acción. 5.2. Antecedentes y marco normativo de la acción. 5.3. Titularidad de la acción y legitimación por activa. 5.4. Requisitos de procedibilidad de la acción. 5.5. El objeto de la acción. 5.6. Jurisdicción y competencia para conocer de la acción. 5.7. Parte demandada. 5.8. La demanda y la caducidad de la acción. 5.9. Trámite de la acción. 5.9.1. El grupo. 5.9.2. Medidas cautelares. 5.9.3. La diligencia de conciliación. 5.10. La sentencia en la acción de grupo.

En este ensayo se argumentará que el origen de la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia no es ajeno al carácter y vocación elitista del control judicial de constitucionalidad. Develar dicho elitismo -que adquiere las más variadas formas: desde la condición privilegiada de quienes la promueven y apoyan, hasta las técnicas más refinadas para neutralizar o al menos desmotivar su uso-, será importante para evitar que adquiera un carácter superlativo y que, como consecuencia de ello, las bondades y propósitos de la acción se trivialicen. Así, el propósito central del texto será mostrar que la acción de inconstitucionalidad es un instrumento con gran vocación democrática, de ahí que merezca ser preservado, mejorado, difundido y defendido.Palabras clave: Constitucionalismo, Colombia, Acción Pública de Inconstitucionalidad, Elitismo.This article argues that the origin of the public action of constitutional review in Colombia is not far from the elitist character and vocation of the judicial review of the Constitution. This elitism is upheld in diverse ways -from the privileged condition of those who promote and support it, to the most sophisticated techniques employed to neutralize or reduce its effects- and it is important to reveal these dynamics in order to avoid the manifestation of such behavior which may trivialize the equity and utility of such a public action. Thus, this article argues that the public action of constitutional review is an instrument with noteworthy democratic vocation. Hence, it deserves to be preserved, improved, diffused and defended.Key-words: Constitutionalism, Colombia, Public Action of constitutional review, elitism.

The following article demonstrates how the Public Action of Unconstitutionality (Acción Pública de Inconstitucionalidad) developed under the Colombian Radical Liberal's rule during the XIX century. An 1879 law pronounced by the sovereign Cundinamarca State, in which the autonomy of the Colegio Mayor del Rosario was annulled, is also studied in depth in this article. The aforementioned law was legally challenged by two ex-presidents of the Colegio Mayor del Rosario, then studied by the Supreme Court and finally annulled by the Senate of the United States of Colombia. ---------- En este artículo se muestra como funcionó la Acción Pública de Inconstitucionalidad en el período del liberalismo radical en Colombia, durante el siglo XIX. Se estudia una ley del año de 1879 proferida por el Estado Soberano de Cundinamarca, por medio de la cual se restringe la autonomía del Colegio Mayor del Rosario. Dicha norma fue demanda por dos ex-rectores, estudiada por la Corte Suprema y finalmente anulada por el Senado de los Estados Unidos de Colombia.

Antecedentes I. El juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad II. Controversia constitucional III. La acción de inconstitucionalidad IV. Diferencias entre la acción de inconstitucionalidad y otros medios de control constitucional. A. Entre la Acción de Inconstitucionalidad y el Amparo Contra Leyes. B. Entre la Acción de Inconstitucionalidad y las Controversias Constitucionales. Bibliografía

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR EXCESO EN EJERCICIO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN DECRETO DE SUPRESION DE TRAMITES-Configuración de excesos en norma que elimina la autorización previa del Ministerio de Trabajo para terminar contratos con personas discapacitadas