Pliego de condiciones - Colombia

Sentencia nº 11001-03-26-000-2000-00020-01(18059) de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 30 de Noviembre de 2006 Mejor documento

PLIEGOS DE CONDICIONES - Naturaleza jurídica.TERMINOS DE REFERENCIA - Naturaleza jurídica. La jurisprudencia de esta Corporación ha discutido, con bastante intensidad, acerca de la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones, lo que ha dado lugar a múltiples pronunciamientos, no siempre en sentido uniforme. En primer lugar, ha sostenido que este acto es de naturaleza “reglamentaria”. En la doctrina colombiana también existen defensores de esta tesis. Es el caso de Rodrigo Escobar Gil, quien dice que los términos de referencia tienen una naturaleza exclusivamente normativa y reglamentaria, porque en ellos se consagran directrices abstractas e impersonales que en forma unilateral expide la administración pública, cuyo contenido está dirigido a todos aquellos que intervienen en el proceso de selección. En la doctrina extranjera, específicamente la argentina, la naturaleza jurídica del pliego de condiciones depende de su clase, pues en este país existen pliegos de condiciones “generales” y “particulares”. DROMI, partiendo de la idea de que aquel documento no tiene naturaleza contractual, lo califica como un reglamento -tratándose de los pliegos de condiciones generales- o de acto administrativo -tratándose de los pliegos de condiciones especiales o particulares y de especificaciones técnicas-, distinción que, hay que aclarar, no existe en Colombia. La anterior posición no ha sido prevalente. Por el contrario, y en segundo lugar, se ha sostendio que este documento constituye un “acto administrativo general”. EXPÓSITO VÉLEZ, dentro de la línea reseñada, plantea que esta clase de acto emitido por la Administración constituye un acto administrativo, dentro del cúmulo de actos que se llegan a producir durante toda la actividad precontractual, pues mediante él la administración orienta todo lo que se refiere al proceso de selección del contratista y a las condiciones de adjudicación y ejecución del contrato. La Sala, puesta de nuevo sobre el problema, estima que ambas posiciones son inexactas, la primera por equivocada y la segunda por insuficiente, según pasa a explicarse. En primer lugar, porque el pliego de condiciones, según la normatividad actualmente vigente en Colombia, no es un reglamento ya que, por definición, éste es un acto de carácter general, que tiene vocación de permanencia en el tiempo (en tanto no se agota con su aplicación( y se expide en ejercicio de la función administrativa. Un pliego de condiciones no podría ser un reglamento administrativo porque carece de vocación de permanencia en el tiempo. Por el contrario, está destinado a surtir efectos en un solo proceso de contratación, al cabo del cual pierde su vigencia. El reglamento, en cambio, admite que sea aplicado sucesivamente, sin que su utilización lo agote o extinga. Resta, pues, considerar el pliego de condiciones como “acto administrativo”, naturaleza que, a juicio de la Sala, ostenta parcialmente el pliego. Sin embargo, el pliego conserva su carácter de acto administrativo hasta antes de la celebración del contrato; se trata de un acto administrativo de singulares características, pues, siendo de carácter general, puede ser, sin embargo, de trámite o definitivo, según sus destinatarios; pero igualmente tiene vocación para convertirse en “cláusula contractual”, caso en el cual deja de ser un acto administrativo general, para mudar su naturaleza. Nota de Relatoría: Ver sobre REGLAMENTARIA: Consejo de Estado. Sección Tercera. Octubre 1 de 1992. Exp. 6920. Consejo de Estado, Sección Tercera. Junio 19 de 1996. Exp. No. 9868; Consejo de Estado, Sección Tercera. Mayo 3 de 1999. Rad. 12.344. Sobre ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de octubre 10 de 1991. Expediente 6802. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de agosto 1° de 1991. Exp. 6802. M.P. Juan de Dios Montes Hernández.PLIEGO DE CONDICIONES - Acto administrativo. Se podría decir que el pliego ostenta una “naturaleza mixta”, en tanto su contenido es mutable, pues nace como un acto administrativo general -naturaleza que conserva hasta el momento de la adjudicación del proceso de selección(, pero a partir de la celebración del contrato cambia, al menos en muchas de sus estipulaciones, esa naturaleza y se convierte en “cláusula contractual”, porque no pocas de las condiciones del mismo se integran al negocio jurídico, como verdaderas cláusulas de éste, mientras que otras han perecido, a medida que avanza el proceso de selección. Así, por ejemplo, la aplicación sucesiva de las condiciones previstas en el pliego, es decir, en la medida en que avanza el procedimiento de licitación o de contratación directa, desaparecen, por agotamiento, las condiciones de participación, de evaluación, de desempate, las causales de rechazo de las ofertas, los plazos internos que rigen el proceso de licitación (apertura y cierre, presentación de ofertas, evaluación, adjudicación(, entre otras condiciones. Estos aspectos hacen parte del pliego de condiciones en tanto “acto administrativo”. En cambio, las exigencias técnicas de los bienes o servicios que se pretende adquirir, la estipulación sobre las garantías del contrato, los intereses a pagar en caso de mora, las condiciones de pago, la entrega del anticipo, la forma como se debe ejecutar el contrato, etc., se integran al contrato como “cláusulas” del mismo -teniendo efectos, en adelante, sólo entre la administración y el contratista. Más aún, este tipo de condiciones, de usual inclusión en los pliegos, podrían no reproducirse en el instrumento que contiene el clausulado y que, de ordinario, suscriben las partes, no obstante lo cual harán parte del mismo porque están previstas en el pliego; de allí que la doctrina y la jurisprudencia sostengan que “el pliego de condiciones es la ley del contrato”, pues a él se acude, en adelante, para resolver confictos sobre su contenido e interpretación. Las anteriores ideas reflejan que si bien el pliego, en su origen, es un típico acto administrativo, en el camino que recorre el proceso de selección y posterior ejecución contractual cambia su naturaleza, para convertir una buena parte de su contenido en cláusula contractual, pues múltiples condiciones perviven y se incrustan en el contrato mismo, rigiendo exclusivamente la relación administración-contratista.ACTO DE TRAMITE - No impugnable.ACTO PRECONTRACTUAL - Término de caducidad.ACTO PRECONTRACTUAL - Plazo. Condición.ACCION DE NULIDAD - Acto precontractual. Plazo.ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Acto precontractual. Plazo. Para la Sala es imprescindible definir, previo a cualquier otra discusión, la procedibilidad de la acción de simple nulidad como mecanismo procesal adecuado para cuestionar la validez de los pliegos de condiciones. La pregunta resulta relevante, si se tiene en cuenta que el derecho procesal administrativo en Colombia tiene establecido que, en principio, sólo son demandables los actos administrativos definitivos, esto es, los que ponen fin a un procedimiento administrativo. Por el contrario, los actos de trámite no son impugnables autónomamente -salvo que pongan fin al procedimiento del cual hacen parte-, pero los vicios de que adolezcan pueden ser alegados al momento en que se demanda el acto definitivo del respectivo procedimiento. El anterior criterio general tiene actualmente algunas excepciones. Tal el caso del procedimiento contractual, en el cual se admite que los actos proferidos durante la etapa de selección de contratistas, esto es, los que la doctrina tradicional, y hoy la ley, denominan como actos previos al contrato, sean impugnables en ejercicio de las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso. Esta regla especial se encuentra prevista por el art. 87, inc. 2, del CCA -modificado por la ley 446 de 1998-. De esta norma se deduce que los diferentes actos que conforman el procedimiento de selección de contratistas, nó solo los definitivos -como el de adjudicación o el que declara desierto el procedimiento de selección-, pueden demandarse autónomamente. Tal conclusión se desprende del hecho de que el artículo citado admite, en abstracto, que los actos propios del procedimiento de selección -generales y particulares- pueden ser demandados sin condiciones o reglas en cuanto a su naturaleza, de manera que el calificativo de “definitivos” o de “trámite” no determina la posibilidad de impugnarlos; basta la consideración legal del momento de su expedición. Adicionalmente, esta norma consagró un término especial de caducidad para ambas acciones, pues redujo a 30 días hábiles el plazo general propio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho -que es de 4 meses-, e igualmente estableció el mismo término de caducidad para la acción de simple nulidad, la cual por regla general es intemporal. Sin embargo, en estos casos, la caducidad de las acciones no sólo se sujeta a plazo que, como se vió, quedó legalmente establecido en treinta (30) días hábiles; también previó la ley una condición que genera idéntico efecto: es la celebración del contrato. De modo que, si dentro del plazo anterior, las partes llegaran a celebrar el contrato correspondiente, también las acciones comentadas dejan de ser procedentes. Nota de Relatoría: Ver Auto de agosto 6 de 1997. Exp. 13.495. Actor: Sociedad Tolimense de Ingenieros.La decisión contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia de una licitación o concurso públicos, es (aunque no solamente, como se explicó( un acto administrativo. En tal virtud, procede el ejercicio de la acción de nulidad para controvertir judicialmente los mismos. En el presente caso, dicha acción, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, no se encuentra caducada. Es competente el Consejo de Estado, en única instancia, para conocer de procesos como los referidos, entre los cuales ha de incluirse el sub lite.Sin duda alguna, los dos artículos en mención (artículos 3º y 4º del decreto 1436 de 1998) tienen por objeto señalar parámetros a la administración en la confección de los términos de referencia de los concursos de méritos encaminados a seleccionar intermediarios de seguros, y, en ese orden de ideas, se constituyen en un límite a las posibilidades de acción de las entidades públicas, como quiera que les imponen la observancia de una serie de criterios que, ineludiblemente, han de tener en cuenta al desarrollar las potestades correspondientes. No otra cosa puede desprenderse de la lectura del inciso primero del artículo 3º del referido cuerpo normativo, según el cual la entidad contratante «deberá tener en cuenta únicamente» los cuatro criterios de selección objetiva que el mismo precepto establece. La misma conclusión se deduce del desarrollo que de dichos cuatro criterios efectúa el artículo 4º ibídem, que introduce los «elementos que deben considerarse» en la aplicación de cada uno de aquéllos. Empero, entiende la Sala que ese propósito normativo de delimitar y acotar el sentido en el que han de ejercitarse las facultades administrativas en cuestión, no supone la desaparición de todo margen de valoración de las circunstancias de cada caso concreto por parte de la entidad pública contratante. El propio tenor literal del inciso primero del artículo 4º en comento, así lo deja expreso y explícito, cuando consigna, refiriéndose a los ya mencionados cuatro criterios que establece el artículo 3º -administración de riesgos, capacidad técnica, infraestructura operativa y experiencia-, que «según su naturaleza y necesidades, cada entidad estatal determinará los elementos que conforman los criterios de selección objetiva conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y la participación relativa de cada uno de ellos». Es más, una comprensión tan restrictiva -como la que se propone en la demanda- de las facultades que los artículos 2, 3 y 4 del decreto 1436 de 1998 atribuyen a la administración, resultaría, adicionalmente, contraria a los artículos 24, numeral 5º y 30, numeral 2º, de la ley 80 de 1993, habida consideración que, en estas dos disposiciones -en las que los preceptos en cuestión del decreto 1436 de 1998 se sustentan-, todo lo que hace el legislador es señalar parámetros o cirterios generales, a la administración, para que configure los pliegos de condiciones o términos de referencia, pero dejándole siempre un margen de relativa libertad para concretar los requisitos, reglas, condiciones y exigencias que estime oportunos, de acuerdo con las circunstancias de cada proceso de selección en concreto.La de los conceptos jurídicos indeterminados es una categoría a la que suele hacerse referencia en conexión con la figura de la discrecionalidad administrativa, bien para contrastarla con ella, incluso catalogándolos como una de las técnicas de fiscalización del ejercicio de la misma, ora aproximando las dos nociones, como modalidades de un género que es la atribución de márgenes de relativa libertad de decisión, en los casos concretos, que el ordenamiento jurídico hace a la administración. La explicación de la existencia estas dos aproximaciones a la comprensión de los conceptos jurídicos indeterminados hunde sus raíces en un debate, no por casi ancestral menos vigente, en torno a los propósitos y límitantes del razonamiento jurídico, o lo que es igual, a la operatividad en el mismo de la idea o principio de unidad de respuesta correcta, a si frente a todos los problemas jurídicos cualquier operador está -o debería estar- en condiciones de encontrar la única solución jurídicamente admisible para cada caso concreto. Como la composición del sintagma conceptos jurídicos indeterminados lo sugiere, esta categoría indirectamente supone el contraste con la de los conceptos jurídicos determinados, en los que el ámbito de realidad al que se refieren está delimitado ---cuando menos en principio- de una manera precisa e inequívoca (verbigracia, conceptos como los de mayoría de edad, la edad de jubilación o el plazo para interponer un recurso, en fin, los numéricos o que expresan cantidades, que serían los únicos exentos de adolecer de algún grado de indeterminación). Por el contrario, los conceptos indeterminados aluden a una realidad cuyos límites no es posible precisar completamente a través de su solo enunciado (caso de nociones como la de buena fe, buen padre de familia, confianza legítima, entre otras), aunque sí puede afirmarse que intentan delimitar un supuesto o serie de supuestos concretos, que sólo en sede aplicativa serán puntualmente precisados. (…) Hecha esta descripción, procede aludir a las posturas doctrinales para las cuales la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados y el ejercicio de facultades discrecionales son cuestiones antagónicas, en la medida en que tratándose de la primera -como ya se explicó líneas atrás al presentar la formulación originaria de la teoría- siempre será posible encontrar la única solución jurídicamente correcta para cada caso, mientras que, en ejercicio de las segundas, el operador jurídico dispone de pluralidad de alternativas o soluciones jurídicamente admisibles. En la jurisprudencia colombiana es la tesis que distingue cualitativamente entre discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados la que, hasta el momento, con mayor profusión y explicitud ha encontrado respaldo. La operatividad del principio o idea de la “unidad de respuesta correcta” en la tarea del operador jurídico -administrativo o judicial- debe entenderse, apenas -aunque ello no es, en absoluto, irrelevante- como una aspiración -o “idea regulativa”, en la terminología acuñada por Alexy-, más no como un postulado de imperativa -o mejor, de posible- observancia, ni mucho menos como un dogma incuestionable, que es lo que resultaría menester concluir para que fuese posible distinguir radicalmente la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados -que, supuestamente, posibilitarían encontrar siempre esa “única solución correcta”- ,del ejercicio de facultades discrecionales. La comprensión de los conceptos jurídicos indeterminados que, a juicio de la Sala, se acompasa con el relativismo axiológico moderado que imponen el principio del pluralismo y el propio principio democrático, es la que establece entre aquéllos y la discrecionalidad administrativa, una diferencia apenas gradual, no cualitativa o radical, en la medida en que, según las circunstancias del caso concreto, tales conceptos indeterminados pueden constituirse en fuente de discrecionalidad administrativa, de la manera que se explicará a continuación que es como debería entenderse la facultad discrecional. Naturalmente, ello no ocurrirá en aquellos supuestos en los que el concepto jurídico indeterminado provea al operador jurídico -administrativo o judicial- de suficientes elementos de juicio como para poder tener por acreditado que el caso se encuadra, sin lugar a dudas, en alguna de las zonas de certeza del concepto -positiva o negativa, con lo cual, el concepto claramente se aplica o se inaplica. Pero sí es lo que sucede en los casos dudosos, penumbrales, o neutros, los que caen en la zona o halo de incertidumbre del concepto, en los que una decisión estrictamente lógico-deductiva no es posible, y se hace necesario recurrir a argumentos o elementos de juicio de naturaleza técnica, económica, política, de conveniencia u oportunidad, etcétera -que, como se explicó, pueden ser racionales o razonables, más no concluyentes o definitivos-, con el fin de arribar a la formulación de un criterio objetivo y razonable de decisión, que es, como se verá, lo mismo que cabe esperar que realice el operador jurídico que ejercita una facultad discrecional. Nota de Relatoría: Ver Recuento de doctrina contemporanea sobre la Argumentacion juridica -Corte Constitucional, Sentencia No. C-004/92, Ref: Radicación R.E.-001. Revisión constitucional del Decreto 333 de febrero 24 de 1992 "por el cual se declara el Estado de Emergencia Social." Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. -Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, consejero ponente: Julio César Uribe Acosta. Referencia: 3182. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de junio nueve (9) de mil novecientos noventa y ocho (1998), Consejero Ponente: Juan De Dios Montes Hernandez, Ref: Expediente No. AC-5814. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de octubre primero (1o) de mil novecientos noventa y dos (1.992), Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. Ref.: Expediente No. 6920, Sentencia de junio 20 de 1983. Expediente número 3355. Actor. Marqui Limitada.En el seno de un Estado de Derecho, las decisiones de la Administración, a la que se encomienda la gestión de los intereses generales, no pueden adoptarse por mero capricho o siguiendo el libérrimo arbitrio del decisor de turno. La salvaguarda de esos intereses generales obliga a sus gestores a decidir, por imperativo constitucional, con acatamiento de los principios de objetividad e interdicción de la arbitrariedad -artículo 209 de la Constitución Política. Ello implica que la elección entre las diferentes alternativas que la discrecionalidad comporta debe realizarse atendiendo a criterios objetivos, fijados en sede aplicativa por la autoridad administrativa en cuanto no previstos por la norma (que por tal razón ha dejado abierta la posibilidad de opción entre una o varias consecuencias jurídicas). De ahí que resulte mucho más acorde con la función constitucionalmente encomendada a la administración en un Estado de Derecho, sostener que la discrecionalidad administrativa consiste en habilitación para completar el supuesto de hecho de la norma habilitante. (…) Esta concepción de la discrecionalidad administrativa es, a juicio de la Sala, la que ajusta la figura en cuestión a las exigencias constitucionales en el sentido de que la actuación administrativa debe siempre responder a criterios objetivos (obligación que por supuesto no decae en los casos en los cuales tales criterios no vienen predeterminados por la ley dada la escasa densidad regulativa de la misma), proscribiéndose la adopción de decisiones arbitrarias (artículo 209 de la Constitución Política.
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  • Jurisprudencia
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    ACCION CONTRACTUAL - Expedición de acto administrativo a través del cual se declara desierta una licitación con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 448 de 1998. Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / DEMANDA PRESENTADA EN TERMINO - Cuatro meses siguientes a la expedición del acto. Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Readecuación de la demanda La demanda se impetró a través de la acción de controversias contractuales, aun cuando la que correspondía era la de nulidad y restablecimiento del derecho. De acuerdo con la construcción jurisprudencial, antes de la entrada en vigencia de la Ley 448 de 1998, el acto administrativo a través del cual se declaraba desierta una licitación se demandaba mediante la acción de nulidad y...
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    NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION DE UN CONTRATO Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Derecho a indemnización cuando el oferente considera que su propuesta debió ser escogida. Condiciones / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION DE UN CONTRATO Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Deber de desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo y demostrar q...
  • Faceta Juridica
  • Licitaciones públicas
    La simple referencia a la selección objetiva no puede tenerse como suficiente para apartarse del pliego de condiciones
Imposibilidad de ofrecer el mismo personal de obra en varias licitaciones simultáneas.
Contratación- Para resolver el siguiente caso, el Consejo de Estado, se cuestiona sobre la posibilidad que tiene una entidad pública, de establecer en los pliegos de condiciones, como causal de rechazo, la imposibilidad de ofrecer el mismo personal de obra en varias licitaciones que desarrolla de manera simultánea, cuando con ello se supera el tope mínimo de dedicación. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
13 Jun 2017
Los pliegos de condiciones deben contener los sistemas de calificación de todos los componentes de una licitación.
Contratación- En las consideraciones que realizo el Consejo de Estado para resolver el caso se planteó resolver la potestad que tiene una entidad estatal de expedir un pliego de condiciones en el que no se estipulen los sistemas de calificación para todos los componentes de una licitación, sin vulnerar el principio de selección objetiva. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
30 May 2017
Los pliegos de condiciones deben establecer el proceso a seguir en caso de empate.
Contratación- Para dirimir el conflicto, el Consejo de Estado, estudia la facultad que tiene una entidad estatal de adjudicar un contrato cuando existe empate en la licitación, y el pliego de condiciones no estipula los procedimientos de desempate, sin incurrir en falsa motivación. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
12 May 2017
Suspensión de los efectos de los criterios de evaluación en el pliego de licitación pública por parte del Juez Contencioso Administrativo
Contratación- El Consejo de Estado se planteó si podía un juez de lo contencioso administrativo, en sede cautelar, suspender los efectos del apartado que describe los criterios de evaluación en el pliego de condiciones de una licitación pública, si dicho apartado es aparentemente contrario al ordenamiento jurídico, en este caso, al numeral 3° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
29 Sep 2016
Desestimación de propuesta de un oferente por no discriminación del impuesto de guerra
Administrativo- El Consejo de Estado estudió si una entidad pública, al elaborar su pliego de condiciones, podía dejar de incluir de manera clara y diferenciada, de los demás criterios de calificación, el impuesto de guerra. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
1 Mar 2016
Es ineficaz la estipulación del pliego de condiciones que justifica en la inconveniencia el rechazo y la declaratoria de desierta de un proceso de selección
Administrativo- El Consejo de Estado estudió si un municipio podía incluir en el pliego de condiciones una disposición según la cual procederá a rechazar y declarar desierto el proceso de selección cuando a juicio de la administración las diferentes propuestas se consideren inconvenientes para el municipio. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
5 Feb 2016
Retiro del pliego de peticiones
Laboral- Los sindicatos en ejercicio de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva pueden retirar el pliego de condiciones antes de que se resuelva completamente el conflicto colectivo de trabajo, pues no existe norma que prohíba dicha conducta, ello no implica que en cualquier momento puedan volver a presentar uno nuevo, sin respetar los términos de vigencia y prórrogas de la convención colectiva de trabajo o del laudo arbitral vigente. Ver Sentencia- Consejo de Estado
4 Dec 2015
Una entidad puede declarar la ineficacia de una estipulación prevista en el pliego de condiciones que vaya en contra de lo previsto en la ley y la constitución política.
Administrativo- El Consejo de Estado estudió si una entidad podía declarar la ineficacia de una estipulación prevista en el pliego de condiciones que excluye a los proponentes que desarrollaran actividades comerciales similares, conexas o complementarias a la explotación de juegos de apuestas para participar del proceso de selección. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
24 Nov 2015
Una entidad no puede tener en cuenta como único criterio de escogencia el precio de la oferta, apartándose de los demás criterios establecidos en el pliego de condiciones
Contratación- El Consejo de Estado estudió si una entidad pública podía adjudicar un contrato objeto de una licitación pública a una sociedad que obtuvo el menor puntaje, teniendo en cuenta como único criterio de escogencia el precio de la oferta, cuando el comité de evaluación de la entidad le recomendó al director ejecutivo adjudicar el contrato a la sociedad que obtuvo la calificación más alta y cumplía con la mayoría de criterios exigidos en el pliego de condiciones, sin violar el deber de selección objetiva. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
20 Nov 2015
La concurrencia de un solo proponente no es motivo suficiente para declarar desierto el proceso licitatorio
Administrativo- El Consejo de Estado estudió si una entidad podía declarar desierta una licitación, para la explotación indirecta de varios yacimientos, por cuanto no se presentaron por lo menos dos proponentes hábiles, tal como se exigía en el pliego de condiciones, sin violar el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que sólo puede declararse desierta la licitación por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
30 Oct 2015
Inaplicabilidad de los principio de favorabilidad y de interpretación restrictiva en materia contractual cuando se establecen criterios para evaluar la propuesta
Público- El consejo de estado estudió si una entidad pública debía aplicar los principios de favorabilidad y de interpretación restrictiva cuando se presenta una contradicción en el pliego de condiciones entre el título de una norma y el contenido de la misma, en la que se establece un criterio para evaluar el tiempo de experiencia y cumplimiento por parte del contratista. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
1 Sep 2015
Requisitos fundamentales del pliego de condiciones
Contratación- La administración debe especificar en el pliego el objeto del contrato: Debe detallarse en forma puntual, clara, y completa, de modo que permita a los interesados en el proceso de selección conocer “qué es lo que la administración quiere y como lo quiere”. Ver Sentencia - Consejo de Estado
16 Feb 2015
La exclusión de una oferta del correspondiente procedimiento administrativo de selección contractual, sólo puede adoptarse o decidirse de manera válida por parte de la respectiva entidad estatal contratante
Administrativo- se debe configurar i) cuando el respectivo proponente se encuentre incurso causales de inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la ley; ii) cuando el respectivo proponente no cumple con alguno(s) de los requisitos habilitantes establecidos, con arreglo a la ley, en el pliego de condiciones; iii) cuando se verifique “la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente”; iv) cuando la conducta del oferente o su propuesta resultan abiertamente contrarias a Principios o normas imperativas de jerarquía constitucional o legal. Ver Sentencia - Consejo de Estado
31 Oct 2014
Pliego de condiciones en la contratación estatal
Administrativo - Se revoca la sentencia de primera instancia y se declarará la nulidad absoluta del contrato DRC-21 del 5 de abril de 1999 suscrito entre INVÍAS y COOTRAMVICA, no habrá lugar a ordenar las restituciones mutuas, si se considera que, en los contratos de ejecución sucesiva no es posible volver las cosas al estado anterior, ni se puede deshacer lo ejecutado por una de las partes, tal y como ocurre en los contratos de obra pública. Ver Sentencia - Consejo de Estado
13 Ago 2014
Sección Tercera del Consejo de Estado
Existe responsabilidad extracontractual o patrimonial del Estado cuando se incumple el pliego de condiciones Ver Sentencia/2013
12 Jun 2013
«pliego de condiciones» en el mundo