Bienes de la administración local - España

Bienes de la Administración Local Mejor documento

Práctico Administrativo

El art. 132.1 de la Constitución Española (CE) establece un mandato al legislador para regular el régimen jurídico de los bienes de dominio público, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Según el apartado segundo del precepto son bienes de dominio público «los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental».

  • 1 Introducción
  • 2 Patrimonio ( art. 79, LRBRL )
  • 3 Bienes de uso público
  • 4 Bienes patrimoniales ( art. 75, LRBRL )
  • 5 Modificaciones ( art. 81 )
  • 6 Prerrogativas ( art. 82, LRBRL )
  • 7 Montes ( art. 83, LRBRL )
  • 8 Recursos adicionales
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
Texto Completo Descargar
  • Legislación
  • Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre)
  • Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril)
  • Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)
  • Jurisprudencia
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 8 de Julio de 1987
    DOMINIO PÚBLICO. BIENES MUNICIPALES. USO DEL SUBSUELO. CONCESIÓN O LICENCIA. CLÁUSULAS DE PRECARIEDAD. El uso común especial de que habla la norma, es común solo convencionalmente, es podríamos decir común... pero menos. En realidad este uso común especial es un grupo o modalidad autónoma que está muy cerca del uso privativo pero que no se identifica con él. Y es que ya no es libre o público sino que, por la especial intensidad en el caso (peligrosidad, etc., en otros, y quizá también en éste) exige de una intervención administrativa concretada en el acto de licencia. Y que es normal, el uso de que aquí se trata, no parece que exija mayor razonamiento, pues no desvirtúa ni altera el destino del subsuelo. Por lo que respecta a la precariedad debe añadirse que tampoco es pacífico que una concesión no pueda contener cláusula de precariedad y nuestra práctica administrativa ofrece más de un ejemplo de concesiones en precario. Se desestima la apelación.
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 18 de Diciembre de 2013
    DESLINDE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. DETERMINACIÓN. La Disposición Transitoria Tercera 3 de la Ley de Costas, contempla dos supuestos distintos para la consideración del suelo como urbano: la expresa clasificación en el instrumento de planeamiento o bien que se hubiera producido el expreso reconocimiento de tal carácter por la Administración urbanística competente con independencia de lo establecido en el instrumento de planeamiento.
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 18 de Febrero de 2014
    BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. DESLINDE. En cuanto a la pretendida arbitrariedad derivada de la falta de motivación de la sentencia recurrida, con vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, tampoco merece mayores comentarios porque de la lectura de la sentencia se desprende, con toda claridad y evidencia, la razón de la decisión, minuciosamente explicada en todos y cada uno de los fundamentos jurídicos de la misma. El dato de haberse estimado el recurso contencioso-administrativo en cuanto a determinados vértices del deslinde impugnado y no respecto de otros no supone incongruencia interna de la sentencia, al haberse explicado las causas y circunstancias por las que así se ha resuelto, como se deduce de la lectura del fundamento jurídico séptimo de la sentencia y su contraste o comparación con lo expresado en los anteriores, concretamente del cuarto al sexto inclusive. Se desestima la casación.
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 4 de Febrero de 2014
    DESLINDE DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. No hay razón para que, una vez conocida la existencia del deslinde, dejase transcurrir siete años para impugnar un deslinde que había sido determinante de la orden de demolición de su vivienda por mucho que no fuese conocedora de los concretos pormenores de la fijación, provisional y definitiva, de la línea de ese deslinde, al que no había sido convocada porque no aparecía como titular de predio alguno afectado por el mismo al recabarse del Catastro los titulares de terrenos ni el Registrador de la Propiedad comunicó a la Administración de Costas dicha titularidad, lo que hemos de admitir que constituyó un defecto formal, que, no obstante, según establece el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, no puede ser determinante de la anulación del acto aprobatorio del deslinde, al no apreciarse indefensión material alguna, ya que, desde siete años antes de ejercitar esta acción en sede jurisdiccional, era conocedora de la existencia del deslinde, a pesar de lo cual optó por seguir un proceso exclusivamente frente a la decisión de demoler su vivienda por encontrarse situada en la zona de servidumbre de protección en lugar de impugnar al mismo tiempo el deslinde determinante de tal demolición, razones todas por las que el único motivo de casación que se invoca no puede prosperar. Se desestima la casación.
  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 12 de Febrero de 2014
    BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. DESLINDE. El defecto de valoración de las pruebas documentales adjuntadas a la demanda y al escrito presentado por la demandante con fecha 30 de noviembre de 2009, así como de aquéllos documentos que se citan obrantes en el expediente administrativo, nos impone el deber de proceder nosotros a valorar esos documentos para llegar a la conclusión relativa a la clasificación del suelo deslindado, que la Administración recurrente sostiene que es urbano basándose precisamente en dichos documentos. De la valoración de la prueba documental, aportada y designada por la representación procesal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, no se deduce que los terrenos ubicados entre las mojones 39 a 56, salvo el suelo comprendido entre los vértices 47 a 49, ya considerado urbano por la Sala de instancia a efectos de la fijación de la servidumbre de protección en veinte metros medidos tierra adentro desde la ribera del mar, fuesen urbanos al tiempo de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Se estima la casación.
  • Contratos y Formularios
  • Escritura en la que un Ayuntamiento vende un bien inmueble mediante subasta
    Modelo de venta de un bien patrimonial de un Ayuntamiento. Las adquisiciones y enajenaciones de bienes municipales. Normativa estatal y autonómica. Subasta o concurso. Temas del IVA. Límites en la calificación del Registrador.
  • Escritura de adquisición directa de bienes por un Ayuntamiento
    Modelo de adquisición por un Ayuntamiento de un bien patrimonial: compra o permuta. Normativa estatal y autonómica. Tema del IVA.
  • Permuta de bienes de un Ayuntamiento
    Modelo de Permuta por un Ayuntamiento de un bien patrimonial. Normativa estatal y autonómica.
  • Escritura en la que un Ayuntamiento adquiere un bien inmueble por el procedimiento de concurso
    Modelo de adquisición por un Ayuntamiento de un bien patrimonial por concurso
  • Escritura en la que un Ayuntamiento vende directamente un inmueble
    Modelo de venta directa, sin subasta, de un bien patrimonial de un Ayuntamiento.
  • Libros y Revistas
  • El planeamiento urbanístico como instrumento para el desarrollo sostenible
  • La teoría general del dominio público
«bienes de la administracion local» en el mundo