Aborto - Colombia

Ley 599 de 2000 artículos 122, 123 (parcial),  y 124, modificados por el art. 14 de la ley 890 de 2004; y 32, numeral 7 de la ley 599 de 2000 código penal. Aborto, aborto sin consentimiento, circunstancias de atenuación punitiva y ausencia de responsabilidad penal. Casos en que no constituye delito. Los demandantes consideran que las normas demandadas violan el derecho a la dignidad, la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad establecidos en el preámbulo, los artículos 1°, 11, 12, 13, 15, 16, 42, 43, 49 y 93 numeral 2º de la constitución política. Inexistencia de cosa juzgada material o formal respecto de decisiones previas adoptadas por esta corporación. La cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias. Cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial tales como un nuevo contexto fáctico o normativo- la corte constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas, e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas. La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el estado colombiano, y su diferencia con el derecho a la vida. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición. Para la corte el fundamento de la prohibición del aborto radicó en el deber de protección del estado colombiano a la vida en gestación y no en el carácter de persona humana del nasciturus y en tal calidad titular del derecho a la vida. La vida y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. De las distintas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad no se desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en gestación. Los derechos fundamentales de las mujeres en la constitución política colombiana y en el derecho internacional. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional, soporte fundamental de todos los estados democráticos. De las normas constitucionales e internacionales no se deduce un mandato de despenalización del aborto ni una prohibición a los legisladores nacionales para adoptar normas penales en este ámbito. El congreso dispone de un amplio margen de configuración de la política pública en relación con el aborto. Limites a la potestad de configuración del legislador en materia penal. El principio y el derecho fundamental a la dignidad humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la salud la vida y la integridad de las personas, el bloque de constitucionalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad como límites a la libertad de configuración del legislador en materia penal. El aborto en el derecho comparado. Inexequibilidad de la prohibición total del aborto, de la expresion o en mujer menor de catorce años del articulo 123 del codigo penal, así como de la disposicion contenida en el articulo 124 del codigo penal. Constitucionalidad del numeral 7 del articulo 32 del codigo penal.  el articulo 122 del codigo penal es exequible a condicion de que se excluyan de su ambito las tres hipotesis que tiene caracter autonomo e independiente ((i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto). Exequible el articulo 32 numeral 7 de la ley 599 de 2000; exequible condicionado el articulo 122 de la ley 599 de 2000; inexequible la expresion o en mujer menor de catorce años.. del articulo 123 de la ley 599 de 2000 e inexequible el articulo 124 de la ley 599 de 2000

Derecho a la dignidad humana y la intimidad de joven discapacitada que sufre paralisis cerebral, retardo psicomotor severo, hipotiroidismo, cuadriparesia espastica y epilepsia parcial versiva a la izquierda entre otras patologias, que se encuentra inscrita como beneficiaria de la madre y fue victima de acceso carnal no consentido, a quien le fue determinado su estado de embarazo cuando ya contaba con nueve semanas de gestacion, por lo que la mama formulo solicitud a la entidad de salud para que le interrumpieran el embarazo, pero la entidad se niega aduciendo que la peticionaria no allego pruebas de la declaracion de interdiccion de la beneficiaria, ni la denuncia penal respectiva, como tampoco una valoracion psicologica de la paciente que determine la ausencia de voluntad en la paciente. Solicita se ordene la realizacion de la cirugia para interrumpir el embarazo y se le brinden las atenciones pre y post en las especialidades que requiera segun las condiciones fisicas y mentales de bb. Lineamientos de la parte resolutiva y ratio decidendi de la sentencia c-355 de 2006 por medio de la cual la corte constitucional despenaliza el aborto inducido bajo ciertas circunstancias. La corte manifesto que en aquellos eventos en los cuales el embarazo surgia a partir de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. Abusivo, o de inseminacion artificial o de transferencia de ovulo fecundado no consentidas, asi como de incesto, se exigia como unico requisito para practicar el aborto inducido que el hecho punible haya sido debidamente denunciado ante las autoridades competentes. Regulaciones efectuadas por el decreto 4444 de 2006. Proteccion que se le confiere a las personas discapacitadas, tanto en el ordenamiento constitucional como en el ambito internacional. Improcedencia de la accion de tutela por carencia actual de objeto. En el presente caso se obtuvo informacion acerca de que bb ya  no se encontraba embarazada y no habia dado a luz. Carencia actual de objeto. Se advierte a saludcoop abstenerse de elevar obstaculos de orden formal cuando se solicite la interrupcion de embarazo en mujer discapacitada cuando ha sido victima de acceso carnal violento, no consentido o abusivo, pudiendo ser efectuada la solicitud de interrupcion del embarazo por cualquiera de los padres de la mujer en esta situacion u otra persona que actue en su nombre sin requisitos formales adicionales al denuncio por acceso carnal violento o no consentido o abusivo

Derecho a la libertad de aborto quirurgico de mujer que presenta embarazo de mas de cinco meses a quien la entidad le certifica una grave malformacion del feto denominada anencefalia ademas de otras malformaciones, pero no le prescribe la interrupcion del embarazo con base en las causales de despenalizacion del aborto y como quiera que es voluntad de la gestante la aplicacion de dicho procedimiento. Solicita se ordene la intervencion que interrumpa su gestacion. Hecho superado por la practcia de cesarea de emergencia en el hospital erasmo meoz. Carencia actual de objeto

Derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana de menor victima de acceso carnal violento a quien la entidad, pese a la existencia de la denuncia del hecho punible ante autoridad competente y la solicitud que se hiciere respecto de la interrupcion voluntaria del embarazo, como circunstancia amparada en la sentencia c-355 de 2006 que hace transito a cosa juzgada, se nego a practicar tal procedimiento, aduciendo para ello, la objecion de conciencia de su staff de ginecologos y remitiendo a la menor a diferentes instituciones clinicas, quienes de manera colectiva, acudieron igualmente a la figura de la objecion de conciencia para negarse a practicar el aborto. La sentencia c-355 de 2006 y los presupuestos para que una solicitud de interrupcion de embarazo deba ser atendida en forma oportuna. Regulacion nacional e internacional al respecto. La objecion de conciencia no es un derecho absoluto. Los profesionales de la salud deben atender las solicitudes de interrupcion del embarazo en forma oportuna de conformidad con la sentencia c-355 de 2006 y es su obligacion remitir inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de la salud que pueda practicar dicho procedimiento. En el caso concreto, tanto las entidades accionadas como los medicos que conocieron del asunto, vulneraron los derechos fundamentales de la menor de 13 años de edad, ya que, habiendo esta solicitado la interrupcion del embarazo, allegando copia de la denuncia en la que afirmo haber sido objeto de violacion, unos y otros se limitaron a manifestar  que les resultaba imposible llevar a cabo dicho procedimiento en razon de la generalizada manifestacion del ejercicio de la objecion de conciencia de los profesionales de la salud que atendieron el caso. De esta forma, la menor fue remitida a mas de cinco instituciones de salud, sin que le hubiere sido practicado el aborto por ninguna de ellas, sin que, ademas, la remitieran inmediatamente a un medico que estuviere habilitado para llevar a cabo el procedimiento de interrupcion del embarazo. Cabe agregar que se desconocio la sentencia c-355 de 2006, la ley y los reglamentos expedidos por el gobierno nacional, como quiera que la objecion de conciencia fue asumida de manera colectiva y como una decision de caracter institucional y no, de manera individual, libre y autonoma. Cabe anotar que, teniendo en cuenta que ya no es posible reestablecer el pleno goce de los derechos fundamentales a la menor, toda vez que ya debio haber ocurrido el parto, resulta procedente que la corte emita un fallo de fondo al respecto de los perjuicios que se le ocasionaron a esta, frente a la omision puesta de presente en la solicitud de tutela. Conforme con lo anterior, y bajo la prevision normativa del articulo 25 del decreto 2591 de 1991, resulta conveniente imponer una condena en abstracto para reparar y asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Lo anterior, se adelantara mediante el tramite incidental que se decidira en el termino de seis meses siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Concedida. Se dispone, entre otras determinaciones, que la procuraduria general de la nacion vigile el tramite del incidente de regulacion de perjuicios. Se comunica a la superintendencia de salud y a la direccion nacional del sistema de salud del ministerio de la proteccion social para que investiguen y, si es del caso, sancionen las posibles faltas en que pudo incurrir tanto la eps como su red ips, asi como el hospital erasmo meoz. Asi mismo, para que tomen las determinaciones necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la sentencia c-355 de 2006. Se comunica igualmente a la procuraduria general de la nacion para que vigile el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, respecto de la superintendencia de salud y la direccion nacional del sistema de salud del ministerio del ramo citado, los cuales deberan presentar un informe en el termino de dos meses siguientes a la comunicación de esta providencia, sobre las actuaciones desplegadas para el cumplimiento de esta sentencia. Finalmente, se ordena expedir copias con destino al consejo seccional de la judicatura de norte de santander a fin de que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los jueces de instancia que actuaron en la presente tutela. Lo mismo se hara frente a la fiscalia general de la nacion para que investigue la conducta de los funcionarios que fallaron en primera y segunda instancia. La procuraduria general de la nacion sera la encargada de vigilar el tramite de estas actuaciones.

Derecho a la integridad sexual y reproductiva y a la libertad de afiliada a la empresa accionada que padece síndrome de down, fue accedida carnalmente y presenta un embarazo de 18 a 19 semanas de gestación. Su madre, quien actúa en su representación, solicita que, en consonancia con la sentencia c-355 de 2006 y el decreto 4444 de este mismo año, se ordene la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en vista de que en su caso confluyen tres causales de despenalización del aborto, a saber, el estado mental de la madre, el hecho de que el embarazo fue producto de un delito y alto grado de posibilidades de malformación del feto. El médico tratante se negó a llevar a cabo el procedimiento reclamado, porque a su juicio, en vista de que la denuncia penal no era legible, no se probó debidamente que el embarazo de la paciente fuera producto de un acceso carnal. Por lo tanto, su madre solicita que se le exhorte a ello. Interrupción voluntaria del embarazo. Causales de despenalización del aborto. Objeción de conciencia. Consecuencias jurídicas por el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional en la materia. Incialmente, se recordó que, en cumplimiento de la sentencia c-355 de 2006, las hipótesis que generan la despenalización se dan si: a) la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; b) se visulmbra la grave malformación del feto, certificado por un médico; c) el embarazo es resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial, de transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. En cuanto a la figura de la objeción de conciencia, se citaron los requisitos que para su viabilidad fueron expuestos en sentencia t-209 de 2008, es decir: (i) que de reunirse las condiciones previamente anotadas, a ningún establecimiento prestador del servicio de salud le es dado negarse a la práctica de la ive; (ii) que a loss profesionales de la salud que en razón de su conciencia no estén dispuestos a practicar el aborto se les debe garantizar la posibilidad de acudir a este instituto; (iii) a este fgenómeno es posible apelar siempre y cuandi se trate realmente de una “convicción de carácter religioso debidamente fundamentada”; y, (iv) la objeción de conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia constitución. Finalmente, en relación con las consecuencias jurídicas de la negativa frente a dicha solicitud, se retomó igualmente lo dispuesto en la providencia de 2008 que reconoció: i) la competencia del tribunal de ética médica para evaluar las objeciones de conciencia presentadas con ocasión de la solicitud de ive; ii) la potestad investigativa y sancionatoria de la superintendencia nacional de salud y del ministerio de la protección social; iii) la investigación disciplinaria y penal de los jueces de instancia; y iv) el derecho a la indemnización de perjuicios. De un lado, el juez de primera instancia estimó ilegible la copia de la denuntuvo a su juicio que el embarazo era bastante avanzado, y se negó autorizar la práctica de la ive. El médico tratante, por su parte, estimó insuficientes las pruebas, pero no invocó la objeción de conciencia o remitió a la paciente a otro centro médico. Por tanto, se ordenó a la accionada abstenerse de generar obstáculas para la práctica de una ive; la remisión de copias a las entidades competentes para que estudien la actuación de la accionada y del médico tratante, en concordancia con las expuestas consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de la jurisprudencia constitucional; condenar en abstracto a cosmitet ltda, y solidariamente al profesional de la salud que atendió el caso a pagar los perjuicios causados a ana, por la violación de sus derechos fundamentales; y ordenar a la secretaría general de esta corporación la expición de sendas copias de esta providencia y de todo el expediente de tutela con destino al consejo seccional de la judicatura de caldas –sala disciplinaria- y la fiscalía general de la nación, a fin de que se investigue a los jueces de instancia que actuaron en esta tutela. Concedida

Dignidad Humana, Libre Desarrollo De La Personalidad Y Salud En Conexidad Con La Vida. Solicita El Esposo En Calidad De Accionante Se Ordene A La Eps Realizar El Procedimiento De Interrupción Del Embarazo De Su Esposa, Y La Práctica De Una Prueba Genética Y Patológica Sobre El Feto, Para Solucionar Los Problemas Que Tienen Los Accionantes Para Concebir Hijos, Ante La Negativa Del Centro Médico Respectivo, Se Interpone Acción De Tutela. La Corte Debido A La Relevancia Del Asunto Y Pese A Encontrarse Frente A Un Hecho Superado, Decide Fallar El Caso. Después De La Recaudación De Los Informes Relacionados Con El Cumplimiento De La Sentencia C-355/06, Relativos A Las Causales De Despenalización Del Aborto, La Corte Procede A Pronunciarse Sobre: Los Derechos Sexuales Y Reproductivos De La Mujer En Los Casos De Interrupción Voluntaria Del Embarazo, Haciendo Alusión A Los Requisitos Para Que Los Centros De Salud Procedan A Realizar La Interrupción Del Embarazo; Y Sobre La Relevancia Del Consentimiento En El Caso De Las Menores De 14 Años. En Relación Con El Decreto Reglamentario 4444/06, Se Hace Un Llamado Para Que La Mujer Gestante Pueda Acceder A Los Servicios De Salud En Condiciones De Calidad Y Seguridad, Respetando Siempre Sus Derechos Fundamentales. Se Realiza Un Seguimiento Jurisprudencial De La Sentencia C-355-06. Se Dictan Lineamientos, Para Que Las Mujeres Puedan Tener Un Libre Acceso Para Ejercer Su Derecho A La Interrupción Del Embarazo, Siempre Dentro De Las Causales Previstas En La Sentencia Para El Efecto. Objeción De Conciencia Y Alcances. La Corte Señala Cómo Debe Llevarse A Cabo, Bajo Que Parámetros Y Sobre Todo Se Aclara Que No Se Podrá Realizar Objeción De Conciencia De Manera Colectiva, Como Tampoco Lo Podrán Efectuar Personas Jurídicas. El Poder Vinculante De Las Sentencias De Constitucionalidad. En La Parte Resolutiva La Corte Dicta Dos órdenes Especiales: La Primera Dirigida Al Ministerio De La Protección Social, Al Ministerio De Educación Nacional, A La Procuraduría General De La Nación Y A La Defensoria Del Pueblo, Para Que Diseñen Y Pongan En Movimiento Campañas Masivas De Promoción De Los Derechos Sexuales Y Reproductivos De La Mujer; Y La Segunda, A La Superintendencia Nacional De Salud Para Que Adopte Medidas Con El Fin De Que Las Eps E Ips Cuenten Con El Personal Idóneo Y Suficiente Para Atender El Servicio De Interrupción Voluntaria Del Embarazo, Y Se Abstengan De Incurrir En Exigencias Adicionales E Inadmisibles. 

Derecho a la dignidad de afiliada a la eps accionada a quien le fue ordenada la relización de una histerectomía abdominal, en razón de su padecimiento de cáncer matríz, cuya autorización ha sido supeditada al pago de 80% del costo del servicio, pues aunque éste está incluido en el pos, la accionante no cuenta con el periodo mínimo de cotización exigido en la reglamentación pertinente. He de resaltarse que, en el caso en cuestión, el juez de instancia ordenó la suspensión del tratamiento médico preciatdo, pese a lo imperioso del mismo, debido a que éste implicaba la interrupción del embarazo. La accionante, finalmente, tuvo un aborto espontáneo por malformaciones del feto. Decisiones judiciales en materia de interrupción voluntaria del embarazo. La sala hizo referencia a la sentencia c-355 de 2006, a través de la cual se declaró inexequible la prohibición total del aborto y se señalaron los eventos exceptivos. Se hizo hincapién en que, el derecho a la dignidad humana de la afiliada fue gravemente violado, debido a que todas las autoridades decidieron por ella. Por tanto, si bien las condiciones médicas que afectaban a la accionante han sido superadas, se verificó la amenaza de su derecho a la dignidad humana derivada de la imposición de la continuación del emabarazo; por ello, se informó a la accionante que en futuras ocasiones podrá asumir decisiones de manera autónoma a ese respecto. Y además, se previno a la empresa accionada que informara la ministerio de protección social sobre el cabal cumplimiento de la circular 0031 de 2007, en particular, en relación con las instituciones a su servicio qu estén habilitadas para prestar servicios ginecológicos, incluyendo la ive. Concedida

Salud, vida digna. La accionante comenta que tiene un embarazo de alto riesgo por lo que solicitó ante la institución hospitalaria accionada la interrupción del mismo, sin embargo la entidad le da cita para dentro de meses y su situación es cada vez más precaria. La sala se pronuncia sobre la carencia actual de objeto, se recuerda la sentencia c-355 de 2006 y las tres circunstancias específicas de interrupción de embarazo, los requisitos para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo y su desarrollo jurisprudencial, el derecho fundamental de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y garantía en cabeza del estado y los promotores y prestadores del servicio de salud, las consecuencias de la suspensión provisional del decreto 4444 de 2006 “por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva” respecto de las obligaciones del estado y de los prestadores y promotores del servicio de salud, se hace evidente que el juez de primera instancia abuso de su posición y abandonó su rol de operador jurídico ya que en lugar de solucionar el problema jurídico realizó reproches sobre la vida sexual y reproductiva de la accionante, se concluye que el hospital accionado actuó de manera negligente ya que no se verificó el peligro en que se encontraba la accionante debido a su embarazo, vulnerándole además el derecho al diagnóstico, debido a que hubo una modificación en los hechos que originaron la acción hace que se este frente a una carencia actual de objeto, se previene al hospital accionado para que en adelante cuente con un protocolo de diagnóstico rápido para aquéllos eventos en que los profesionales de la salud advierten la posibilidad de que se configure la hipótesis de peligro para la vida o salud de la madre o en los que la mujer gestante, se ordena a la superintendencia nacional de salud que adopte las medidas indispensables con el fin de que las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud cuenten con un protocolo de diagnóstico rápido debiendo ser este protocolo integral.

Acción de tutela. Intervención quirúrgica de interrupción del embarazo. Vulneración a los derechos a la salud sexual. Condición médica.

Intervención médica. Acción de tutela. Violación de derechos fundamentales. Servicio público de salud.

En este articulo se pretende, en primer lugar, hacer claridad conceptual a juicio del autor sobre el aborto y su legalización, dar una mirada a la forma en que se ha tratado el problema en Colombia desde sus fuentes jurídicas, es decir, observar cual ha sido el recorrido jurídico, bien sea, por actos legislativos o a través de sentencias judiciales, que han contemplado el tema y por medio de los cuales ha cambiado en el tiempo su tratamiento de acuerdo a las diferentes circunstancias de cada época, sin que haya dejado nunca de establecerse como un delito. Por último, determinar qué criterios son aplicables cuando se trata de establecer un escenario de discusión en el que éstos, de acuerdo a lo preceptuado en la Constitución Política de 1991, sean los democráticamente pertinentes y apropiados para buscar una solución válida y eficaz dirigida a contrarrestar las consecuencias sociales que él problema representa.

La concepción originaria de la Corte Constitucional, respecto de si elnasciturus es poseedor o no del derecho absoluto a la vida, ha ido cambiando gradualmente a medida que han ido pasando las sentencias que han estudiado el tema. No se ha llegado a la idea de considerar que el derecho a la vida se posee, al igual que todos los derechos fundamentales, desde el nacimiento, sin embargo, sí ha ido calando en la Corte la idea que el derecho a la vida del nasciturus, si es que este lo posee, no es absoluto y por eso en ocasiones debe ceder frente a los derechos de la mujer. «El derecho al aborto y La tolerancia en el discurso iusfilosófico y la vigencia del pensamiento liberal en América Latina» son trabajos de investigación en donde se hace manifiesto el uso del términotolerancia en los diferentes sectores de poder de la sociedad y como argumento de aceptación a la diferencia, por lo tanto, para un país como Colombia, es particularmente problemático que el aborto admita una tolerancia en sentido positivo, esto porque la influencia del discurso religioso es tan fuerte que coarta las decisiones públicas aun en desmedro de las políticas de salud. Por esto se hace necesario elaborar un discurso conciliador entre el estamento político y los pronunciamientos dogmáticos de la iglesia católica en Colombia en lo que al aborto se refiere. Palabras clave: Aborto, Derecho al aborto, libertad personal, tolerancia, libre desarrollo de la personalidad, discurso político, discurso religioso, derecho a la igualdad. The original conception of the Constitutional Court, concerning if the nasciturus possesses or not the absolute right to life, has been changing gradually while sentences that have studied the theme have been passing. There has not been taken the idea of considering that the right to life is possessed like all the fundamental rights from birth; nevertheless, in the Court has been gaining space the idea that the right to life of the nasciturus, if it possesses it, is not absolute and that is the reason why in occasions It must give way to the woman's rights. «The right to abort» and «Tolerance in philosophical discourse and the use of liberal thought in Latin America» are two academics research where seek the use of the term «tolerance» in the different sectors of power in the society and as an argument of acceptance of the «Other». It is a particularly problematic that Colombia admits the abort like a tolerance in a positive sense, this because the influence of religious discourse is so strong that affect the political decisions still in decline with the public policy of health. For this reason, it is necessary to elaborate a conciliating discourse between the political statement and the dogmatic pronouncements of the Catholic Church in Colombia, about the abort. Key words: Abortion, Right to abort, Tolerance, personal freedom, Free development of personality, political discourse, religious discourse, right to equality.

El propósito del artículo es mostrar una incoherencia en el razonamiento de la Corte Constitucional colombiana en la reciente sentencia que despenaliza algunos casos de aborto. Se sugieren, además, dos maneras de resolver esa inconsistencia. De paso, se compara el razonamiento de la Corte con la famosa defensa del aborto adelantada por la filósofa Judith Jarvis Thomson. Palabras clave: Aborto, Corte Constitucional, Thomson, Tooley. THE CONSTITUTIONAL COURT'S LOGIC: THE ABORTION CASE This paper aims at exhibiting an inconsistency in the main argument by which the Colombian Constitutional Court legalizes some cases of abortion. Additionally, two ways of solving this incoherence are suggested. In doing so, the Constitutional Court's argument is compared with Judith Jarvis Thomson's famous defense of abortion. Key words: Abortion, Constitutional Court, Thomson, Tooley.

El artículo realiza un análisis de la sentencia de constitucionalidad que despenalizó parcialmente el delito de aborto en Colombia y precisa conceptualmente las clases de aborto lícito y las razones que produjeron su autorización constitucional. Bajo este marco se identifica la intervención de la actividad médica en cada forma de aborto y sus consecuencias jurídicas. Posteriormente se revisa el concepto de objeción de conciencia en la teoría del derecho y en el derecho penal, para con ello precisar los alcances jurídico-penales de la objeción del médico en la práctica del aborto, proponiéndose la fundamentación y estructura que esta disculpante debe seguir en la resolución de casos.