Caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico - España

Caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial Mejor documento

Práctico Tráfico y Seguridad Vial

La caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico es un supuesto de terminación del procedimiento e indica el máximo espacio de tiempo que puede transcurrir desde que se inicia el procedimiento hasta que se dicta la resolución sancionadora.

  • 1 Concepto de Caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial
  • 2 Caducidad del procedimiento sancionador en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial
    • 2.1 Plazo de caducidad en el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial
    • 2.2 Cómputo del plazo de caducidad en el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial
    • 2.3 Interrupción del plazo de caducidad en el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial
  • 3 Ver también
  • 4 Recursos adicionales
    • 4.1 En formularios
  • 5 Legislación básica
  • 6 Legislación citada
  • 7 Jurisprudencia citada
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  • Contratos y Formularios
  • Caducidad del procedimiento
    Transcurrido el tiempo determinado legal o reglamentariamente desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.
  • Resolución de caducidad por paralización del procedimiento imputable al interesado y resolución de caducidad de procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen
    La resolución de caducidad por paralización del procedimiento imputable al interesado es la resolución que adopta el órgano administrativo competetente en aquellos procedimientos iniciados a solicitud del interesado y que por motivos imputables al mismo el procedimiento ha quedado paralizado durante un tiempo superior al establecido legalmente, llegándose en este caso al archivo del expediente y a su notificación al interesado. La resolución de caducidad de procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen es la resolución que adopta el órgano administrativo competente en aquellos procedimientos que se han iniciado de oficio y en los cuales no se ha dictado resolución expresa en el plazo máximo para resolver y notificar. Esta resolución sólo...
  • Legislación
  • Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
  • Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)
  • Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero)
  • Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • Jurisprudencia
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 12 de Junio de 2003
    SANCIONES ADMINISTRATIVAS. CADUCIDAD DE LAS ACTUACIONES. La caducidad de un expediente sancionador, no produce por si sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, asi como que los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. En primera instancia se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Diana contra la Resolución dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Nerja, que impone a la recurrente una sanción pecuniaria de 39.204 pesetas, y se anula dicho acto administrativo impugnado, por no ser conforme a Derecho dejando sin efecto la mencionada sanción; con costas al Ayuntamiento demandado. Se estima el recurso de casación interpuesto, fijándose aquí la siguiente doctrina legal: "La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, artículo 44.2 de la Ley 30/92, no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siendoles plenamente aplicable el artículo 92.3 de la misma Ley". Sin costas.
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 15 de Noviembre de 2000
    ACTO ADMINISTRATIVO. SEGURIDAD VIAL. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. MULTAS DE TRÁFICO. PLAZOS. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO. Es perfectamente admisible que iniciado un expediente sancionador contra quien aparece como titular de un vehículo, en su calidad de posible responsable de una infracción de circulación viaria, en el curso de ese mismo expediente se logre la identificación de este último, pasando a entenderse las diligencias correspondientes con el nuevo sujeto pasivo. Indudablemente la iniciación del plazo de caducidad a que se refiere el artículo 16 del R.D. de 25 de febrero de 1.994, para este segundo sujeto, no podrá computarse sino a partir del momento en que con él se entiendan formalmente las actuaciones correspondientes. Lo que no puede considerarse admisible es que, iniciado un expediente contra determinada persona por suponérsela autora de una infracción en materia de circulación según el procedimiento establecido en los artículos 11 y 12, se pretenda deferir el "dies a quo" del plazo de caducidad fijado en el artículo 16 del R.D, con respecto a ese mismo sujeto, hasta que concluyan las diligencias que pudieran practicarse en el expediente para determinar la identidad del autor real de la misma. Se estima la casación.
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 3 de Junio de 2008
    RECURSO DE CASACION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AFECTACION AL INTERES GENERAL. Si bien tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal estiman que no se ha acreditado que la resolución impugnada resulte gravemente dañosa para el interés general, esta Sala si que estima que concurre tal presupuesto, pues aunque ciertamente la parte recurrente no haya sido muy explícita, es lo cierto, que ha referido que la doctrina es gravemente dañosa para el interés general por contravenir la aplicación de las normas que prescribe el Código Civil y reducir contra lege el plazo de caducidad establecido para los procedimientos sancionadores en materia de trafico circulación de vehículos y seguridad vial, y esas circunstancias, abonadas tanto por la evidente, cierta y adecuada preocupación que en materia de circulación de vehículos y de sus consecuencias existe, como por el hecho de que para esa materia tengan atribuida la competencia los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, que es el órgano jurisdiccional que dictó la resolución aquí impugnada, conducen a estimar que la doctrina que desconoce la normativa aplicable en materia de trafico y reduce los plazos de caducidad establecidos al respecto puede producir un grave daño al interés general, pues el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción refiere ese daño grave para el futuro y dadas las condiciones y circunstancia que concurren está fuera de duda esa posibilidad de grave perjuicio para el interés general. Se estima el recurso contencioso administrativo. Se estima la casación.
  • Libros y Revistas
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  • Procedimiento administrativo y protección social. Algunas perturbaciones recíprocas: recargo de prestaciones y declaración de la incapacidad permanente, caducidad y prescripción.
    Procedimiento administrativo y prestaciones de la Seguridad Social. 2. Los problemas administrativos del recargo de prestaciones. 2.1. Algunas cuestiones previas: la competencia del INSS y la regulación del procedimiento. 2.1.1. La competencia administrativa para el reconocimiento del recargo: ausencia de base legal y posible violación del art. 117.3 CE. 2.1.2. La regulación del procedimiento administrativo de reconocimiento del recargo. Fragmentación e insufi ciencias. 2.2. La suspensión del procedimiento de reconocimiento del recargo por el procedimiento administrativo sancionador y el proceso penal. 2.3. El revés del problema: la caducidad del procedimiento y la prescripción del derecho al recargo. 2.3.1. Decisión tardía sobre el reconocimiento del recargo y caducidad del procedim...
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