Concurso de méritos - Colombia

Sentencia nº 11001-03-06-000-2015-00125-00 (2261) de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 3 de Agosto de 2015 Mejor documento

ELECCION DE PERSONEROS - Evolución normativa / PERSONERO MUNICIPAL - Es elegido por el concejo municipal mediante concurso de méritos / CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCION DE PERSONERO REGULADO POR LEY 1551 DE 2012 - Compatibilidad constitucional del concurso con la facultad de los concejos municipales para elegir personero
La Constitución no sujeta la elección de personeros a un procedimiento especial; sin embargo eso no obsta para que el legislador determine, dentro del ámbito de configuración normativa que le es propio (artículo 150 C.P.), las condiciones dentro de las cuales se debe desarrollar esa potestad. En este sentido el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 desarrolla la potestad constitucional de los concejos municipales, en el sentido de establecer un periodo trienal para los personeros y fijar las fechas para su elección y posesión. (…) En un primer momento la Ley 1031 de 2006 modificó el citado artículo 170 de la Ley 136 de 1994, pero solamente para aumentar el periodo de los personeros a cuatro (4) años. En lo demás mantuvo las fechas para su elección y posesión. Hasta aquí el legislador no había establecido un trámite o procedimiento especial para la elección de personeros, de modo que esta se hacía con relativa discrecionalidad por parte de los concejos municipales. Sin embargo, la anterior situación cambia con la expedición de la Ley 1551 de 2102, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, en particular porque se establece que la elección de personeros debe estar precedida de un concurso público de méritos. (…) Esta disposición fue demandada por dos cargos ante la Corte Constitucional. El primero en relación con la constitucionalidad misma de someter la elección de personeros a un concurso público de méritos: se consideraba por los demandantes que la inclusión de dicho procedimiento comportaba una restricción indebida (inconstitucional) de los espacios de deliberación política y de discusión pública que se surten dentro de los concejos municipales, con lo cual se violaba el principio democrático y la discrecionalidad política que debe regir la elección de personeros. El segundo, respecto de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para adelantar el correspondiente concurso público de méritos, al considerar que se desconocía la autonomía territorial y de los concejos municipales. La Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013 desestimó el primer cargo y accedió al segundo. Con base en lo anterior declaró ajustada a la Constitución la obligación de hacer un concurso público de méritos para la elección de personeros e inexequible la expresión “que realizará la Procuraduría General de la Nación” del inciso primero, así como los incisos 2, 4 y 5 que se referían a las competencias de dicho organismo dentro del referido procedimiento de selección. (…) Resalta entonces la Sala la compatibilidad constitucional del concurso público de méritos con la facultad de elección de personeros de los concejos municipales. Especialmente debe destacarse que la utilización de dicho sistema de selección no afecta los postulados básicos de democracia participativa que inspiran la facultad otorgada a dichas corporaciones públicas, además de que permite concretar otros valores, principios y derechos constitucionales de gran importancia dentro de nuestro sistema jurídico, como los de participación, igualdad, publicidad, transparencia, debido proceso y mérito, entre otros. Así mismo se reduce la discrecionalidad de los concejos municipales al obligárseles a seguir criterios objetivos y de mérito en la elección de los personeros.
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA ELECCION DE PERSONEROS - Directrices que deben seguirse en tales concursos
En este sentido la Corte Constitucional advirtió que el concurso público de méritos para la elección de personeros establecida en la Ley 1551 de 2012 debía seguir las directrices fijadas por la jurisprudencia para ese tipo de procedimientos de selección, en particular: (i) ser abierto a cualquier persona que cumpla los requisitos para ocupar el cargo; (ii) las pruebas de selección deben orientarse a buscar el mejor perfil para el cargo; (iii) la valoración de la experiencia y preparación académica y profesional debe tener relación con las funciones que se van a desempeñar; (iv) la fase de oposición debe responder a criterios objetivos; (v) el mérito debe tener un mayor peso en el concurso que los criterios subjetivos de selección; (vi) debe garantizarse su publicidad; y (vii) para la realización de los concursos pueden suscribirse convenios con entidades públicas especializadas que asesoren a los concejos municipales. Cabe señalar finalmente que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 fue reglamentado mediante el Decreto 2485 de 2014, compilado en el Título 27 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. Esta reglamentación, dictada con base en las directrices jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, establece las etapas para la realización del concurso público de méritos, los mecanismos de publicidad, la conformación de lista de elegibles y la posibilidad de hacer convenios interadministrativos para la realización de estos procedimientos. En síntesis, a partir de la Ley 1551 de 2012 la elección de personeros quedó sujeta a la realización previa de un concurso público de méritos a cargo de los propios concejos municipales, el cual debe desarrollarse con base en dicha ley, en el Decreto 2485 de 2014 y en las directrices fijadas por la jurisprudencia para tales efectos.
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 - No derogó el concurso público de méritos para la elección de personeros / CONCURSO PUBLICO PARA LA ELECCION DE PERSONEROS MUNICIPALES REGULADO EN LA LEY 1551 DE 2012 - No fue derogado ni modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015 / INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE - No se produjo en el caso específico de la Ley 1551 de 2012
Según el organismo consultante la modificación del artículo 126 de la Constitución ha generado el interrogante de si el concurso público de méritos para la elección de los personeros se encuentra dentro de la excepción allí contemplada (“salvo los concursos regulados en la ley”) o, por el contrario, quedó derogado (afectado por el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente), por lo que ahora la elección de personeros necesitaría una “convocatoria pública” y una “nueva ley” que la reglamente. Para responder este interrogante debe recordarse previamente que el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente, el cual “opera cuando concurre una reforma constitucional, cuyos contenidos normativos tienen efectos derogatorios respecto de las disposiciones legales expedidas con anterioridad y que se muestran contrarios a los nuevos preceptos superiores”, exige una oposición real, clara y evidente entre la nueva norma constitucional y los contenidos legales anteriores. De lo contrario, como quiera que las reformas constitucionales no conllevan per se la derogatoria en bloque de la normatividad anterior, opera la presunción de vigencia de la legislación preexistente. También debe tenerse en cuenta que los concursos públicos de méritos tienen fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política, el cual no fue modificado por el acto Legislativo 2 de 2015. De esta manera su uso y regulación por el legislador conserva respaldo constitucional suficiente. Dicho lo anterior, lo primero que puede observarse es que aunque el nuevo texto del artículo 126 de la Constitución parece darle un significado distinto a los términos “concurso público” y “convocatoria pública”, en el fondo ambos persiguen la misma finalidad (la escogencia de las personas más idóneas para el desempeño del cargo) y se sujetan a los mismos principios: publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito, entre otros. Por tanto, de entrada se descarta una oposición directa, abierta y evidente entre el concurso público de méritos de la Ley 1551 de 2012 y lo establecido en el artículo 2º del Acto Legislativo 2 de 2015, y se elimina de plano un posible fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente. Pero incluso, aún si se aceptara que “concurso público” y “convocatoria pública” son términos “sutilmente” diferentes -en ningún caso llegarían a ser abiertamente contrarios o excluyentes-, lo cierto es que el propio numeral 2 del artículo 126 de la Constitución deja a salvo “los concursos regulados por la ley”. Por tanto, la reforma analizada no excluye sino que preserva los concursos públicos de méritos establecidos por el legislador, lo que ratifica la imposibilidad de hablar de un fenómeno derogatorio o de inconstitucionalidad sobreviniente de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. Como se observa, con la adición del artículo 126 de la Constitución Política se establece una regla general para la provisión de cargos públicos por las corporaciones públicas de elección popular (convocatoria pública), que se aplica para los casos en que, a diferencia de lo que sucede con la elección de personeros, no existe una norma legal que ordene la utilización del concurso público de méritos. De este modo la función del nuevo dispositivo normativo no es derogatoria, sino complementaria de lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, por lo que así como no reduce ni elimina la función que el constituyente de 1991 le otorgó al concurso público de méritos, tampoco afecta o deroga las normas legales anteriores que los hubieran desarrollado. (…) La Sala observa entonces que un análisis sistemático de la Constitución Política permite afirmar que la regla general es la utilización del concurso público de méritos para todos los casos en que la propia Constitución o la ley lo establecen expresamente (artículo 125), y que el artículo 126 Superior opera apenas de forma subsidiaria o residual, es decir, para las elecciones de servidores públicos por parte de las corporaciones de elección popular en que no se haya establecido, precisamente, la utilización del concurso público de méritos. De este modo, los artículos 125 (concurso público de méritos) y 126 (convocatoria pública), en lugar de excluirse se integran entre sí para extender la regla de mérito y de selección objetiva a la mayor cantidad de cargos del Estado. Por tanto, sería un contrasentido considerar contrario al artículo 126 de la Constitución, en lugar de complementario de este, un sistema de selección de funcionarios que la propia Carta Política respalda suficientemente (artículo 125). En consecuencia, resulta forzoso concluir que el concurso público de méritos para la elección de personeros establecido en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 no fue derogado o invalidado con el Acto Legislativo 2 de 2015, así como tampoco se ven afectadas las consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 2013 sobre el respaldo constitucional de esa opción legislativa.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA ELECCION DE PERSONEROS - Debe iniciarse por el concejo municipal del año inmediatamente anterior y concluirse por el siguiente concejo municipal / CONCURSO PUBLICO DE MERITOS - Componentes objetivo y subjetivo / CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA ELECCION DE PERSONEROS - El Concejo Municipal del año anterior debe adelantar el componente objetivo del concurso, mientras que el componente subjetivo será atribución exclusiva del nuevo concejo municipal
Establecida la vigencia del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 se debe determinar ahora si el concurso público de méritos para la elección de personeros puede ser iniciado por el actual concejo municipal y finalizado por el que se posesiona el próximo 1 de enero, con el fin de que este último pueda hacer la elección dentro del plazo que establece la ley. Al respecto, cabe recordar lo que sobre el particular dispone la primera parte del artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 (…). Este artículo le asigna a los concejos municipales que inician su periodo (no a los salientes) la función de elegir a los personeros, los cuales tienen también un periodo institucional de cuatro (4) años. Se encuentra asimismo que el ejercicio de dicha función está sujeto, como ya se estudió, a un procedimiento previo y objetivo de selección (concurso público de méritos), aun cuando en este caso la ley no indica que dicho concurso deba ser adelantado necesariamente y en su integridad por los nuevos concejos municipales. Igualmente se puede ver que la competencia de los concejos municipales gira alrededor de tres (3) fechas distintas, pero concatenadas entre sí: (i) la de la elección de los personeros (dentro de los 10 días del mes de enero de inicio del periodo del concejo municipal); (ii) la de inicio del periodo de los personeros (1 de marzo siguiente a la elección); y (iii) la de terminación del periodo de dichos funcionarios (último día del mes de febrero del cuarto año de ejercicio). En consecuencia, el retraso en la elección de los personeros conllevaría el incumplimiento mismo de los términos previstos en la ley y también una reducción injustificada del periodo de dichos servidores. (…) De este modo, si existe una manera de hacer compatible la realización del concurso público de méritos con las fechas y plazos establecidos por el legislador para la elección de personeros, tal opción resulta constitucional y legalmente imperativa por sobre cualquier otra alternativa que lo dificulte o impida. Además, no podría interpretarse que la ley (la que se analiza o cualquier otra) habilita, promueve o consiente su propia inaplicación o incumplimiento. En este contexto cobra fuerza la interpretación sugerida por el organismo consultante en el sentido de que el concurso público de méritos para la elección de personeros sea iniciado por los actuales concejos municipales y terminado por los que se posesionarán el año próximo, tal como lo señaló expresamente la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 2013, al referirse a la necesidad de cumplir “seria y responsablemente” con los plazos fijados por el legislador para la elección de personeros: “Adicionalmente, como según el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 los personeros son elegidos “para períodos institucionales de cuatro años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su período constitucional”¸ resulta forzoso concluir que el concurso debe efectuarse antes de que inicie el período constitucional de los concejos, dado que por su complejidad no podrían ser concluidos seria y responsablemente en tan solo diez (10) días. Este hecho promueve la independencia de los órganos en la conducción del procedimiento.” Así pues, resulta jurídicamente posible (imperativo en este caso) que los actuales concejos municipales convoquen y adelanten el concurso público de méritos de que trata el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, de modo que los concejos que se posesionan el 1º de enero siguiente lo finalicen y puedan elegir a los personeros dentro del plazo que les concede la ley para ese efecto. (…) Como ocurre con la generalidad de los concursos públicos de méritos, el procedimiento para la elección de personeros aquí descrito tiene (i) un componente objetivo (de mayor peso dentro del concurso) que incluye la convocatoria y el reclutamiento de la mayor cantidad de personas habilitadas para ejercer el cargo, la evaluación de su preparación académica y experiencia, y la realización de las pruebas de conocimiento y aptitudes; y (ii) un componente subjetivo (de menor peso relativo dentro del concurso) que envuelve mecanismos como la entrevista y permite un grado de valoración personal e intangible de los candidatos. (…) Visto lo anterior, la Sala considera que los actuales concejos municipales podrían llevar a cabo las fases de convocatoria y de reclutamiento, así como las pruebas de conocimientos, competencias laborales y de valoración de estudios y de experiencia, que son objetivas y no se ven afectadas porque las realice la corporación saliente o la entrante; por su parte, los concejos municipales que inician periodo el 1 de enero del próximo año deberán tener reservados para ellos el componente subjetivo (entrevista) y la elección como tal, de manera que se respete la competencia que les asigna la ley. Finalmente cabe recordar, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 2013 y lo establece el Decreto 2485 de 2014 compilado en el Título 27 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, que los concejos municipales pueden de manera conjunta apoyarse en entidades públicas especializadas que les brinden asesoría y acompañamiento en el desarrollo de la función que les ha sido encomendada, de manera que los concursos se adelanten siguiendo principios de eficiencia, igualdad y economía.
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  • El desarrollo del proceso de contratación
    Procedimiento precontractual - 1.1. La licitación - 1.2. Contratación directa - 1.3. La selección abreviada - 1.4. Concurso de méritos - 2. El contrato estatal - 2.1. Características fundamentales - 2.2. Perfeccionamiento - 2.3. El marco jurídico de la contratación estatal - 3. La fase de ejecución del contrato - 3.1. Cláusulas exorbitantes - 3.2. La liquidación de los contratos
Procedibilidad de la acción de tutela en los casos de concursos de méritos
Administrativo- La acción de tutela resulta procedente contra actos administrativos que se profieran en marco de un concurso de méritos, cuando: (i) cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto, y por el otro, (ii) cuando a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta ineficaz para conjurar la violación del derecho fundamental invocado. Ver Sentencia- Corte Constitucional
14 Mar 2017
Estabilidad laboral reforzada a servidores del Estado en provisionalidad en cargos de carrera administrativas
Laboral- El proyecto de ley reconoce la protección especial de estabilidad laboral reforzada a servidores del Estado en provisionalidad en cargos de carrera administrativas y que se hallan en estado de debilidad manifiesta por la provisión de dichos empleos, mediante concurso de mérito, cuando se encuentren en situación de prepensionados. Ver Concepto jurídico al proyecto de ley- Senado de la República
27 Oct 2016
Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera administrativa
Público- Se emite instrucción en relación con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en materia de carrera administrativa-concurso de méritos. Ver Circular- Comisión Nacional del Servicio Civil
30 Sep 2016
El oferente no favorecido de un concurso de méritos no puede demandar la nulidad y restablecimiento del derecho después de celebrar el contrato
Administrativo- El Consejo de Estado estudió si el oferente no favorecido de un concurso de méritos podía demandar la nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto de adjudicación del contrato, después de que la entidad pública y el oferente favorecido celebraron el contrato. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
7 Jun 2016
Procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos que reglamentan un concurso de méritos
Procesal- En desarrollo el concurso de méritos es la acción de tutela el mecanismo eficaz en aras de garantizar una eventual protección inmediata de derechos fundamentales de quienes consideren que durante su trámite se les han desconocido. Ver Sentencia- Consejo Superior de la Judicatura
2 Jun 2016
Una entidad pública en un concurso de méritos puede calificar con baja puntuación a un consorcio debido a que allega certificados expedidos en el exterior que no cumplen con los presupuestos de validez
Administrativo- El Consejo de Estado estudió si una entidad pública en un concurso de méritos, podía restarle 90 puntos en la calificación a un consorcio que allega certificados de conformidad de los bienes y servicios expedidos en el exterior, con base en que el certificado no tenía memorando de entendimiento con el ICONTEC. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
1 Jun 2016
Una entidad pública que ha adjudicado un contrato de auditoria mediante concurso de méritos, no debe anular dicho acto e indemnizar los perjuicios a un proponente cuya oferta no resultó favorecida, pero que alega tener un mejor derecho en razón a ser la mejor propuesta con fundamento en un dictamen pericial
Contratación- El Consejo de Estado estudió si una entidad pública que ha adjudicado un contrato de auditoria mediante concurso de méritos, debía anular dicho acto e indemnizar los perjuicios a un proponente cuya oferta no resultó favorecida, pero que alega tener un mejor derecho en razón a ser la mejor propuesta con fundamento en un dictamen pericial. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
13 May 2016
Proceso con Datasoft Ingeniería Ltda se ajustó a la ley
Púbico- El Viceministro de Transporte defendió la adjudicación a una empresa de Manizales para que realizara el cálculo de la tabla de avalúo de los vehículos en el país, señalo que el proceso se ajustó a la ley de contratación pública y como era de consultoría se debió hacer bajo la figura de concurso abierto de méritos. Ver Noticia- El Tiempo
4 Feb 2016
Concurso de méritos.
Público- Quien ocupa el cargo, es quien obtiene la puntuación más alta, las condiciones que han de concurrir en los aspirantes se debe fijar de forma precisa y concreta, donde se establecen las pautas o procedimientos del concurso. Ver Sentencia - Consejo de Estado
18 Feb 2015
Invariabilidad del concurso de méritos.
Público- La Corte Constitucional en reiteradas sentencias establece, la convocatoria es la norma reguladora de todo concurso que obliga a la Administración, a las entidades contratadas para efectuarlo y a los concursantes. Ver Sentencia - Consejo de Estado
15 Ene 2015
Regulación del concurso de méritos
Laboral- El Consejo en cumplimiento de la función de administrar la carrera notarial, expidió el acto general que reguló el concurso de méritos, esto es, el Acuerdo No. 001 de 2006 y los actos subsiguientes que desarrollaron la convocatoria reconocida. Ver Sentencia - Consejo de Estado
15 Dec 2014
Derechos de los servidores en condición especial de vulnerabilidad que ocupan cargos en provisionalidad y el derecho de los aspirantes a ser nombrados en esos mismos cargos
Laboral - La Fiscalía General de la Nación ha debido prever mecanismos para garantizar que las personas en las condiciones de vulnerabilidad, fueran las últimas en ser desvinculadas, porque si bien una cualquiera de las situaciones descritas no otorga un derecho indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de méritos. Ver Sentencia - Consejo de Estado
4 Sep 2014
La lista de elegibles no se podrá conformar para proveer cargos no convocados
Laboral - La terminación del nombramiento provisional de la demandante, tuvo como objeto nombrar en periodo de prueba a un integrante de la lista en un cargo que no fue sometido al concurso de méritos mediante la Convocatoria 004 de 2007; lo que configura la violación de las normas que rigen el concurso y conlleva la nulidad del acto. Ver Sentencia - Consejo de Estado
28 Jul 2014
Acción constitucional de tutela no se crea para controvertir actos administrativos que reglamenten los concursos de mérito.
Demandado decidió impugnar la decisión que niega el amparo de la acción de tutela que presentó en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ver Sentencia - Consejo de Estado
11 Jun 2014
Sección Primera del Consejo de Estado
Acción de Tutela. En los concursos de méritos la vulneración de derechos respecto de las pruebas, se materializa hasta el momento que son publicados los resultados de las mismas. Ver Sentencia
12 Nov 2013
«concurso de meritos» en el mundo